15 autonomías acuerdan una vuelta a las aulas 100% presencial

El Ministerio de Educación y 15 comunidades autónomas —todas salvo Madrid y el País Vasco— han alcanzado este jueves un acuerdo en el que se comprometen a realizar “todos los esfuerzos necesarios para asegurar la modalidad presencial en todas las enseñanzas, niveles y etapas educativas” a partir de septiembre. Hace solo un mes la opción que se barajaba era la de alternar la docencia presencial y a distancia. El consenso sobre el fondo del asun...

El Ministerio de Educación y 15 comunidades autónomas —todas salvo Madrid y el País Vasco— han alcanzado este jueves un acuerdo en el que se comprometen a realizar “todos los esfuerzos necesarios para asegurar la modalidad presencial en todas las enseñanzas, niveles y etapas educativas” a partir de septiembre. Hace solo un mes la opción que se barajaba era la de alternar la docencia presencial y a distancia. El consenso sobre el fondo del asunto es en realidad mayor, ya que Euskadi se ha mostrado conforme con el contenido del texto negociado en la Conferencia Sectorial de Educación, pero ha rechazado suscribirlo por una cuestión de competencias. Cataluña sí lo ha hecho, si bien su consejero de Educación, Josep Bargalló, subrayó que lo hacía siempre que se considerara un documento orientativo.

El pacto ha quedado empañado por el rechazo de todas las autonomías a un segundo documento: el plan de medidas higiénicas y sanitarias para un regreso seguro a las aulas elaborado por los ministerios de Sanidad y Educación presentado 24 horas antes. Las autonomías han descartado aplicarlo y han decidido aparcar la cuestión para seguir negociando sobre la materia en las próximas semanas. El mayor obstáculo del documento, con el que el ministerio quería alcanzar una “estrategia consensuada”, fue los límites que establece al número de alumnos por aula (hasta cuarto de primaria) y sobre distancia de seguridad.

El acuerdo que sí alcanzaron las 15 comunidades fija las líneas generales de cómo debe ser el próximo curso. No profundiza, pero establece algunos elementos importantes. Además de la presencialidad, cuya ausencia se reconoce que está generando una gran desigualdad educativa, garantiza el mantenimiento del servicio de comedor, que algunas comunidades habían barajado suprimir. Y compromete al ministerio y a las autonomías que lo suscribieron a financiar planes de cooperación dirigidos a “la recuperación de los grupos estudiantiles que más han sufrido las dificultades” del cierre escolar.

Número máximo de alumnos

Las comunidades han rechazado asumir, en cambio, el plan elaborado por el Gobierno para que esa vuelta presencial sea posible y segura. Dicho protocolo establecía que a partir de quinto de primaria los alumnos tendrían que guardar una distancia de 1,5 metros en las aulas, y que los de cursos inferiores formarían grupos estancos, que no tendrían que mantener separación, pero que serían como máximo de 20 alumnos, entre otras medidas.

El anuncio, el miércoles, del protocolo elaborado por Educación y Sanidad, generó malestar en la mayoría de comunidades, de uno y otro signo político, al considerar que descendía demasiado al detalle y parecía dar por hecho aspectos que ellas todavía no han decidido. Las autonomías tienen la competencia exclusiva en la organización del curso.

Dicho documento, ha recordado por su parte la ministra de Educación, Isabel Celaá, era un borrador que el Gobierno ponía sobre la mesa para que las comunidades realizaran aportaciones con el objetivo de tratar de alcanzar una “estrategia consensuada”. En las 26 páginas del texto enviado el miércoles a las comunidades ponía en grandes letras “borrador”.

Malestar

El malestar entre las comunidades empezó la misma tarde del miércoles, tras publicarse el contenido del protocolo. Y una de las primeras cosas que se han abordado este jueves en la Conferencia Sectorial de Educación, en la que participan el ministerio y las comunidades, ha sido dejarlo fuera del debate. El punto crítico crítico ha sido el elemento de la distancia y la capacidad que podrán tener las clases, que resulta central porque en función de cómo quede establecida variará el número de nuevos espacios y profesores que las autonomías necesitarán incorporar. Y por tanto el dinero adicional que tendrán que aportar.

La cuestión continuará negociándose, aunque la última palabra en este terreno sí la tiene el Gobierno a través de la decisión que adopte el Ministerio de Sanidad por cuestiones de salud pública y prevención de rebrotes de la pandemia. El acuerdo alcanzado no aborda directamente la distancia física, pero alude de forma indirecta a ella al remitir a lo establecido en el decreto de nueva normalidad aprobado por el Gobierno. La norma, que debe ser convalidada la semana que viene en el Congreso, establece respecto a los centros educativos: “Deberá asegurarse la adopción de las medidas organizativas que resulten necesarias para evitar aglomeraciones y garantizar que se mantenga una distancia de seguridad de, al menos, 1,5 metros”. Pero, como señalaron fuentes autonómicas, a continuación añade: “Cuando no sea posible mantener dicha distancia de seguridad, se observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio”.

El redactado literal deja abierta la puerta a que si una escuela no puede cumplir por falta de espacio la norma de los 1,5 metros, pueda adoptar otras medidas de higiene, como que los alumnos lleven mascarillas, apuntaron las mismas fuentes autonómicas. Una portavoz del Ministerio de Educación descartó dicha interpretación, atribuyó la confusión al hecho de que el decreto de la nueva normalidad apenas dedica un par de párrafos a los centros educativos y aseguró que cuando se redacte en profundidad se eliminarán las dudas. La excepción a la norma de distancia de 1,5 metros está pensada, precisó, para cuando los alumnos se estén moviendo por el centro. Pero no para cuando estén “estáticos”, sentados dentro del aula.

La ministra ha advertido, en esa línea, que si Madrid no aplica la distancia de 1,5 metros, como ha sugerido su consejero de Educación, Enrique Ossorio, -que ha utilizado como argumento el gasto “enorme” que implicaría- estaría vulnerando la ley.

Modelo noruego

En la conferencia de prensa posterior a la Conferencia Sectorial de Educación, la ministra de Educación, Isabel Celaá, también ha defendido la idea, incluida en su propuesta de vuelta a las aulas, de que los niños de 0 a 10 años no tengan que guardar la distancia ni llevar mascarilla a cambio de que formen “grupos de convivencia estable”, no se mezclen con otros alumnos y funcionen “a modo de familia”.

“Muchos países lo están haciendo así”, ha dicho en referencia a ese “sistema de burbujas”, si bien ha remarcado que, como el resto del protocolo elaborado por su ministerio y por el de Sanidad, es solo un borrador y que no es “de obligado cumplimiento” para las comunidades autónomas.

El secretario de Estado, Alejandro Tiana, ha explicado que en la fórmula del “grupo de convivencia” para los más pequeños, que se sigue por ejemplo en Noruega, los niños están aislados de otros grupos y acompañados en el aula por un solo adulto u “ocasionalmente dos”, lo que permite limitar la transmisión del virus.