Los rectores reclaman a Yolanda Díaz que pacte con las empresas el abono de los gastos de los becarios

El Estatuto del Becario, un acuerdo del Ministerio de Trabajo y de los sindicatos que aún no aplica por el rechazo de la parte socialista del Gobierno, no afirma que serán las universidades quienes compensen a los estudiantes los gastos de transporte y comida que lleva aparejada una beca no remunerada. Pero estas “temen” terminar asumiendo ese coste por la negativa de los empresarios, ...

El Estatuto del Becario, un acuerdo del Ministerio de Trabajo y de los sindicatos que aún no aplica por el rechazo de la parte socialista del Gobierno, no afirma que serán las universidades quienes compensen a los estudiantes los gastos de transporte y comida que lleva aparejada una beca no remunerada. Pero estas “temen” terminar asumiendo ese coste por la negativa de los empresarios, como ya ocurre con el desembolso en Seguridad Social (unos 10 euros al mes, al estar bonificado al 95%), a pesar de que la idea original era que pagara la compañía que recibe al estudiante. Para salir de dudas, la presidenta de la conferencia de rectores (CRUE), Eva Alcón, envió una carta el pasado miércoles a la vicepresidenta segunda y responsable de Trabajo, Yolanda Díaz, a la que ha accedido este diario. “Nos preocupa que las empresas, las entidades del tercer sector y las diferentes instituciones del sector público se nieguen a compensar tales gastos”, se afirma en la misiva, por lo que CRUE reclama “un acuerdo con el sector empresarial en virtud del cual se comprometan explícitamente a compensarlos”. Trabajo considera “muy positivo” el “apoyo” de CRUE a la compensación de gastos y no entra a valorar las dudas de los rectores sobre quién asumirá el coste.

Los rectores recuerdan a Díaz que más del 40% de las prácticas de Formación Profesional y universitarias se hacen en centros sanitarios, colegios, institutos y otras entidades del sector publico, por lo que habrá que reservar una partida estatal para esta compensación económica. La sanidad y la enseñanza están transferidas a las comunidades autónomas. “Por lo que resulta igualmente necesario [como con las empresas] que se garantice con carácter previo la financiación pública indispensable para poder cumplir con estas nuevas obligaciones”. De otra manera, señala Alcón, rectora de la Universidad Jaime I de Castellón, “podíamos estar poniendo en serio peligro la continuidad de las prácticas”.

En el curso 2022-2023, 263.500 universitarios estudiaban un grado de ciencias de la salud y 165.000 uno relacionado con la enseñanza, según los datos oficiales. En ambos casos siempre llevan aparejadas prácticas. En otras áreas no son obligatorias. Ese curso 451.145 alumnos de FP acudieron a formarse a centros de trabajo: 41.307 en Grado Básico, 182.238 en Grado Medio, 226.277 en Grado Superior y 1.323 en los cursos de especialización.

Para “despejar las dudas razonables” que “asaltan a las universidades”, Alcón propone a Díaz estimar entre todos los actores implicados “un cálculo real del coste económico de estas medidas” y que se “garantice” que tanto las empresas como la Administración van a cumplir sus obligaciones cuando entre en vigor la Ley de las personas en formación prácticas no laboral en el ámbito de la empresa.

Desde el departamento de Díaz consideran que la carta de CRUE respalda la compensación de gastos, entre otras medidas: “Trabajo considera muy positivo el apoyo de la CRUE a un cambio normativo que va a proteger los derechos de las personas en prácticas no laborales, incluso en los que se refieren a la compensación de gastos, el acceso a los mismos servicios de las personas trabajadoras o el cuidado por enfermedad además de las garantías en la tutela formativa”. A la vez, no entran a valorar las dudas de los rectores sobre quién financiará esa compensación. “Es un apoyo expreso que seguro contribuirá al éxito de un estatuto largamente anhelado y prioritario para el ministerio”, añade Trabajo.

Pacto incumplido

El Estatuto del Becario es uno de los acuerdos más extraños del diálogo social: fue firmado en junio de 2023, con el respaldo de los sindicatos y del Ministerio de Trabajo. El mismo día de la presentación, la parte socialista del Gobierno dijo que el texto estaba “verde” y que le faltaba “trabajo técnico”. Nunca antes el mismo Gobierno había criticado un pacto del departamento de Díaz y de los sindicatos en la misma jornada en que se presentaba en sociedad. La norma, que además de contemplar la compensación de gastos (siempre y cuando las prácticas no sean remuneradas) limita las prácticas extracurriculares (el principal foco de precariedad), tampoco recibió el respaldo de la patronal ni de la CRUE.

Poco después se celebraron las elecciones generales, en julio de 2023, la excusa que viene subrayando Trabajo para justificar que el texto no pase por el Consejo de Ministros. Pero hace ya más de un año que Pedro Sánchez volvió a ser investido presidente y la norma sigue sin recibir el respaldo del gabinete. “Ya tenemos hecho el trámite de consulta pública. Haremos los últimos ajustes técnicos sobre el texto que pactamos con los sindicatos, le daremos su tramitación y cumpliremos con el compromiso del Gobierno de coalición y con el acuerdo que tenemos con las organizaciones sindicales”, dijo en una entrevista reciente con este periódico el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey.

Fuentes conocedoras del diálogo al respecto en el seno del Gobierno señalan que aún no hay consenso. Desde el grupo parlamentario socialista indican que las conversaciones prosiguen, sin más concreción, en una línea parecida a la que manifestó Economía en octubre: indicaron que el inicio del trámite parlamentario reactivaba la conversación del Ejecutivo, pero no significaba que se hubiera alcanzado un entendimiento. Pedro Sánchez ha marcado la aprobación del Estatuto del Becario como una de sus prioridades, un compromiso que quedó por escrito en el acuerdo de Gobierno de PSOE y Sumar: “Aprobaremos el estatuto del becario”. Como en tantos otros asuntos laborales pactados por estos partidos (como la reforma de la indemnización por despido), el acuerdo se dio sin concretar el detalle. La letra pequeña mantiene la norma en el limbo.