Primero el clima, después el comercio

La urgencia de actuar contra el cambio climático y el deterioro medioambiental ya no necesita justificaciones. Los científicos lo han dejado bien claro en los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) y los dirigentes de las potencias mundiales lo están asumiendo. Siguiendo los objetivos del Acuerdo de París, tanto Estados Unidos c...

La urgencia de actuar contra el cambio climático y el deterioro medioambiental ya no necesita justificaciones. Los científicos lo han dejado bien claro en los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) y los dirigentes de las potencias mundiales lo están asumiendo. Siguiendo los objetivos del Acuerdo de París, tanto Estados Unidos como la Unión Europea y China han presentado sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC por sus siglas en inglés) que detallan los planes para descarbonizar sus economías. Sin embargo, se trata de promesas, ya que dicho acuerdo no es vinculante y ha sido además tachado de insuficiente para atajar la escalada de las temperaturas por encima del umbral del 1,5ºC con respecto a niveles preindustriales, al que probablemente llegaremos en 2030.

En la década siguiente a la Convención de Río en 1992 hubo numerosas propuestas para la creación de una organización mundial del medioambiente evaluadas en un proyecto financiado por la Fundación MacArthur y resumidas por el economista John Whalley. La mayoría de las propuestas emulaban la Organización Mundial de Comercio (OMC) con un nivel de integración medio, pero su factibilidad fue cuestionada. La emulación resulta ahora impensable con la OMC en crisis y una creciente dificultad de avanzar globalmente en las reglas comerciales. Sin embargo, los acuerdos entre grupos de países han proliferado y los más recientes contienen cláusulas medioambientales que refuerzan la observancia de los acuerdos multilaterales y las leyes nacionales relacionadas, pero esto también ha sido insuficiente. Se necesitan acuerdos que sean vinculantes, y la mayoría de dichas cláusulas no lo son de facto. Entonces, ¿cuál es la salida?

Un grupo de países que incluye Costa Rica, Fiyi, Irlanda, Noruega, Suiza y Nueva Zelanda ha dado un paso adelante lanzando las negociaciones del Acuerdo sobre Cambio Climático, Comercio y Sostenibilidad. Jacinda Ardern, exprimera ministra neozelandesa, anunció en 2019 la idea de explotar las sinergias que existen en las políticas climáticas, comerciales y de desarrollo sostenible. Se propone principalmente usar las reglas comerciales para eliminar los subsidios al carbón, del mismo modo que la OMC las usa para contrarrestar los subsidios agrícolas o industriales.

¿Qué temas se negocian? El acuerdo se centra en tres áreas. Además de la ya mencionada acción para eliminar los subsidios a los combustibles fósiles, la segunda área es la liberalización del comercio de bienes y servicios medioambientales. Como son, por ejemplo, aquellos relacionados con el reciclaje y las tecnologías de producción limpia. La tercera área clave es el desarrollo y la implementación de programas de eco-etiquetado armonizados y los mecanismos asociados que fomenten su uso. Este último aspecto contribuirá a que los consumidores conozcan la huella de carbono de los bienes y servicios que consumen. Claramente, que el grupo lo formen economías muy abiertas al comercio y pioneras en aspectos relacionados con la conservación de la biodiversidad y la protección del medioambiente facilitará que este acuerdo prospere. Aunque la posibilidad de que otros países se sumen a la iniciativa es incierta, es un inicio que debería ser considerado por los grandes actores mundiales, empezando por el G7 y siguiendo por el G20.

¿Qué papel debería jugar la UE? La UE debería seguir el mismo camino y dar la vuelta a la tortilla, poniendo el cambio climático primero y el comercio después. Es cierto que ha liderado varios acuerdos de libre comercio que incluyen cláusulas medioambientales cada vez más estrictas, el más reciente con Nueva Zelanda, cuyas negociaciones concluyeron en febrero de 2022 y que se firmará en 2023. Cuando entre en vigor previsiblemente en 2024, implicará que sus firmantes respeten el Acuerdo de París e incluirá cláusulas de desarrollo sostenible vinculantes y la imposición de sanciones comerciales como último recurso. Integra así el nuevo enfoque de la UE referente a comercio y desarrollo sostenible anunciado en 2022, cuyo planteamiento se basa en reforzar las normas laborales y medioambientales internacionales a través de procesos transparentes, con la participación de la sociedad civil.

Quizás la UE debería empezar a liderar acuerdos que inviertan los términos: primero el clima y el desarrollo sostenible y luego el comercio. La oportunidad la tiene al alcance de la mano pudiendo dar un giro radical a las negociaciones con Mercosur, cuyas cláusulas medioambientales son insuficientes según las oenegés.

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