El Gobierno ampliará el bono de alquiler joven a 300 euros mensuales y ampliará la duración hasta cuatro años

El Gobierno ha lanzado este miércoles a audiencia pública, un día después de avanzar sus grandes líneas, el proyecto de real decreto que regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, un documento de 90 páginas que fija las condiciones, requisitos y compromisos que marcarán la política de vivienda en España durante los próximos cinco años. Se trata del primer plan diseñado bajo el paraguas de la Ley de Vivienda de 2023 y el texto insiste en que supone un cambio de paradigma: la vivienda se incorpora como quinto pilar del Estado del Bienestar, junto a la sanidad, la educación, las pensiones y la dependencia. El plan, entre otras medidas, amplía a 300 euros mensuales el bono del alquiler y otorga un descuento de 28.800 euros en el precio final de un piso protegido en alquiler con opción a compra.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana explica en el texto que el proceso de aprobación busca un acuerdo con las autonomías para su desarrollo. Las aportaciones al plan podrán realizarse hasta el día 7 de octubre, aunque el Ejecutivo ya avanza las que serán las principales líneas: pasar de una concepción de la vivienda como un bien sujeto al mercado a un parque público y protegido permanente, concebido como ”herencia de quienes no tienen herencia“.

El borrador parte de un diagnóstico severo sobre el mercado residencial. Más de una década de parálisis en la construcción tras el reventón de la burbuja inmobiliaria, sumada a la escasez de mano de obra cualificada y de suelo finalista, ha generado un déficit estructural que el Banco de España cifra en más de 400.000 viviendas. Al mismo tiempo, el crecimiento demográfico ha intensificado la presión sobre un parque en el que proliferan las viviendas turísticas y los alquileres temporales, que reducen la oferta permanente. El resultado es un precio medio que en junio de 2025 alcanzó los 1.906 euros por metro cuadrado, un 8% más que un año antes y por encima en términos nominales del máximo registrado en 2007. Según los datos que aporta el documento, los hogares destinan más del 35% de su renta a la vivienda y el 38,6% soporta una carga superior al 40%.

El plan reconoce que los jóvenes son los grandes damnificados. Solo el 14,6% de quienes tienen entre 16 y 29 años están emancipados, frente al 32% de la media europea, y la edad de salida del hogar se sitúa cada vez más lejos, en los 30 años. Para responder a este problema se refuerza la ayuda al alquiler juvenil, que se eleva a 300 euros al mes ―200 euros si es para una habitación― frente a los 250 actuales y que podrá recibirse por el plazo de dos años, como hasta ahora, pero con otros dos prorrogables. Se flexibilizan también los requisitos: el precio del alquiler deberá ser inferior a 1.000 euros mensuales, y en el caso de habitaciones, de 600, duplicando el umbral vigente. Aunque con condiciones: no podrán solicitarlo quienes dispongan de una propiedad ni quienes residan en un inmueble alquilado a un familiar directo.

También se introducen fórmulas de apoyo a la compra en municipios de menos de 10.000 habitantes, con hasta 15.000 euros por operación ―siempre que no supere el 20% del precio total y que el inmueble se destine a residencia habitual―. Se fija un precio máximo de 300.000 euros, que varía según la región. A ello se suma la ayuda en el alquiler con opción a compra para viviendas de protección oficial, como anunció Pedro Sánchez este lunes. Esta propuesta se diseña como un descuento equivalente a las rentas pagadas mes a mes, con un tope de 28.800 euros. Dicha rebaja se aplica al precio final si los inquilinos deciden comprar la vivienda, y la cantidad la asumen las Administraciones públicas.

El documento también amplía la cobertura para colectivos vulnerables. Se establecen ayudas que pueden cubrir hasta el 100% del alquiler y prolongarse durante cinco años para víctimas de violencia de género, personas en especial situación de vulnerabilidad o que hayan sido desahuciadas. El apoyo puede incluir también gastos de comunidad, suministros e internet, con abono directo al propietario o gestor de la vivienda. Precisamente este miércoles, el INE ha difundido que España registró entre abril y junio 4.133 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas. Esto supone un incremento considerable de estos procesos, que crecen un 20,5% respecto al primer trimestre y un 27,8% en términos interanuales.

La estructura financiera del plan también marca un hito. Se prevé un presupuesto de 7.000 millones de euros, un 135% más que el plan anterior, con un reparto del 60% a cargo del Estado y del otro 40% a cargo de las autonomías ―que son responsables de la gestión directa de las ayudas al tener las competencias―. Se introduce una distribución mínima de esos fondos: un 40% deberá destinarse a incrementar la oferta de vivienda pública y asequible, un 30% a rehabilitación, y otro 30% a reducir la tasa de esfuerzo en el pago de la vivienda y a la emancipación juvenil.

Uno de los aspectos más subrayados es el blindaje de la vivienda protegida. Las promociones financiadas con fondos del plan deberán mantener la condición de protegidas de manera indefinida, algo inédito en la política de vivienda española. En el caso de vivienda pública, los inmuebles deberán destinarse al alquiler durante al menos 50 años, con precios limitados desde el primer año en función de la superficie útil.

La ejecución del plan se articulará a través de convenios bilaterales entre el departamento que dirige Isabel Rodríguez y las comunidades, que deberán fijar objetivos, indicadores, compromisos de gestión y mecanismos de seguimiento. El texto obliga a registrar toda la información en una plataforma común, con actualizaciones continuas sobre solicitudes, beneficiarios, suelo y datos económicos. Las autonomías deberán remitir informes trimestrales y uno anual, y el ministerio podrá retener o reasignar fondos en caso de incumplimientos.

Otra de las novedades es la creación de una base de datos nacional de contratos de arrendamiento. Para acceder a cualquier ayuda al alquiler financiada con este plan, los arrendadores estarán obligados a depositar la fianza en la administración autonómica y remitir los datos al ministerio. En las comunidades que aún no dispongan de registro de fianzas se suspenderá la ayuda si no lo implementan en el plazo de un año.