Los niños que van a centros de educación especial siguen aumentando: “Se sigue derivando a alumnos contra el criterio de sus padres”

El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU ha dado un varapalo a España por mantener matriculados a miles de alumnos en los centros de educación especial, una práctica que el organismo “deplora” y considera “segregadora”. El comité reconoce en su informe algún avance, como que la actual ley educativa, la Lomloe, establezca que en 10 años la escuela ordinaria debe disponer de los medios necesario...

El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU ha dado un varapalo a España por mantener matriculados a miles de alumnos en los centros de educación especial, una práctica que el organismo “deplora” y considera “segregadora”. El comité reconoce en su informe algún avance, como que la actual ley educativa, la Lomloe, establezca que en 10 años la escuela ordinaria debe disponer de los medios necesarios para atenderlos y cumplir con lo previsto en la convención internacional, es decir, garantizar su inclusión en las aulas ordinarias. Los últimos datos oficiales muestran, sin embargo, que, desde la aprobación de la Lomloe, en el curso 2020-2021, el número de estudiantes en los centros especiales y en las aulas específicas dentro de las escuelas comunes ―rechazadas también por la ONU al considerar que separan a los niños― no se ha reducido, sino que ha aumentado en 2.614, hasta un total de 41.521. Se mantiene así una tendencia que viene de atrás: hace 10 años, el número de estudiantes en esta red escolar paralela era de 33.022, lo que significa que se ha incrementado en 8.499 alumnos.

“Desde la aprobación de la Lomloe, y a pesar de lo que la ONU le dijo a España ya en 2017, no se ha avanzado nada. Los niños que van a centros de educación especial siguen en aumento”, lamenta Mar Álvarez, presidenta de Solcom, una de las entidades que denunciaron la situación que se vive en España ante la ONU, dando origen a la actual investigación por “violaciones graves o sistemáticas de los derechos recogidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, de la que forman parte 190 Estados, entre ellos España. Álvarez tuvo que luchar en su día en los tribunales para que su hijo, que ahora tiene 23 años, pudiera seguir yendo a clase en el colegio público de su pueblo, Cistierna (León), en vez de ser trasladado en régimen de interno a un centro de educación especial situado a 70 kilómetros de su casa cuando tenía siete años.

Dieciséis años después, y a pesar de los cambios legales y las reprimendas del comité de Naciones Unidas ―que en 2017 emitió otro duro informe contra España―, casos como el suyo se siguen repitiendo. “Se sigue derivando a niños, contra el criterio de sus padres, a centros de educación especial. Justo ahora nuestra asociación está asesorando por este motivo a una madre de Valladolid”, afirma Álvarez.

“El informe del comité”, dice Gerardo Echeita, profesor emérito de la Universidad Autónoma de Madrid y experto en inclusión educativa, “es una contundente, clara y rigurosa llamada de atención a las autoridades educativas para que se implemente ya un plan para el cumplimiento del derecho de todos los niños y niñas, sin excepción, a una educación inclusiva de calidad”. El mensaje emitido por el organismo de Naciones Unidas “tiene que llegar a las escuelas y la sociedad civil, para que se puedan ir rehaciendo las culturas que tienen normalizada la segregación de algunos niños y niñas en centros de educación especial y en aulas específicas en los centros ordinarios”, reclama Ignacio Calderón, profesor en la Universidad de Málaga, especializado también en la materia. Una portavoz de la Delegación para los Derechos Humanos de Cermi, la gran plataforma española de asociaciones vinculadas al sector de la discapacidad ―aglutina a cerca de 8.000―, añade: “La ONU vuelve a señalar y a certificar que España está muy lejos de disponer de un sistema educativo inclusivo con las personas con discapacidad. Y que, pese a la condena a nuestro país de 2017 por vulneración sistemática de la Convención de la Discapacidad en este aspecto, apenas se ha hecho nada para avanzar con determinación y mostrando logros tangibles”.

En 2020, el Ministerio de Educación parecía decidido a impulsar un “plan estatal de inclusión educativa” como el que reclama el Cermi y recoge la Lomloe. Un sector de los centros de educación especial, parte de los cuales son privados concertados, así como miles de familiares de alumnos con discapacidad, se movilizaron en contra de dicha posibilidad, especialmente en la Comunidad de Madrid. Y el Gobierno echó el freno. Un portavoz del Ministerio de Educación afirma: “Nuestro objetivo es garantizar plaza en los centros ordinarios para todos los alumnos con necesidades educativas especiales con los recursos que requieran. Pero, si una familia quiere escolarizar en centro de educación especial, puede hacerlo”.

La plataforma Inclusiva sí, especial también, creada durante la tramitación de la Lomloe, rechaza las conclusiones del comité de Naciones Unidas: “Nos parece indignante y una falta de respeto que nos digan que segregamos a nuestros hijos con discapacidad intelectual. La educación especial no es segregadora. La educación especial es la más inclusiva, puesto que están escolarizados en la modalidad educativa más adecuada a sus necesidades. No los escolarizamos en un centro de educación especial en virtud de su discapacidad, sino en virtud de sus necesidades”, dice Luis Rojo, uno de sus portavoces.

Falta de recursos

El 84,2% del alumnado con discapacidad estudia en la escuela común, según la última estadística, que ha variado poco en los últimos años. La resistencia de una parte de las familias a llevarlos a colegios ordinarios está relacionada con el miedo a que sus hijos no estén bien atendidos por la falta de preparación de los centros. Juan Carlos Flores tiene un hijo con trastorno del espectro autista que estudia en un instituto público andaluz, aunque pasa casi todas las horas en un aula específica para chavales con discapacidad. Por su experiencia en distintos lugares (hasta hace unos años la familia vivía en Madrid), ni los centros ordinarios ni las aulas especiales cuentan con los recursos necesarios, ni el profesorado ha recibido en la mayor parte de los casos una formación suficiente. “Lo primero que debería haber son profesores fijos para estos niños. Es muy importante para sus necesidades, y no sucede en ninguno de los sitios que he conocido. Los puestos se suelen cubrir con interinos, y al final somos los padres los que intentamos, de alguna manera, formar a sus tutores. Es muy cansado, sobre todo porque suelen cambiar cada año. Hay maestras que tienen voluntad, pero también nos hemos encontrado con mucha incomprensión”.

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