El fondo de rescate de la SEPI para empresas se queda a medias
La polémica suscitada en torno al rescate de Plus Ultra ralentiza el procedimiento de la empresa pública, cuyas ayudas no llegarán a 5.000 de los 10.000 millones previstos. El consejo de ministros aprueba este viernes inyecciones por 500 millones a Técnicas Reunidas, Ferroatlántica, Eurodivisas y Wamos
Apenas quedan 130 días para que concluya la prórroga de seis meses que Bruselas dio al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), al que acudieron 69 empresas españolas para pedir la financiación que no obtenían de ninguna otra manera para poder sobrevivir, en concreto solicitaron 5.345,4 millones de euros. Una pequeña cantidad si se tiene en cuenta que este ...
Apenas quedan 130 días para que concluya la prórroga de seis meses que Bruselas dio al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), al que acudieron 69 empresas españolas para pedir la financiación que no obtenían de ninguna otra manera para poder sobrevivir, en concreto solicitaron 5.345,4 millones de euros. Una pequeña cantidad si se tiene en cuenta que este fondo, dotado con 10.000 millones de euros, podría haberse ampliado.
Aunque para la SEPI sea una buena noticia que la ayuda no haya llegado a su cuantía máxima porque demuestra que no se ha necesitado, que las empresas se han recuperado antes de lo esperado, el funcionamiento de este instrumento concebido como una solución a los problemas de solvencia empresarial ha estado lejos de sus objetivos. No solo porque desde que fue creado, en julio de 2020, haya aprobado 17 expedientes con préstamos asociados por importe de 2.040 millones de euros. También porque el número de empresas apoyadas quedará alrededor del medio centenar y la suma de las ayudas no alcanzará ni la mitad de la dotación inicial. Cuatro de los préstamos han sido validados por el Consejo de Ministros celebrado este viernes: los 340 millones de Técnicas Reunidas, los 85 millones de Grupo Wamos, matriz de la agencia de viajes Nautalia; los 45 millones de Global Exchange y los 34,5 millones de Ferroatlántica.
Todo empezó después del rescate de 53 millones concedido a Plus Ultra Líneas Aéreas, el tercero de los aprobados tras Air Europa (de 475 millones de euros y el único autorizado en 2020) y Duro Felguera (120 millones), en marzo del año pasado. Algunos partidos políticos cuestionaron esa inyección de capital al considerar que la aerolínea no era estratégica para el país y que respondía a un trato de favor por parte del Gobierno. Manos Limpias llevó la denuncia a los tribunales, donde se suspendió temporalmente la ayuda pública. Todos estos tropiezos llevaron a la SEPI a detener sus actuaciones.
“El ruido que se levantó con la operación de Plus Ultra hizo que el fondo se paralizase”, relata uno de los múltiples consultores designados por la empresa pública para apoyar en los análisis de los expedientes de las compañías solicitantes. “Si hasta marzo recibíamos una invitación cada semana o 15 días, durante tres o cuatro meses dejaron de llegar y a partir de ahí se ralentizaron los procesos de una forma increíble que hace que ahora haya unos 40 expedientes pendientes de autorización”, añade. “El retraso se debe al exceso de celo de la SEPI tras la polémica”, apoya otro consultor que también pide anonimato.
La propia entidad reconoce esa ralentización por el impacto de la judialización. Además del tiempo que le llevó el proceso de reorganización interna, con el nombramiento de la nueva presidenta, Belén Gualda, y la creación de una dirección específica para el fondo que gestionase la avalancha de peticiones, una actividad nueva que ha venido para quedarse, pues exige un seguimiento de las operaciones, dice. Si bien desde la SEPI insisten en su buen hacer con la inyección a Plus Ultra (que abarca 700 documentos) y afirman que los análisis y tramitaciones siguen siendo los mismos. Y suponen, según una empresa que ha recibido los préstamos participativos y ordinarios que ofrece la sociedad pública a plazos de entre 5 y 7 años, “que miren hasta debajo de la mesa”.
Tensa espera
Hesperia forma parte de la veintena de compañías que acudieron a la SEPI entre finales de 2020 y marzo de 2021 y todavía están pendientes de resolución, al igual que Celsa, Abengoa, Naviera Armas, Grupo Juliá, Mediapro, Room Mate o el fabricante de los helados Farggi. Fuentes próximas a la hotelera reconocen que la ayuda está tardando mucho, que llevan casi un año de conversaciones con la SEPI, trabajando en el plan de negocio e intercambiando información, aunque no tienen visibilidad sobre cómo va la operación. “Hasta que no pase al comité interno donde se decide si la SEPI está dispuesta a dar el préstamo, no sabremos cuándo podrá llegar”, aseguran. Hesperia pide 55 millones de euros para reforzar su liquidez, “en un momento en el que es muy complicado negociar con los bancos, que no están apoyando a las empresas”.
La SEPI afirma que en las próximas semanas se culminarán la mayoría de los análisis y el 30 de junio no quedará operación sin estudiar. La entidad pública ha rechazado expedientes por no cumplir los requisitos (hubo sociedades que sobredimensionaron el montante de su solicitud) y también ha visto cómo con el transcurso de los meses algunas de las empresas recurrían a otros cauces para salvaguardar su actividad. La hotelera Selenta vendió una cartera de establecimientos a un fondo de inversión, y otras como la agencia de viajes Pangea optó por acudir al fondo de Cofides, mucho más ágil, rebajando sus pretensiones de capital (este instrumento está pensado para empresas medianas con necesidades de entre 2,5 y 25 millones; no a partir de esos 25 millones como el de la SEPI). Igual que hicieron Lladró, Tres Mares, Cesgarden o Manufacturas Metálicas, cuyas ayudas ya han sido aprobadas.
A Cofides han llegado desde que arrancase en septiembre un total de 77 solicitudes, de las cuales 57 cumplen los criterios del fondo, dotado con 1.000 millones, y suman un importe de 577 millones de euros. 12 operaciones han recibido el visto bueno hasta ahora por casi 143 millones, según el director general de Cofides, Rodrigo Madrazo.
Aunque aún queda tiempo para poder recurrir al fondo de la SEPI, la entidad no prevé nuevas peticiones, ya que en los últimos cuatro meses no ha entrado ninguna. Desde septiembre ha contratado asesores externos para tramitar los expedientes de Grupo Áreas (120 millones), Grupo Siro (100), Air Nostrum (103), Vicens Vives (25), Vivanta (40), Volotea (185), las hoteleras Vincci (45), Silken (32) y Blue Sea (40); Pacadar (32), Isastur (25), Imasa (25), Vicinay (25), Meeting Point (66) y Bluebay (50). La mitad de todas las inyecciones reclamadas son del sector turístico y la otra mitad se reparte entre el industrial y los servicios, según la entidad.
Hasta la fecha, además de las iniciales Air Europa, Duro Felguera y Plus Ultra y las cuatro aprobadas esta semana, han recibido créditos Ávoris (320 millones), Tubos Reunidos (112,8), Rugui Steel (25), Hotusa (241), Reinosa Forgings & Castings (27), Grupo Serhs (34), Grupo Airtificial (34), Grupo Losán (35), Grupo Soho Boutique (30) y Grupo Abades (29,3). El montante total concedido supone un 38% del solicitado.
Millones de folios analizados
El procedimiento que sigue la SEPI para garantizar que las empresas que acuden al fondo de solvencia son viables, estratégicas y tienen capacidad de repago es muy complejo. Se hace una due dilligence de cada compañía, auditoría que hay quien cree que es más exhaustiva que las que acompañan a un proceso de compra corporativo. Es otro de los motivos de los retrasos que alega la SEPI para unas ayudas cuyo periodo de tramitación se fija en seis meses (aunque el contador puede detenerse cuando la entidad pública reclama más información, y depende también de la diligencia del solicitante para entregar la documentación), además de la acumulación de expedientes, que se produjo por olas.
En lo que más se fijan los informes financieros y jurídicos es en que “la compañía sea viable, en que pides el dinero que necesitas y que se puede cumplir el plan de viabilidad que presentas. De hecho, cada mes se vigila el cumplimiento de ese plan”, señalan fuentes de Ávoris, a la que ha concedido préstamos por valor de 320 millones de euros a devolver en seis años.
Según los consultores consultados, demostrar la condición de empresa estratégica y que con los créditos públicos va a ser capaz de remontar su situación y, por tanto, de devolverlos, son los puntos críticos. También han de acreditar que no disponen de otra fórmula para obtener el capital que necesitan, ya que se trata de un fondo de último recurso al que solo pueden acudir compañías a las que la covid haya dejado en una situación patrimonial complicada (sin pérdidas en 2019).
En el caso del Fondo de Recapitalización de Empresas Afectadas por la Pandemia de Cofides, pensado para empresas medianas que no han de ser estratégicas para la economía, el procedimiento es muy similar, según el director general de la entidad, Rodrigo Madrazo. Estas ayudas no han de ser aprobadas por el Consejo de Ministros sino por un comité interministerial, que resulta más ágil. El plazo de tramitación de los expedientes es de tres meses. En opinión de la SEPI, se trata de operaciones más sencillas debido al menor tamaño y complejidad de las compañías.
El ejecutivo de Cofides, donde actualmente entran unas ocho peticiones mensuales, cree que este instrumento podrá ampliar su duración más allá del 30 de junio, pues estima que el flujo de solicitudes va a continuar.