El retraso en resolver contratos predoctorales deja en el limbo a cientos de jóvenes: “Es la desesperación”

Planificar una vida es, en general, complicado. Planificarla para los 885 doctorandos que han solicitado contratos predoctorales para la formación de profesores universitarios (FPU), más todavía. A la ansiedad del proceso se le suma la burocracia. Muchos de estos jóvenes dejan sus empleos con la esperanza de un contrato que, al final, no llega. Otros gastan sus ahorros mientras trabajan en un doctorado sin contrato. Y otros, aunque necesitan los ingresos, no se atreven a comenzar en un empleo que,...

Planificar una vida es, en general, complicado. Planificarla para los 885 doctorandos que han solicitado contratos predoctorales para la formación de profesores universitarios (FPU), más todavía. A la ansiedad del proceso se le suma la burocracia. Muchos de estos jóvenes dejan sus empleos con la esperanza de un contrato que, al final, no llega. Otros gastan sus ahorros mientras trabajan en un doctorado sin contrato. Y otros, aunque necesitan los ingresos, no se atreven a comenzar en un empleo que, igual, se ven obligados a dejar en unos días. Hace más de un año que estos doctorandos esperan la resolución de la ayuda que les permitirá incorporarse a su trabajo de investigación en España. Desde octubre, cuando recibieron la lista provisional, han estado esperando a la resolución definitiva, que el Ministerio de Universidades ha notificado en la tarde de este miércoles, tras la publicación de una versión anterior de este artículo en el que los afectados denuncian su situación.

La vía preferida de muchos estudiantes para hacer un doctorado es optar a un contrato predoctoral, como las ayudas FPU, que conceden un salario durante cuatro años. Las gestiona el Ministerio de Universidades, y se obtienen por concurrencia competitiva. Primero, se selecciona a los candidatos por el expediente académico. Para poder aplicar a una FPU es necesario acreditar como mínimo un siete de media en ciencias, y aproximadamente un ocho en ciencias sociales, aunque las notas de corte son siempre mucho más elevadas. En la segunda fase, se tienen en cuenta otros criterios, como el currículum del solicitante, del director de tesis o del equipo de investigación. “Las FPU son procesos muy competitivos a las que se presentan muchas personas y para las que hay muy pocas plazas y financiación”, explica Alejandro de Miguel, presidente de FPU Investiga, asociación por la defensa de los derechos del colectivo predoctoral. 7.000 candidatos solicitaron la ayuda este año, según el ministerio.

Las FPU de 2021 se convocaron el 15 de noviembre de ese año. La segunda fase se resolvió de manera provisional el pasado octubre. De manera provisional quiere decir que el candidato no se puede incorporar a su puesto de trabajo, porque solo la resolución definitiva les permite firmar un contrato. “Los procesos del Ministerio [de Universidades] son lentos, tediosos y cada año van a peor. Este año estamos batiendo récords”, explica De Miguel. Han sido 380 días los que ha tardado en resolverse el proceso; el año pasado y el anterior fueron 366 días, el anterior 351... Desde 2016 (entonces fueron 251 días) los retrasos no han dejado de empeorar.

Hasta que llega esa última resolución, muchos jóvenes investigadores se ven atados de pies y manos. Matriculados en su doctorado en septiembre u octubre, cuando empieza el curso escolar, no pueden, sin embargo, comenzar a trabajar, al no estar resueltas las FPU. Y la investigación no entiende de plazos. “No puedo, por ejemplo, impartir clase en asignaturas que se enseñen durante el primer cuatrimestre, porque ya ha comenzado. Tendré que esperar al curso que viene para hacerlo”, contaba ayer Francisco Romero, doctorando en filosofía en la UNED. “La programación de un laboratorio no puede esperar a un contrato”, añade De Miguel.

Las universidades deben esperar al listado definitivo para firmar los contratos. Como Romero, muchos jóvenes tienen que dejar su ciudad natal para ir a la universidad en la que van a trabajar, pero sin contrato no hay dinero, y sin dinero no se puede pagar un alquiler. “Es intolerable que estemos en diciembre y no hayamos comenzado. No es un problema de las universidades, es un problema del ministerio”, critica. Entre que se anuncian las plazas definitivas y se firma el contrato con el centro y el equipo de investigación, pueden pasar semanas. Semanas durante las que estos jóvenes no perciben un salario, y durante las que tienen que dejar sus empleos actuales. “Empezarán en enero, muy probablemente”, explica De Miguel.

El Ministerio de Universidades asegura ser consciente de todos los problemas que acarrea la demora de las resoluciones. “Pedimos disculpas por ello, y trabajamos todos los días en evitarlo”, aclaran. Para las FPU 2022, el ministerio ha planteado algunas mejoras con las que esperan reducir el proceso global en, al menos, tres meses. “Se llevará a cabo la evaluación de las solicitudes en una sola fase en lugar de las dos, se racionalizará el periodo de renuncia de las personas adjudicatarias en la resolución provisional, y también se racionalizará el número de solicitudes que se reciben, poniendo unos requisitos mínimos de nota por campo académico que impidan que aquellas personas con un expediente académico que se sabe a ciencia cierta que no tienen ninguna posibilidad de ser adjudicatarios, lo hagan”, aseguran.

Problemas en la gestión

El retraso se ha producido por problemas en la gestión de la tramitación de la convocatoria que van desde incidencias informáticas hasta completar el proceso de fiscalización necesario para su publicación. Quienes están en la parte alta de la lista ―con las mejores puntuaciones― mantienen la esperanza de que, muy probablemente, consigan la ayuda. Pero la dilación de los plazos no les deja aceptar un nuevo empleo que les permita ganar algo de dinero mientras esperan a la resolución.

“¿Para qué vas a buscar un trabajo si lo vas a tener que dejar a los 20 días?”, expresa Cristina Pérez, beneficiaria de la FPU para doctorarse en matemáticas. A ella le ofrecieron un contrato de dos años en Estados Unidos, bien pagado, y lo rechazó pensando que podría incorporarse a la investigación como tarde en diciembre, porque su sueño es hacerlo en España. “Pensábamos que era una recompensa por haber estudiado bien y tener un buen proyecto, pero al final es solo incertidumbre y mala inversión de los recursos. Muchas promesas pero poca acción por parte del ministerio”, denuncia.

Beatriz, que prefiere usar un nombre ficticio, también está en esos puestos superiores para el área de lingüística. Está contratada desde hace unos meses en un proyecto de investigación que le ha dado estabilidad, pero hasta entonces ha trabajado como autónoma. Cuando salió la resolución provisional, avisó en el trabajo de que iba a tener que dejarlo, aunque sin poder especificar fecha. “Desde entonces no he recibido tantos encargos”, relata. Psicológicamente, la espera le pasa factura. “Miro la web del ministerio dos veces al día”, expresa.

Para quienes están en los puestos más bajos, es aún peor. No tienen la certeza de que conseguirán el contrato, porque hay personas que pueden reclamar y sacarlos de la lista. Eso supone que, si ya están inscritos en el doctorado, deberán cursarlo un año sin cobrar, o dejarlo. Javier, nombre ficticio para evitar posibles represalias, vive en una angustia constante. Sus ahorros han ido desapareciendo poco a poco, porque rechazó algunas becas europeas y apostó “por la marca España”. Esas becas se ofrecieron de nuevo este año, pero el plazo de inscripción se ha vuelto a cerrar.

“No nos tratan como deberían”, reprocha el joven, que lleva trabajando en su tesis desde el máster. Estudió Matemáticas e Ingeniería Informática, campo en el que ahora mismo hay ofertas de empleo. “Si esto no se resuelve, voy a tener que buscar otra alternativa a la que no quería llegar, que es la empresa privada”, asegura.

El retraso consecutivo de los plazos también supone un problema futuro. Hasta que no se resuelve la FPU 2021, no se abre el plazo de la FPU 2022 que, como su propio nombre indica, debe abrirse antes de que acabe este mismo año. Estas ayudas tienen una duración máxima de cuatro años. Si comienzan el contrato en enero, la lectura de la tesis ocurrirá en enero de dentro de cuatro años. “Eso significa que no llegaré a a tiempo para pedir las becas posdoctorales, cuyo plazo abre en octubre”, denuncia Romero.

Mensajes vacíos desde la Administración

La desesperación de estos jóvenes es tal que ya no saben a quién acudir. Diana Ortega dejó este noviembre, como último recurso, una queja en la sección de cartas a la directora de este periódico. La joven, que está en el programa de doctorado de estudios literarios, denunciaba los “pies de barro” de la Administración. Pidió la FPU en diciembre de 2020, hace casi dos años, y después de meses de espera se la denegaron. Para su sorpresa, porque no le habían contado la mitad de los méritos. Recurrió, y el 4 de abril de este año le llegó el recurso de reposición. Estimado. Le subían casi ocho puntos. En junio aceptó la beca, y desde entonces escribe cada semana al correo electrónico de solicitantes FPU para ver cuando publican la concesión para por fin incorporarse y cobrar. La respuesta ha sido siempre la misma: “Lo antes posible”. “Es una sensación continua de estar en pausa. El tiempo corre pero tú estas totalmente parada”, expresa.

Ortega cuenta que las demoras le han afectado a todos los niveles: económico, profesional y emocional. Económico porque, para “ganar un dinero”, solo puede dar clases particulares. No se atreve a tener un contrato laboral porque, como ha aceptado la FPU, está “en tierra de nadie”. Profesional porque, al tener trabajos paralelos, no tiene tiempo para publicar y llegar a las fechas de entrega, con la sensación de nunca hacer suficiente. Y psicológico, por el desasosiego. Ha tenido que volver a terapia porque septiembre y octubre se han hecho dificilísimos de gestionar. “La carta [al periódico] fue pura desesperación, porque el correo de información no tiene información, y el ministerio es un ministerio fantasma”, se queja. La joven registró una queja que debería haber sido respondida por la Administración en un plazo de 20 días. No lo hicieron, pero le mandaron escribir un correo para avisar de que, efectivamente, no le habían respondido.

El resto de estudiantes también denuncia la falta de respuestas y transparencia por parte del ministerio. “Cuando preguntas, te contestan con un mensaje genérico y no te dan ninguna fecha”, critica Javier. El departamento asegura que mantiene una comunicación fluida con la asociación FPU Investiga, y que “se les suele contestar por escrito a quienes solicitan información, aunque la contestación no pueda ser muy aclaratoria”. Ortega incide: “Es una desesperación absoluta. Todo muy kafkiano. Yo pensaba: ‘si Larra viviera ahora, se suicidaba otra vez”.

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