Cómo pueden las democracias salvarse a sí mismas

Las democracias liberales se encuentran asediadas, tanto desde dentro como desde fuera de sus fronteras. Desde dentro, por grupos y dirigentes totalitarios que buscan llegar al poder para desmontar las instituciones del Estado de derecho y suprimir las organizaciones de la sociedad civil que intermedian entre el Estado y los ciudadanos. Desde fuera, por dirigentes de Estados totalitarios que retan militar, económica e ideológicamente a los regímenes democráticos.

Esta situación trae a mi memoria la conocida frase a...

Las democracias liberales se encuentran asediadas, tanto desde dentro como desde fuera de sus fronteras. Desde dentro, por grupos y dirigentes totalitarios que buscan llegar al poder para desmontar las instituciones del Estado de derecho y suprimir las organizaciones de la sociedad civil que intermedian entre el Estado y los ciudadanos. Desde fuera, por dirigentes de Estados totalitarios que retan militar, económica e ideológicamente a los regímenes democráticos.

Esta situación trae a mi memoria la conocida frase atribuida al novelista norteamericano Mark Twain de que “la historia no se repite, pero rima”. Sin duda, estos años veinte riman con los veinte del siglo pasado.

Hace un siglo, algunas democracias se deslizaron hacia la barbarie del fascismo. Fue el caso de la República de Weimar en Alemania, cuya incapacidad para responder con eficacia a los graves problemas sociales del país, en particular el paro, favoreció la llegada al poder del Partido Nazi de Adolf Hitler en las elecciones de marzo de 1933. Su llegada al poder arrastró a otras naciones europeas continentales hacia el fascismo.

Sin embargo, en la misma época, otras democracias liberales fueron capaces de concitar el apoyo social, formar coaliciones políticas e implementar políticas eficaces para afrontar problemas sociales similares. De esta forma, salvaron a sus países de la barbarie totalitaria. Este fue el caso de Suecia, Estados Unidos y el Reino Unido. Su eficacia en construir un nuevo contrato social para la prosperidad compartida les permitió ganar una legitimidad duradera.

Recordar que otros ya vivieron circunstancias similares y supieron superarlas nos permite alimentar la esperanza y evitar el fatalismo de pensar que las cosas solo pueden ir a peor.

¿Cómo lograron las democracias sueca, estadounidense y británica frenar la barbarie totalitaria? Respondiendo con eficacia a las situaciones de inseguridad económica, miedo, paro, pobreza, falta de oportunidades y carencias de la mayor parte de la población para garantizar la educación, la salud, el desempleo y la jubilación. La evolución monopolista y desigualitaria del capitalismo industrial y la incapacidad de los gobiernos oligárquicos de la época habían llevado a esa situación en los años veinte del siglo XX. En palabras del presidente Franklin Delano Roosevelt, en su discurso del Estado de la Nación de 1944, “la gente que tiene hambre y está desempleada son el material con el que se hacen las dictaduras”.

La respuesta a las amenazas de las dictaduras fue construir un New Deal, un nuevo contrato social de la democracia liberal y del capitalismo con el conjunto de la población. Para lograrlo hubo que concitar amplios consensos sociales y coaliciones políticas. La experiencia sueca fue singular y anticipativa. En el caso norteamericano fue determinante el discurso de las “cuatro libertades” (libertad de expresión, libertad religiosa, libertad para aspirar a una vida mejor y libertad de vivir sin miedo) del presidente Roosevelt del año 1941. La gran novedad política fueron las dos últimas libertades: aspirar a vivir mejor y vivir sin miedo a la inseguridad económica. Concitaron el apoyo mayoritario de la población. El siguiente paso en la arquitectura definitiva de ese nuevo contrato social para el crecimiento y la prosperidad compartida lo dio el Reino Unido a la salida de la Segunda Guerra Mundial. Por un lado, el pilar económico, inspirado por el economista británico John M. Keynes, con la aceptación de la responsabilidad del Estado en la gestión del gasto agregado de la economía para mantener el pleno empleo y el impulso a las inversiones públicas para estimular el crecimiento económico. Por otro, el pilar social, inspirado por William Beveridge, economista y político liberal británico, con su defensa de nuevos bienes públicos orientados a garantizar una educación y una sanidad pública universal y gratuitas y seguros públicos de desempleo y jubilación.

Daron Acemoglu, economista turco del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), y James A. Robinson, politólogo de la Universidad de Harvard, han analizado con perspicacia las condiciones doctrinales que permitieron a las democracias suecas, norteamericana y británica lograr los consensos sociales y las coaliciones políticas necesarias para construir ese nuevo contrato social que cerró el paso a las autocracias. (El pasillo estrecho. ¿Por qué en algunos países florece la libertad y en otros el autoritarismo, Deusto, 2019). Sostienen que el elemento clave fue la construcción doctrinal de esas nuevas necesidades sociales de seguridad económica y de empleo como “derechos universales”, en línea con lo que hizo en esos mismos años la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esa fue la forma gracias a la cual las democracias sueca, británica y norteamericana se salvaron a sí mismas de la barbarie del totalitarismo. Los países europeos continentales construyeron ese contrato social al finalizar la Segunda Guerra Mundial. España lo hizo en la transición democrática, con los Acuerdos de la Moncloa de 1977 y la Constitución de 1978.

Los “treinta gloriosos” años que siguieron a ese contrato socialdemócrata trajeron la prosperidad compartida, el aumento de la esperanza de vida, las grandes clases medias, la extensión de la democracia y el capitalismo democrático. Ese contrato social fue el pegamento que permitió a las democracias de la segunda mitad del siglo XX hacer compatibles economías dinámicas y sociedades armoniosas.

Sin embargo, algo comenzó a torcerse a partir de los años noventa del siglo pasado. El descarrilamiento del capitalismo democrático y la incapacidad de los partidos tradicionales para corregir su deriva desigualitaria han creado de nuevo “el material sobre el que se hacen las dictaduras”: inseguridad económica, pobreza extrema, en particular la pobreza de niños, falta de vivienda para emancipación y una vida digna, la necesidad de buenos empleos. Todo ello crea sentimientos de humillación, falta de respeto y pérdida de reconocimiento social para aquellos que padecen esas condiciones de privación. De ahí nace el resentimiento social que alimentan los nuevos fascismos.

Desde la defensa de la democracia liberal y del capitalismo democrático, Martín Wolf, prestigioso economista y responsable de opinión del Financial Times, ha construido un argumento poderoso para un nuevo contrato social democrático (La crisis del capitalismo democrático. Por qué el matrimonio entre democracia y capitalismo se está diluyendo y qué debemos hacer para solucionarlo, 2023). Sus propuestas, de clara inspiración rooselveltiana, pueden ser ampliamente compartidas y encontrar coaliciones políticas para implementarlas: 1) un nivel de vida creciente, ampliamente compartido y sostenible; 2) buenos empleos para quienes puedan trabajar y están en condiciones para hacerlo; 3) igualdad de oportunidades; 4) seguridad para quienes la necesitan; y 5) poner fin a los privilegios especiales para unos pocos. El camino es transformar algunas de estas propuestas en “derechos universales”, en la línea del argumento de Acemoglu y Robinson. Las políticas europeas de “garantía” (de empleo, contra la pobreza infantil y de vivienda) van en esta dirección y deberían profundizarse.

Las democracias liberales pueden salvarse a si mismas siendo más eficaces que los fascismos a la hora de afrontar las nuevas inseguridades económicas y fomentar los buenos empleos. La coalición política que apoya a Ursula von der Leyen para un nuevo mandato al frente de la Comisión Europea tiene la responsabilidad histórica de construir este nuevo contrato social europeo.

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