Un juez desbloquea el rescate de Plus Ultra al no apreciar “por ahora” ningún delito

El juzgado de Instrucción número 15 de Madrid ha desbloqueado la entrega de los 34 millones de euros que la aerolínea Plus Ultra tenía aún pendientes de recibir en concepto del rescate público, acordado por el Fondo de Ayuda a la Solvencia de las Empresas Estratégicas (FASEE) que creó por el Gobierno para atender a compañías afectadas por la crisis del coronavirus. El juez sustituto Jaime Serret atiende las alegaciones de la compañía y el escrito de la Fiscalía de Madrid, también partidaria de levantar el bloqueo, al no apreciar “por ahora” ningún delito y para evitar una situación de falta de liquidez a acreedores y que se cause un perjuicio a los pasajeros que han adquirido sus billetes por adelantado.

De esta forma revoca el auto dictado por la titular del juzgado, Esperanza Collazos, el pasado 21 de julio, por el que suspendió la entrega de 34 de los 53 millones del rescate a la espera de la presentación de un plan de viabilidad de la compañía y las alegaciones de la Fiscalía, debido a que hay un procedimiento judicial en marcha por presunta malversación contra 15 altos cargos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el organismo estatal que otorga las ayudas.

En contra de este criterio, el juez sustituto concluye que “a la espera de la pericial judicial”, no hay ningún indicio objetivo de delito del artículo 308 del Código Penal, que se refiere a la obtención de subvenciones o ayudas de las Administraciones públicas, como alegan las acusaciones populares encabezadas por el sindicato Manos Limpias, a las que se han sumado Vox y el PP.

El auto del magistrado recuerda que el rescate fue aprobado “tras el filtro de los informes de un asesor financiero externo y un asesor legal externo” y alega que en el caso de que se suspendiese definitivamente la entrega del préstamo participativo de 34 millones podría suponer “el riesgo de insolvencia definitiva” de Plus Ultra, “obligándola a dejar de operar y creando un perjuicio a los pasajeros que han pagado por anticipado”.

Devolución de los préstamos

De esta forma, el auto asegura que la autorización del segundo pago “conforme el plan de viabilidad aprobado” permitirá a la empresa seguir operando y la consiguiente devolución de los préstamos a la Administración, que estaba en peligro si la aerolínea cesaba en su actividad, un argumento que ya empleó la Abogacía del Estado para oponerse al bloqueo de las ayudas.

En el marco de su resolución, el instructor ha precisado que la medida cautelar adoptada no estaba dirigida al “embargo de una cantidad para asegurar una responsabilidad civil o el decomiso de una cantidad ilícita”. Así, ha explicado que se trataba de una “suspensión temporal” para “evitar la consumación definitiva de un posible delito de malversación o fraude de subvenciones mientras se comprueba la existencia de estos posibles delitos”.

El juez ha asegurado que, aunque “todavía no se ha producido ningún perjuicio a la Administración”, en la causa se investiga la “hipótesis de haber entregado estos préstamos a una empresa en crisis sin ninguna posibilidad” de devolver los importes adquiridos.

También certifica que “por ahora no aparece delito de cohecho alguno ante la absoluta falta de referencia a la contraprestación por el presunto otorgamiento fraudulento de la ayuda”, ni delito de tráfico de influencias, “pues tampoco hay referencia alguna a ninguna situación objetiva de prevalimiento, por razones de amistad, parentesco, jerarquía a la que debe sumarse un acto de influencia”.

El instructor señala, además, que en el acuerdo de otorgamiento de la ayuda con cargo al FASEE se han incluido como garantías un contrato de prenda del 51% de las acciones y un acuerdo de gestión con la compañía: “Es decir, medidas de control y supervisión de la Administración sobre el destino de esta ayuda pública”, señala el texto.

El Tribunal de Cuentas también archivó a finales de julio las diligencias practicadas a petición de Ciudadanos sobre la ayuda financiera a Plus Ultra Líneas Aéreas, al estimar que su concesión no ha provocado daño alguno a los fondos públicos porque se está destinando a los fines para los que fue concedida.

Reacción de la compañía

El presidente de Plus Ultra Líneas Aéreas, Fernando García Mano, ha señalado este lunes en un comunicado que la decisión del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid “es un paso fundamental” para demostrar “la manipulación, las falsedades y los ataques” que está sufriendo la compañía, y ha solicitado que se la “deje de utilizar en una batalla política con la que no tiene nada que ver, y que está generando daños muy graves e injustos para la reputación de la compañía, de sus empleados y de algunos de sus miembros y accionistas”.