Cuando la muerte espera a pie de obra

“Nadie va a trabajar para matarse”, dice Manuel Prior, presidente de Avalto, una pequeña asociación de Toledo de víctimas de accidentes laborales. Con 23 años, su hijo Manuel tuvo esa desgracia cuando montaba un ascensor. “Le faltaban dos meses y dos semanas para cumplir 24″. La herida sigue abierta 19 años después de aquello. La empresa para la que trabajaba se saltó toda la normativa de seguridad, pero los propietarios, dos hermanos, se salvaron de la cárcel pese a una condena de 18 meses. Tampoco fue a prisión el encargado, condenado a 16 meses. Antes del juicio, el abogado de la empresa le...

“Nadie va a trabajar para matarse”, dice Manuel Prior, presidente de Avalto, una pequeña asociación de Toledo de víctimas de accidentes laborales. Con 23 años, su hijo Manuel tuvo esa desgracia cuando montaba un ascensor. “Le faltaban dos meses y dos semanas para cumplir 24″. La herida sigue abierta 19 años después de aquello. La empresa para la que trabajaba se saltó toda la normativa de seguridad, pero los propietarios, dos hermanos, se salvaron de la cárcel pese a una condena de 18 meses. Tampoco fue a prisión el encargado, condenado a 16 meses. Antes del juicio, el abogado de la empresa le dijo al de la familia: “Ya sabes cómo se arregla esto”. Ofreció dinero. “No se puede imaginar cómo me sentí. Pagar antes que cumplir con la prevención… puedo contar miles de anécdotas que ponen los pelos de punta”.

Enfermedades y traumatismos relacionados con el trabajo provocan la muerte de cerca de dos millones de personas al año en el mundo, según estimaciones de la OMS y la OIT publicadas el mes pasado con datos de 2016. El 80% se producen por enfermedades profesionales. En España desde 2017 se contabilizan entre 650.000 y medio millón de accidentes con baja cada ejercicio. La estadística anterior al año 2017 separaba los ocurridos en el lugar de trabajo con los in itinere, aunque sumados, muestran que desde hace diez años la curva de la siniestralidad más grave se mantiene casi plana con terribles consecuencias: vidas truncadas, cientos de miles de horas perdidas por absentismo y baja productividad. Sin embargo, el mensaje de que es más barato prevenir que curar parece que no cala. Ni siquiera la pandemia pudo con los accidentes mortales: en 2020 se registraron 634 fallecimientos, 73 más que un año antes, con 28 atribuidos a la covid. Casi dos muertes al día. Es paradójico: hubo más accidentes fatales en el año con menos actividad económica de la historia reciente. En un año donde, además, la siniestralidad global caía un 22% por el confinamiento.

El campo se ha llevado la peor parte, con un 61% más de muertes, y en la industria crecieron un 31%. “Esta pandemia ha traído una dejadez impresionante en prevención. Hay demasiados empresarios que han hecho de su capa un sayo para aprovechar el tirón y empeorar las condiciones laborales”, resume Prior.

Más allá del escenario pandémico, en CC OO vinculan la tendencia de la última década a la reforma laboral de 2012 sumada a un cóctel de circunstancias. “La reforma dificultó la capacidad de negociación en las empresas, se notó un tirón fortísimo de la carga de trabajo, cambiaron las relaciones laborales. También tiene que ver con lo que, en ese momento de crisis, los empleados estaban dispuestos a hacer por el miedo a perder el empleo”, observa Pedro Linares, que hasta la semana pasada era secretario confederal de Salud Laboral en el sindicato.

Desde UGT, el coordinador de la secretaría que lleva ese área, José de las Morenas, también ve una precarización clara desde 2012. “No olvidemos que hasta hace poco se permitía despedir objetivamente en función del número de bajas justificadas”. Otras voces cuestionan esa supuesta relación directa. Guillermo García, profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), pone el foco en la temporalidad, una rémora que arrastraba la economía mucho antes de la reforma del PP. “Las plantillas estables tienen menos accidentes. Si la próxima reforma ataca la temporalidad, teóricamente estos deberían descender”.

Una tendencia global

Con o sin cambios legislativos, los datos europeos han seguido la tendencia española: entre 2012 y 2018 se contabilizaron entre 1,8 y 1,9 millones de siniestros con bajas superiores a cuatro días, y los accidentes fatales apenas han descendido. Más allá del drama humano, es difícil saber cuánto cuestan a la sociedad. La OIT admite que no tiene estimaciones detalladas. La Comisión Europea calcula que suponen pérdidas de más del 3,3 % del PIB al año (alrededor de 460.000 millones euros en 2019). El marco estratégico 2021-2017 sobre esta cuestión aprobado la pasada primavera en Bruselas añade que, “aunque el coste para el bienestar sobre el que se sustentan estas cifras es incuantificable, por cada euro invertido en salud y seguridad en el trabajo la ganancia que obtiene el empleador es más o menos del doble”.

En España, la Inspección de Trabajo impuso en 2019 (últimos datos públicos) sanciones por valor de 62 millones de euros tras hacer 79.850 visitas e investigar 10.314 accidentes. En la mitad se constataron infracciones por parte de los empresarios. Unos empresarios que, a través de la CEOE, que contesta por correo electrónico, creen que mejorar la seguridad y salud en el trabajo “es una cuestión primordial”, y aseguran estar trabajando “intensamente, habiendo obtenido, en cómputo global, resultados positivos en los que a reducción de siniestralidad se refiere”.

Efectivamente, las cosas han mejorado si echamos la vista muy atrás, al último cuarto de siglo, gracias a una regulación que se ha ido endureciendo. El marco legislativo de la UE consta de una directiva marco y 24 directivas específicas elaboradas a lo largo del tiempo que han aumentado las exigencias, por ejemplo, en la protección frente a agentes cancerígenos y han multiplicado los protocolos de prevención en todos los sectores.

En España, el próximo 8 de noviembre la ley de prevención cumplirá 26 años. Fue un mecanismo fabuloso, coinciden la quincena de expertos consultados, para atajar malas prácticas y, sobre todo, forzó un cambio de mentalidad introduciendo una cultura preventiva obligatoria. “En estos años hemos ido de lo más urgente a lo más importante. Formación preventiva, vigilancia de salud, evaluación de riesgos… hemos interiorizado todas esas cosas, pero falta gente especializada en los retos del futuro”, proyecta García González. Esa ley, reclaman víctimas y sindicatos, muchas veces “no se cumple, o se cumple formalmente, con informes, pero no en su espíritu”, en palabras de Miguel Cruz, presidente de otra asociación de víctimas, esta de Córdoba, llamada Baela.

Lo primero que dijo la empresa IQOXE cuando dos explosiones reventaron su planta de Tarragona el año pasado fue que tenía todos los protocolos de seguridad al día. Tres personas murieron tras aquel suceso, una de ellas tras el impacto de una tapa que voló dos kilómetros y medio hasta caer en un domicilio particular del barrio de Torreforta. En sucesos similares el argumento principal de las empresas se repite: han contratado un servicio de prevención o cuentan con el suyo propio y tienen los papeles en regla. Pero como recuerda Mariano Sanz, secretario de la Confederación Nacional de Construcción, “la prevención no son los papeles”. O no solo. “Hay que actuar contra la falta de una cultura preventiva en la organización”.

Aunque parece que no es tan fácil. En el tablero del sistema preventivo juegan sus fichas las mutuas, los servicios de prevención, los comités de salud, la Seguridad Social, la Comisión Nacional de Seguridad y Salud (donde están comunidades autónomas y agentes sociales) y la Inspección de Trabajo. Esta última, por cierto, cuenta con 858 inspectores para todo el territorio y 173 subinspectores. Ana Ercoreca, la presidenta del sindicato de profesionales, no se cansa de pedir refuerzos: “No se pueden ampliar las competencias de la inspección sin más personal”. En Huesca, donde trabaja, cada mes se turna con sus compañeros para estar de guardia de forma ininterrumpida una semana completa. Porque además de los accidentes los inspectores tienen que supervisar, entre otras cosas, la aplicación de la subida del SMI, la transformación de 174.000 contratos temporales a fijos que se ha producido este año, el cumplimiento de medidas anti covid o los expedientes de la mano de obra extranjera. Con el añadido de que, “con las crisis se suelen poner más en peligro los derechos de los trabajadores”. Algo pasa, continúa, cuando de las 92 plazas que se ofrecieron en la última convocatoria de sus oposiciones solo se cubrieron 34, y cuando buena parte del personal administrativo pide traslados a otros departamentos.

Otro frente abierto que enfrenta a sindicatos y patronales está en los servicios de prevención. Obligatorios para las empresas con más de 500 trabajadores (y en algunos casos para las de 250 empleados), las centrales creen que mejorarían si fuesen asumidos internamente por más pymes, aunque tampoco parece haber una evidencia estadística que encuentre una correlación directa entre el modelo organizativo y la siniestralidad. ¿Equipos propios o subcontratados? “Si tienes el tuyo propio es mucho más fácil ajustar la prevención en la gestión ordinaria de la empresa”, cree Pedro Linares, “lo que ocurre es que en muchas ocasiones se externaliza sin más, incluso para actividades elementales. La actividad que se puede dar desde servicios de prevención ajenos es limitada, muy burocratizada y con muy poco trabajo técnico para modificar condiciones de trabajo. Porque además de evaluar se tienen que implantar medidas. Y normalmente no hacen un seguimiento de adaptación de los puestos de trabajo que pueden generar problemas”.

Desde la Confederación de la Construcción achacan muchos conflictos en su sector a subcontratas con una cultura preventiva más débil que las grandes corporaciones. “En una empresa principal hay técnicos, gente más preparada. Al plan de seguridad de cada obra que se tienen que adherir todas las empresas que participan. Supone una vigilancia que no se acaba nunca. Pero para las empresas pequeñas tener un servicio propio es casi imposible, tienen que acudir a uno ajeno”, explica Sanz. Por su parte, Cepyme, donde también contestan por correo electrónico, dice que las pequeñas sociedades contemplan la prevención como “una acción indispensable”, más allá de las obligaciones legales, pero recuerdan que “carecen de departamentos de recursos humanos especializados”, por eso “la prevención se suple con empresas especializadas en estas cuestiones”.

En cuanto a las mutuas, es un sector en plena ebullición que factura unos 20.000 millones de euros y cuenta con más de 1.000 centros en España, según una recopilación realizada por la publicación Planta Doce. Financiadas con las aportaciones por contingencias profesionales y comunes que realizan empleados y empresas, son asociaciones privadas de empresarios que colaboran con la Seguridad Social y la bestia negra de muchos accidentados que reclaman el reconocimiento de lesiones o enfermedades. Su poder de mercado crece. “Estamos viendo procesos de fusión que habría que seguir”, advierte De las Morenas. Se refiere al reciente anuncio de Activa Mutua, que quiere unirse a Umivale para conseguir una mutua que facture unos 1.100 millones de euros y 1.600 empleados. El resto del sector, encabezado por Fremap, Asepeyo, Ibermutua y Mutua Universal, podría empezar a moverse. Consultada, la asociación nacional que las aglutina, Amat, rechaza hacer valoraciones sobre su papel. Las grandes mutuas, preguntadas, también callan. “Hay una comisión de control específica para las mutuas, pero los sindicatos solo tenemos acceso a información, no a la gestión”, protesta el representante de UGT.

Mucho dinero en juego

Las sanciones también forman parte de este universo preventivo. ¿Son escasas? A partir de este octubre se incrementan en un 20%: las impuestas en accidentes graves van de 2.451 euros a 49.180 y las muy graves pueden llegar a 983.736 euros. Esa sería solo una parte del dinero que tienen que pagar las empresas incumplidoras ante un siniestro. Desde el despacho de abogados Labor Matters enumeran otros riesgos y contingencias a los que se enfrentan: la falta de medidas de seguridad en un accidente puede hacer que las prestaciones que paga la Seguridad Social se incrementen con cargo a la empresa entre un 30% y un 50% como compensación al empleado. Y ese recargo no puede ser asegurado con ninguna compañía previamente. El trabajador también puede reclamar una indemnización por responsabilidad civil, —esta sí—, abonada por la aseguradora de la empresa, que a su vez puede haber contratado una póliza con franquicia y debe pagar la diferencia.

En determinadas ocasiones, además, los convenios colectivos recogen complementos monetarios para los accidentes de trabajo. Eso sin contar con las responsabilidades penales para los directivos (la Fiscalía tiene un cuerpo especializado en estos delitos). Aun así, hay quien piensa que es insuficiente. “No he visto ningún empresario en la cárcel por temas de prevención, lo solucionan todo con indemnizaciones”, protesta desde CC OO Andalucía Pepe García Casas, responsable de Salud Laboral. “¿Es concebible que a estas alturas un trabajador se suba a una cubierta, se caiga y se mate?”. En esa comunidad contabilizan 104 muertos hasta octubre. “Son datos escalofriantes, demoledores”.

También lo son otros riesgos que no se ven. Gracias a un nuevo criterio técnico, el Ministerio de Trabajo va a empezar a exigir evaluaciones psicosociales para valorar la salud mental de las plantillas, un problema que se ha agravado con la pandemia. Desde el despacho Ceca Magán, el abogado Luis Pérez Juste cree que en los próximos años veremos muchas demandas relacionadas con el estrés, la ansiedad, problemas provocados por falta de descanso entre jornada y jornada, situaciones de acoso o con el derecho a la desconexión digital.

Enfermedades invisibles

Un accidente ocurre en un espacio y un tiempo fáciles de determinar. Una enfermedad puede deteriorar un cuerpo en años o décadas. El cáncer es la causa principal de la mortalidad laboral en la UE, según la Comisión Europea. “Se calcula que los agentes carcinógenos contribuyen a unas 100.000 muertes laborales por cáncer en el lugar de trabajo al año”, se lee en la estrategia de prevención europea. La exposición al amianto se cobra unas 88.000 vidas y representa entre el 55% y el 85% de los casos de cáncer de pulmón desarrollados en el trabajo. La mortalidad asociada a esta exposición probablemente seguirá aumentando hasta que acabe la próxima década, pero en España solo se reconocen unos 50 casos de cánceres profesionales al año. Y evidentemente hay muchísimos más. La consecuencia es que, como con muchas enfermedades profesionales, es el Sistema Nacional de Salud el que acaba atendiendo casos que se derivan como enfermedad común sin que las mutuas reconozcan su vinculación con el puesto de trabajo. “Hay mucho infradiagnóstico. Para que se reconozca una enfermedad tienes que demostrar al 100% que la has contraído por el trabajo. Un caso claro es la covid: es imposible que haya tan pocas personas afectadas” (13.454 bajas, un 3% del total de 2020, solo reconocidas para el personal de centros sanitarios y sociosanitarios), señala el presidente de Baela.

España se enfrenta a grandes retos que seguramente generarán nuevos problemas de salud en la oficina. Algunos peligros corporativos del mañana son viejos conocidos. Los trastornos musculoesqueléticos son ya la primera causa de discapacidad, de acuerdo con la OMS. El problema es que no suelen estar relacionados con una sola causa, sino con una combinación de factores físicos, psicosociales, organizativos e individuales. La digitalización está obligando a revisar la directiva europea de lugares de trabajo en los puntos relativos a las pantallas de los ordenadores. La transformación verde también trae regalos envenenados. Hay datos científicos nuevos que recomiendan que se deben revisar los valores límite del plomo o fijarse topes, en el caso del cobalto: son dos sustancias peligrosas que se utilizan en energías renovables y en la producción de baterías.

Los fondos europeos también prometen una explosión de las obras de rehabilitación para que los edificios ganen eficiencia energética en el contexto del Pacto Verde. Y aunque no se puede producir ni usar en la UE, el amianto sigue ahí, en las uralitas de los tejados antiguos, esperando a ser retirado, pero no por manos inexpertas. Y el riesgo es evidente: en el boom inmobiliario de 2006 había 2,4 millones de trabajadores en la construcción. Ahora hay 1,3 millones, y el sector calcula que necesitará otros 700.000 para responder a la demanda que se avecina. Una avalancha de contratación de personas poco formadas puede ser fatal si el sector no tiene la fuerza suficiente para formar a las plantillas. Se multiplicarían desgracias como la que vivió Manuel Prior y que le gustaría poder borrar. “Si me dicen que pactando con el diablo se acaban los accidentes laborales, mañana mismo firmo”.