Ayuso trata de evitar hacer fijos a los 1.091 profesores universitarios en el plan del ministerio contra la temporalidad, y Morant se planta

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso maniobró el jueves porque no quiere comprometerse a estabilizar, es decir, a hacer fijas, las plazas de 1.091 profesores ayudantes doctor en las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid. El pacto que propone la ministra Diana Morant, y que han aceptado las otras 16 comunidades autónomas, es que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades sufrague el 60% de los sueldos y el Ejecutivo regional el 40% ellos durante seis años. Para tratar de eludir la obligación de hacerlos fijos, su consejero de Educación, Emilio Viciana, envió un correo al m...

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso maniobró el jueves porque no quiere comprometerse a estabilizar, es decir, a hacer fijas, las plazas de 1.091 profesores ayudantes doctor en las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid. El pacto que propone la ministra Diana Morant, y que han aceptado las otras 16 comunidades autónomas, es que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades sufrague el 60% de los sueldos y el Ejecutivo regional el 40% ellos durante seis años. Para tratar de eludir la obligación de hacerlos fijos, su consejero de Educación, Emilio Viciana, envió un correo al ministerio, que no está dispuesto a cambiar una coma del programa María Goyri, que cofinancia 5.600 plazas en toda España. Este lunes, en un correo al que ha tenido acceso este diario, el secretario de Estado Juan Cruz Cigudosa contesta a Viciana: “Como sabes, todos los elementos del convenio (consideraciones y compromisos económicos de los firmantes, fechas de compromiso y propuestas de tipo de contratación), así como el texto en todos los términos literales, fueron elaborados y acordados con el resto de las comunidades autónomas. Así mismo, fueron finalmente aprobados con el voto positivo de la Comunidad de Madrid en la Conferencia General de Política Universitaria del pasado 19 de junio de 2024″.

“Desde entonces 16 comunidades autónomas y 44 universidades han ratificado el mismo [convenio] sin ninguna modificación”, prosigue el correo de Cigudosa. “Por tanto, esperamos que la Comunidad de Madrid, en el ejercicio de sus compromisos adquiridos públicamente, apruebe en su órgano de gobierno el convenio en los mismos términos que lo han hecho el resto de las comunidades autónomas”.

Durante semanas, los consejeros del PP trataron de convencer a la ministra Diana Morant de que sufragase el 100% de las plazas y esta se plantó. Quería que los gobiernos autonómicos fuesen “corresponsables” de la tarea de frenar la temporalidad en los campus, que alcanza el 49%, de media. Todas firmaron, pero Madrid empezó a tildar de “convenio trampa” el programa y, para desesperación de los rectores, no incluyeron una partida en los Presupuestos de 2025 para ese fin. Finalmente, el pasado martes rectificaron con unos “peros” que el ministerio en ningún caso va a aceptar. Morant fue contundente.

Aunque oficialmente la fecha límite para recibir la partida de 2024 terminaba con noviembre, el ministerio ―como ha hecho con Castilla y León― está dispuesto a alargar los plazos para que las universidades públicas de Madrid (Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Rey Juan Carlos y Carlos III), asfixiadas económicamente por Ayuso, puedan recibir los fondos pronto. “El proceso debe estar concluido como fecha límite el día 13 de diciembre para ser fiscalizado en esta anualidad de 2024″, cierra el secretario de Estado su correo. Contratar a 435 ayudantes doctor durante seis años le supone a la Comunidad un gasto de 112,3 millones y al ministerio 169,8 millones para los otros 656 docentes.

La Comunidad de Madrid no solo pretende no estabilizar a los 1.091 profesores ayudantes doctor, sino asimismo desea con la partida del ministerio pagar los sueldos de otras figuras docentes, lo que no se contempla en el programa, y decidir el reparto entre universidades (ya ha sido fijado por Universidades en función de su porcentaje de temporalidad). El ministerio pretende que en esos seis años los ayudantes doctor adquieran méritos suficientes para acreditarse como profesores titulares y para ello les permite impartir menos horas de clase, de manera que tengan tiempo de hacer ciencia, puedan pedir proyectos de investigación y tener sus propios becarios.

Cuando Ayuso, tras las quejas de los rectores, se avino a firmar el programa la semana pasada, la Consejería de Educación emitió un comunicado en el que acusaba al ministerio de “imponer” contratar “a una única figura docente, la de profesor ayudante doctor, que según los propios rectores madrileños no soluciona sus problemas de plantilla e incide en esa temporalidad que se pretende evitar”.

Sin embargo, los rectores, en su carta abierta a Ayuso hecha pública el jueves, apremiaban a la comunidad a firmar el programa María Goyri: “La propuesta no ha llegado a buen puerto en la Comunidad de Madrid ―ni se nos ha planteado ninguna otra posible alternativa―, de forma que se nos autorizase ese necesario crecimiento de efectivos y la futura estabilización de sus correspondientes plazas, así como su dotación económica con total garantía de que no acabará recayendo su coste sobre las actuales mermadas subvenciones nominativas con las que apenas se puede pagar ya el 80% de las nóminas del personal de nuestras universidades públicas”.

En su comunicado, el Gobierno de Ayuso aseguraba el martes pasado que este convenio “además puede plantear problemas legales a medio plazo, ya que se obligaría a priorizar la estabilización de esta figura por delante de otras categorías como las de profesor titular de universidad, profesor permanente laboral o cualquier otra de las previstas en el ámbito académico universitario”. Cuando en realidad estas plazas en toda España son extraordinarias, se añaden a las planificadas por los gobiernos autonómicos. Y, además, por cada 10 profesores titulares o catedráticos que se jubilan, las universidades en estos momentos ―con la autorización de su gobierno autonómico― podrían convocar concursos para hasta de 12 plazas fijas, porque la tasa de reposición fijada por el ministerio es del 120%. Durante años, tras la crisis, esta tasa fue casi nula y faltan muchos profesores de las categorías más altas. El grupo Más Madrid no se ha cansado de recordar al Ejecutivo regional en la Asamblea que más de 4.000 profesores de sus universidades cuentan con más de 60 años y, por tanto, habrá que cubrir esas vacantes por lo que el programa del ministerio recorta gastos de la Comunidad.

En las enmiendas a sus Presupuestos, la Comunidad ha incluido el pasado jueves una partida para “imprevistos e insuficiencias”, con fondos por valor de 29,67 millones de euros, destinada a “programa de incorporación de talento docente y financiación por objetivos”. Se presupone, pues, que Ayuso terminará firmando tras el intercambio de misivas.

Enviar el correo resulta un mal trago para Viciana que llegó a escribir en El Debate sobre el “convenio trampa” en junio: “La financiación debida viene con una hipoteca de la capacidad y la autonomía. Mientras, las necesidades reales de cada universidad quedan desatendidas e hipotecadas”. En realidad, las competencias en universidad están transferidas a las comunidades y son ellas las que deciden cuánto financian: Madrid invierte el 0,47% del PIB, la media nacional se acerca al 0,7% y la europea es del 1,2%. Nunca antes el ministerio había cofinanciado el sueldo de profesores universitarios.