El ministro Escrivá entra en la segunda fase

Se intuía que la propuesta que hiciera el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para entrar en la segunda fase de la reforma del sistema de pensiones iba a dejar indiferentes a muy pocos. Ni la patronal, ni los sindicatos y ni su compañera de Gobierno, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tardaron en descalificarla. No les gusta porque consideran unos (sindicatos y...

Se intuía que la propuesta que hiciera el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para entrar en la segunda fase de la reforma del sistema de pensiones iba a dejar indiferentes a muy pocos. Ni la patronal, ni los sindicatos y ni su compañera de Gobierno, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tardaron en descalificarla. No les gusta porque consideran unos (sindicatos y ministra) que es “un recorte de derechos” y otros (los empresarios) que supone un aumento de las cotizaciones en las que las empresas se llevan la peor parte (el 80%).

Escrivá plantea el aumento del periodo para calcular la pensión de 25 a 30 años y el aumento de las cotizaciones. El ministro, que propone que el cambio se haga de manera progresiva entre 2027 y 2038, ha planteado calcular la pensión con los mejores 28 años de cotización dentro de un periodo total de 30 años (es decir, permite descartar las 24 peores mensualidades). A su entender, la propuesta “protege mejor las pensiones de los nuevos entrantes en el mercado de trabajo ante carreras laborales menos lineales”.

Sostiene el departamento que la reforma, que supone una rebaja sobre la inicialmente prevista (se barajaban 35 años), será neutra en términos de gastos, lo que significa que tampoco supondrá ahorros. Y que tendrá efectos redistributivos, ya que lo que se recaude con el impacto que tenga en los trabajadores con carreras largas se perderá con la rebaja a perfiles más vulnerables.

Escrivá ha emplazado a los agentes sociales para el 12 de diciembre. Es llamativo que haya tardado tanto en trasladar la propuesta después de la última vez que se reunió con ellos, el 12 de septiembre, cuando el objetivo es acabar con un acuerdo antes de fin de año, plazo comprometido con Bruselas para poner en marcha la reforma, a la que están vinculadas ayudas europeas del Fondo de Recuperación en 2023.

Fácil no va a ser. Las espadas parecen muy en alto. La incógnita está en a quiénes beneficia más, a quiénes menos y a quiénes perjudica, si los hay. En principio, los sindicatos (además de Díaz y Unidas Podemos) consideran que es necesario que haya un destope de las cotizaciones y se cotice toda la masa salarial que se percibe, lo que implica una inyección de ingresos y permitiría recaudar un 0,7% del PIB (10.000 millones) y no un 0,3% (4.000).

Para el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que ganó las últimas elecciones patronales recientemente apelando al diálogo social aunque no a cualquier precio, la propuesta supone la primera acometida del nuevo mandato. A su juicio, no es sostenible y forzaría una pérdida de competitividad. De momento, ha adelantado que es “un tema muy serio que obliga a los grupos políticos a sentarse con responsabilidad y seriedad” en el seno del Pacto de Toledo. El dirigente se basa en la fuerte subida que se vislumbra para las cotizaciones sociales y que, según los cálculos, las cotizaciones máximas pasarían de 54.000 a 75.000 euros, mientras la pensión máxima lo haría de 42.000 a 45.000. El Gobierno plantea la posibilidad de vincular las bases máximas de cotización a la revalorización de las pensiones (es decir, al IPC interanual entre noviembres) más un incremento adicional anual de 1,154 puntos entre 2025 y 2050, siendo los Presupuestos de cada año los que fijen la subida de las bases máximas. Si el IPC es negativo, solo se aplicaría el aumento de 1,154 puntos.

Asimismo, plantea que la pensión máxima suba según la inflación establecida de las pensiones contributivas y la pensión mínima el IPC promedio de los doce meses anteriores a diciembre más un porcentaje adicional de 0,115 puntos. Es decir, la pensión máxima subiría igual que las cotizaciones con un desfase y, a partir de 2050, se establecería el aumento adicional “hasta alcanzar un incremento real acumulado del 30%” en el marco del diálogo social.

Para los expertos la propuesta ayudaría a garantizar la viabilidad del sistema, pero no sería suficiente y se concentraría sobre un grupo determinado de trabajadores con salarios en tramos altos. Supondría una fuerte subida de impuestos para un determinado tramo de renta sin que se traduzca en mayor pensión. Por otro lado, se pretende extender el Mecanismo de Equidad Intergeneracional de 2032 hasta 2050. Este mecanismo, que es una a cotización adicional finalista para alimentar al fondo de reserva, supone una subida de 0,6 puntos de las cotizaciones sociales desde enero para hacer sostenible la vinculación de las pensiones con el IPC.