Patronal y sindicatos del metal renuncian a un plan de pensiones colectivo para más de un millón de trabajadores

Los cerca de 1,2 millones de trabajadores de la industria del metal no tendrán finalmente un plan de pensiones colectivo en su nuevo convenio sectorial, según confirman fuentes de la negociación del futuro acuerdo. El metal iba a ser el segundo gran sector económico, después de la construcción, que suscribiera unos de estos planes por convenio, de forma que todas las empresas y trabajadores tuvieran que destinar una pequeña parte del salario a una pensión privada. Tras cerca de dos años de negociaciones, la propuesta ha sido desterrada de la mesa donde se debate el texto.

El plan de pensiones de empleo sectorial se iba a incluir en el texto que sustituirá al Convenio Colectivo Estatal de la Industria, las Nuevas Tecnologías y los Servicios del Sector del Metal, que terminó su vigencia en diciembre de 2023 y está vigente en ultraactividad desde entonces. Pero justo antes de las vacaciones de verano, la patronal, que era la que había hecho la propuesta formal para incluir la creación del plan, retiró la iniciativa. Este movimiento estuvo motivado, sobre todo, por el rechazo del sindicato CC OO y por las críticas internas que habían empezado a surgir también en la patronal.

Desde el principio de las conversaciones, la Federación de Industria de CC OO ha sido reacia a incluir los planes en el convenio colectivo sectorial. Los justificaban, en primer lugar, por la heterogeneidad del sector respecto al tipo y tamaño de las empresas. Y, en segundo lugar, porque en el convenio estatal del metal no se fijan los salarios, que son un elemento importante para definir las aportaciones al plan de pensiones. El sector fija sus retribuciones a través de los convenios provinciales y de empresa.

Según ha defendido CC OO, sería “poco razonable” que en el convenio estatal no se negociara el incremento salarial, pero sí se pudiera acordar qué porcentaje se tiene que detraer para la financiación del plan o fondo de pensiones de los trabajadores. De hecho, fuentes cercanas a la negociación apuntan que ha sido clave que la fijación real del aumento de los salarios se discuta en los 50 convenios provinciales, más los de las ciudades de Ceuta y Melilla. “Cuando hay tantos agentes implicados, tanto por parte de sindicatos como por las patronales, es muy difícil que salga adelante una cuestión así”, explican.

Además, el diseño del plan propuesto por Confemetal también había empezado a generar críticas internas. La patronal pretendía una aportación “mínima” de la empresa los tres primeros años, para después pasar a aportaciones neutras de empresas y trabajadores, que podrían ser mejoradas en los convenios provinciales. De ahí que, la cúpula de la organización haya decidido retirar la iniciativa y abrir una comisión para estudiar cómo implantarla a futuro, según algunas fuentes consultadas.

Los planes sectoriales son uno de los elementos que el Gobierno quiso impulsar con la reforma de la legislación sobre planes de pensiones de 2020. Siendo entonces ministro del ramo el actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, se crearon las figuras de los planes de pensiones simplificados —pensados para extender esta modalidad de ahorro a pymes y autónomos— y de los planes de pensiones de empleo de promoción pública, donde el Gobierno tenía una mayor capacidad de control, pero que no han llegado ni a arrancar por el desinterés que generan.

La construcción, en solitario

En el caso de la construcción, el primer y único gran convenio sectorial que ha pactado un ahorro colectivo, los agentes sociales optaron por utilizar la figura del plan de pensiones simplificado y otorgarle a Vidacaixa (la filial aseguradora de CaixaBank) el mandato para que lo gestionara. El objetivo es que llegue a cubrir a más de un millón de asalariados y a 400.000 autónomos. Se calcula que en un plazo de 10 años alcanzará un volumen de unos 3.000 millones de euros.

En los meses siguientes al lanzamiento del plan de la construcción, otros sectores de actividad (metal, grandes almacenes o agencias de viajes, entre otros) empezaron a debatir sobre la adopción de este tipo de figura para completar la pensión pública de jubilación. Sin embargo, el interés inicial se ha ido desinflando.

El Gobierno considera que fomentar la previsión social complementaria en el ámbito de la negociación colectiva es la mejor fórmula para extenderla, pero por ahora no ha tenido mucho éxito. Para hacerla más atractiva, comparativamente, fijó hace cuatro años un tope máximo de aportación a planes de pensiones individuales de 1.500 euros al año, mientras que en los planes colectivos (también llamados planes de empleo) se puede llegar a 8.500 euros. La gran diferencia entre los dos modelos es que en los planes colectivos es la empresa la que los constituye y hace aportaciones a favor de sus trabajadores. En ambos casos, el importe puede descontarse de la base imponible del IRPF, con lo que se aligera la factura fiscal.

Mariano Jiménez, presidente de la asociación de consultores de pensiones Ocopen y uno de los mayores expertos del país, cree que ante estas dificultades para extender los planes colectivos, se debería “reabrir el debate sobre la constitucionalidad de lo que llamamos la autoadscripción, esto es, que todas las empresas tuvieran la obligación de tener un fondo de pensiones y de proponerles a sus trabajadores pagarles una parte de su salario a ese plan, aunque luego el trabajador siempre tuviera la potestad de salirse del plan y cobrar en efectivo”.

De acuerdo con los últimos datos disponibles, en España hay 131.000 millones de euros en planes de pensiones, de los que solo el 30% está en planes colectivos. El número de partícipes estimado se sitúa en torno a ocho millones de personas, de las que tres millones están en planes de empleo. Desde hace años, sale más dinero del que entra en estos vehículos: las nuevas aportaciones no compensan los reembolsos que se producen cuando los trabajadores se jubilan y ya pueden disponer de ese capital.

Jiménez, de Ocopen, también pide que las Administraciones Públicas y empresas públicas que tienen congelados sus planes colectivos para funcionarios desde 2012 “den ejemplo y vuelvan a aportar dinero”.