La población en riesgo de pobreza cae a mínimos desde 2008 tras la recuperación de la renta de los hogares tras la crisis inflacionaria

La economía española exhibió una sorprendente fortaleza durante el año pasado. La actividad económica avanzó un 3,2%, el mayor crecimiento de entre los grandes países europeos. Al calor del buen momento económico se recuperaron las rentas de los hogares tras el golpe de la inflación de años anteriores. En ese contexto, España registró en 2024 el nivel más bajo de población en riesgo de pobreza desde el estallido de la crisis financiera de 2008. Así lo refleja la Encuesta de Condiciones de Vida, publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La tasa de personas en riesgo de pobreza se ha reducido al 19,7%, un descenso significativo desde el 20,2% registrado en 2023 y muy por debajo del pico alcanzado en 2016, en plena resaca de la crisis económica. A pesar de esta fuerte mejora, la carencia material y social severa afectó el año pasado al 8,3% de los españoles, situándose así en el mismo nivel que en 2021.

La fuerte caída sobre el total de población en riesgo de pobreza supone un respiro tras años de incertidumbre marcados por la pandemia y el golpe inflacionario posterior, que elevaron los niveles de precariedad en el país. Durante la crisis sanitaria, las restricciones económicas y la contracción del mercado laboral elevaron la tasa hasta el 21,7% en 2021. A ello se sumó el impacto de la inflación, que en 2023 empujó los índices por encima de los niveles previos a la crisis sanitaria.

Sin embargo, el último año ha sido testigo de una notable mejora en la situación económica del país. El crecimiento del Producto Interior Bruto en 2024 ha superado las expectativas, impulsado por la recuperación del turismo que registró niveles récord, el dinamismo del sector servicios y la estabilidad del mercado laboral. La tasa de desempleo, históricamente uno de los principales lastres de la economía española, ha seguido una senda descendente hasta situarse por debajo del 11% por primera vez en 16 años. A esta disminución se suma un recorte en el número de hogares con todos los miembros en paro y un aumento en aquellos con todos los integrantes ocupados, lo que ha facilitado la inclusión económica de las familias más vulnerables.

Las políticas públicas también han jugado un papel clave en este cambio de tendencia. El incremento del salario mínimo interprofesional, que en los últimos años ha experimentado un alza progresiva, ha contribuido a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores con ingresos más bajos. Asimismo, el refuerzo del sistema de protección social, con programas como el Ingreso Mínimo Vital y el aumento de las ayudas a familias con hijos, ha permitido mitigar el impacto de la inflación.

A pesar de estos avances, todavía hay una cuarta parte de la población que tiene grandes problemas para llegar a fin de mes. El nivel de pobreza y exclusión social ―medida a través del indicador AROPE― se sitúa en el 25,8% de la población, lo que refleja la persistencia de desigualdades, pese a ser la mejor tasa en una década. Este indicador incluye a toda la población que se encuentra, al menos, en alguna de las siguientes situaciones: en riesgo de pobreza, en carencia material y social severa o desempleados, donde se incluye a las personas que trabajaron menos del 20% de su potencial de trabajo en el año.

Bajo estos tres supuestos, se observa que todavía un 8% de la población registra una baja intensidad en el empleo, pese a ser el nivel más bajo de la serie histórica, que empieza en 2014 después de que el centro de estadística y Eurostat ajustaran la definición del indicador AROPE. A ello se suma un 19,7% que está en riesgo de pobreza, es decir, que tienen unos ingresos anuales inferiores a la media de las personas que tienen un hogar similar (con datos de renta de 2023). Por último está el 8,3% de los españoles que viven una carencia material y social severa. Pese a suponer una caída de siete décimas respecto a 2023, no es el nivel más bajo registrado.

Todas las personas que agrupa este último supuesto sufren al menos siete de las 13 limitaciones que contempla la encuesta. Esto significa que no pueden permitirse vacaciones al menos una vez al año; una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días; mantener su casa a una temperatura adecuada o conexión a internet; tener dinero para afrontar imprevistos; haber sufrido retrasos con el alquiler, la hipoteca o compras aplazadas; no tener un coche ni poder sustituir los muebles o la ropa dañada; no tener dos pares de zapatos y no poder reunirse con amigos al menos una vez al mes ni poder gastar una parte de sus ingresos en uno mismo. Es significativo que el 35,8% de los hogares no pudieron afrontar gastos imprevistos en 2024 ―una leve disminución respecto al 37,1% de 2023― y un 33,4% se quedó sin vacaciones, lo que supone un aumento de tres décimas respecto a 2023.

Por colectivos, el colectivo que más está en riesgo de pobreza y exclusión social es el de los menores de 16 años, con un 34,7% sobre el total. En un año la cifra ha subido cuatro décimas y supone el nivel más alto de la serie. Por el contrario, redujo casi un punto y medio para los mayores de 65 años, hasta situarse en el 19,5%. La pobreza infantil también aumentó y se situó por encima del 29%, por lo que “es urgente que el Gobierno ponga en marcha medidas más ambiciosas y efectivas con perspectiva de infancia, como por ejemplo una prestación universal para la crianza o incrementar las cuantías del Complemento de Ayuda para la Infancia”, según ha señalado en un comunicado Plataforma de la Infancia, que a su vez agrupa a 74 organizaciones.

Además, se observan fuertes tendencias regionales. Por un lado está la zona rural, en la que persisten los niveles más altos de pobreza, y del otro lado está la zona industrial y con una alta concentración de población extranjera residente. De esta forma, Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia, registraron tasas AROPE superiores al 30%, mientras que en el País Vasco no llegó ni al 15%, mientras que en Islas Baleares y Navarra se situó en el 16% y 18%, respectivamente.