Díaz acelera la norma para evitar que las empresas absorban la subida del salario mínimo con la eliminación de pluses

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha recibido este martes el informe que había encargado a un grupo de expertos para determinar cuánto debe subir el salario mínimo interprofesional para alcanzar el 60% del salario medio neto. El texto, como adelantó EL PAÍS el jueves, recomienda un alza de un 3,1%, hasta 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas, si el SMI, como hasta ahora, no tributa (17.094 euros al año); y un 4,7% hasta 1.240 euros mensuales (17.360 euros anuales) si sus perceptores empiezan a aportar al IRPF. Ambos porcentajes superan la evolución de los precios, un 2,7% en el promedio de los últimos 12 meses. Aprovechando el acto de la recepción del informe, Díaz ha contado que su ministerio ya ha sacado a consulta pública previa la tramitación de la norma con la que pretende evitar que las empresas puedan absorber el incremento del SMI mediante la eliminación de complementos salariales.

El texto en consulta pública aún no está articulado, pero es un paso previo clave para sacar adelante el reglamento. Se trata de la trasposición de la directiva europea sobre salarios mínimos, donde se incluiría el cambio sobre los complementos. “La regulación legal española debe ser objeto de desarrollo para cumplir con la totalidad de los objetivos prescritos en la norma europea en materia de negociación colectiva informada, afectación de las reglas de compensación y absorción en los complementos salariales, valores de referencia indicativos, órgano consultivo de asesoramiento y tasa de cobertura”, dice el texto en el apartado sobre el objetivo de la norma.

Trabajo anticipa una cruenta batalla con CEOE sobre esta modificación, que los sindicatos la consideran imprescindible para apoyar el incremento del SMI en 2026. La patronal ya ha advertido de que pretende plantar cara en los juzgados ante el cambio, que el ministerio sacará adelante mediante un decreto. Así, considera Trabajo, no necesitará convalidación parlamentaria. Los empresarios creen que esa modificación invadirá terreno legislativo, y será unos de sus argumentos para impugnarla. “Si un trabajador cobra un plus de peligrosidad, este plus no puede desaparecer cuando sube el salario mínimo. Lo vamos a blindar legalmente”, ha dicho Díaz, que también ha especificado que este decreto irá por separado respecto al del incremento del suelo salarial.

Debate tributario

Antes de la publicación del informe, el Ministerio de Hacienda precisó a este periódico que baraja incrementar un año más la deducción en el IRPF diseñada para los perceptores del SMI, un mecanismo fiscal que nació el año pasado como fórmula de consenso tras la dura disputa interna en el Gobierno sobre si el SMI debía tributar o no.

Este viernes, Díaz no ha opinado sobre esta posibilidad ni ha especificado si prefiere que suelo salarial tribute o no, aunque históricamente ha defendido la exención porque, en su opinión, la reforma fiscal debería empezar “por los de arriba”. Desde el Ministerio de Trabajo insisten en que la competencia sobre este cambio corresponde a Hacienda y esperan que María Jesús Montero decida antes de que empiece la negociación con los agentes sociales. Fuentes de Trabajo transmiten que en función de la decisión tributaria de Hacienda, el ministerio defenderá la cifra del 3,1% o la del 4,7%.

El debate sobre la tributación del SMI se debe al impulso de la prevalencia de este nivel retributivo en España. Como el salario mínimo ha crecido tanto en los últimos años —un 61% desde 2018, de 736 a 1.184 euros brutos al mes en 14 pagas en 2025— a la par aumenta el volumen de trabajadores que no aportan al IRPF. Los sindicatos apoyan la tributación y la patronal, de momento, no se pronuncia. Tampoco lo hacen PP y PSOE, consultados por este periódico, pero sí apoyan la exención Vox y Sumar.

“Herramienta contra la desigualdad”

El SMI actual es de 1.184 euros brutos al mes y 16.576 euros anuales, nivel al que llegó tras el incremento de 2025, de 50 euros mensuales y 700 euros al año. Esa fue precisamente la recomendación de los expertos en la banda alta del último informe, lo que muestra la influencia de este documento en la decisión final del ministerio. Díaz ha dicho que las subidas del SMI le han sentado “muy bien” a España. “Es la herramienta más importante para reducir la desigualdad y cambiar la estructura económica del país”, ha agregado la vicepresidenta segunda.

Con la presentación de este informe se da el pistoletazo de salida a la negociación del ministerio son sindicatos y patronales, que definirá la cifra final. UGT y CC OO anunciaron que propondrán un incremento del salario mínimo del 7,5%, hasta 1.273 euros brutos al mes repartidos en 14 pagas, mientras que CEOE plantea un alza del 1,5%.

Díaz ha embestido con fuerza contra el presidente de la patronal por esta propuesta, inferior a la inflación. “Lamento que el señor Garamendi anteponga la reelección de su candidatura a CEOE, que la tiene en unos meses, a hacer el bien para su país. Lo siento muchísimo. Está haciendo campaña. No está centrado en el diálogo social”, ha dicho la responsable de Trabajo, sumándose a una línea argumental que ya venía verbalizando su mano derecha en el ministerio, Joaquín Pérez Rey.

Tras anunciar que continuará la negociación sobre permisos de fallecimiento y de riesgos laborales sin la patronal y solo con los sindicatos, dado el rechazo empresarial a las modificaciones que propone Trabajo, el secretario de Estado de Trabajo también relacionó la posición negociadora de CEOE con sus procesos internos. Los empresarios vienen acusando a Díaz de la misma estrategia, pero vinculada a sus batallas en el seno de la izquierda.

CC OO y UGT han respaldado los seis incrementos del salario mínimo que ha impulsado Yolanda Díaz desde que es la responsable de Trabajo. La patronal solo apoyó el primero, el que elevó la cifra a 950 euros en 2020. Según las estimaciones que hizo el Gobierno, el último incremento del salario mínimo benefició a 2,4 millones de personas, el 66% de ellas mujeres y el 27%, jóvenes de entre 16 y 24 años. Por ramas de actividad, según los cálculos del Ejecutivo, el 31% de las personas beneficiarias trabajaba en el campo, pese a que su peso real en el mercado laboral es del 3,5%.

Diferencias metodológicas

La comisión de expertos, en sus cálculos, parte de la Encuesta de Estructura Salarial de 2022 y actualiza esos datos con otras estadísticas salariales más recientes, un criterio que no compartían dos de los 12 expertos participantes. Son los representantes del Ministerio de Hacienda y el de Economía, que elaboraron un voto discrepante, pero que finalmente no ha formado parte del texto del informe. “El Gobierno está en este informe”, ha dicho al respecto Díaz, sin referenciar específicamente la polémica.

Economía y Hacienda consideraban que el informe prescinde injustificadamente del dato más reciente de salario medio bruto publicado por el INE, recogido en la Encuesta Anual de Estructura Salarial de 2023. Trabajo defendió este jueves el método elegido por la comisión y cargó contra los ministerios dirigidos por Carlos Cuerpo y María Jesús Montero.