Madrid y Cataluña perderán casi 1.300 millones cada una si fracasa la nueva senda fiscal

El Congreso someterá a votación en los próximos días la senda de estabilidad que el Gobierno aprobó hace un par de semanas en Consejo de Ministros, la cual establece los objetivos de déficit para comunidades autónomas y entidades locales para el periodo 2025-2027. Este trámite es crucial para la elaboración del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) en el que trabaja el Ejecutivo para el año próximo, ya que define alg...

El Congreso someterá a votación en los próximos días la senda de estabilidad que el Gobierno aprobó hace un par de semanas en Consejo de Ministros, la cual establece los objetivos de déficit para comunidades autónomas y entidades locales para el periodo 2025-2027. Este trámite es crucial para la elaboración del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) en el que trabaja el Ejecutivo para el año próximo, ya que define algunas de las principales magnitudes sobre las que se sustentan las cuentas públicas. Sin embargo, hay serias dudas sobre si la referencia logrará el respaldo necesario. Y no es para menos: se trata de la misma que fue rechazada en la Cámara baja a finales de julio por el PP, Vox y Junts, y que ahora se vota en un contexto de tensas relaciones del Gobierno tanto con la oposición como con algunos de sus potenciales aliados. En La Moncloa saben lo que se juegan y, ya sea para convencer o presionar, han calculado el impacto negativo que tendría un nuevo bloqueo en comunidades y ayuntamientos. En Madrid y Cataluña superaría los 1.300 millones de euros en cada una, mientras que en las dos grandes ciudades sería de unos cientos de millones.

El Ejecutivo ha hecho números y ha decidido poner toda la presión sobre la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo, que gobierna la gran mayoría de los territorios españoles desde las elecciones del 28 de mayo de 2023. Para ello, recuerda que si la nueva senda no sale adelante entrará en vigor la última vigente, que es mucho más estricta con ayuntamientos y comunidades. En concreto, según cálculos que trasladan fuentes del Ministerio de Hacienda, el margen fiscal que ambos subsectores perderían en 2025 y 2026 rozaría los 12.000 millones de euros. Por eso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recordó esta semana tras su reunión con los diputados y senadores del PSOE que si el PP bloqueaba la nueva ruta estaría obligando a sus barones territoriales a perder miles de millones para inversiones en servicios públicos. “No tiene sentido que el PP rechace una senda que beneficia claramente a los territorios donde ellos gobiernan”, abundó unos días antes la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de nuevo sin mencionar a Junts.

Todo se explica por los vaivenes que ha vivido en los últimos meses la senda de estabilidad. La que ahora propone el Gobierno marca que los números rojos del conjunto del sector público no puedan superar el 2,5% del PIB el próximo ejercicio, el 2,1% en 2026 y el 1,8% en 2027. En este reparto —sin contar con la Administración central y la Seguridad Social—, las comunidades tendrían que registrar un déficit del 0,1% en cada uno de estos tres años, mientras que las entidades locales deberían lograr el equilibrio presupuestario. Son objetivos, explican desde Hacienda, más benevolentes con autonomías y ayuntamientos, a los que se les da más margen fiscal: la senda anterior, que previsiblemente entraría a funcionar si la nueva se rechaza, preveía que las primeras cerraran tanto 2025 como 2026 con un superávit del 0,1%, mientras que las segundas tendrían que registrar un ahorro del 0,1% en 2025 y del 0,2% en 2026. Es decir, ahora se ofrece más margen para unas y otras.

En números, insisten desde el Gobierno, la pérdida de esta capacidad fiscal adicional tendría un impacto de 3.332 millones para las autonomías en 2025 y de 3.482 millones en 2026. Un total de 6.814 millones. En el caso de los ayuntamientos, sería de 1.666 millones y de 3.482 millones, respectivamente, hasta los 5.148 millones. Los territorios más perjudicados, dentro de las 15 autonomías de régimen común, serían Madrid y Cataluña, con casi 1.300 millones de impacto cada una. Le seguirían Andalucía (886 millones) y Comunidad Valenciana (622 millones), mientras que a la cola estarían Extremadura, Cantabria y La Rioja, en un abanico que se mueve entre los 110 y los 47 millones de euros en el conjunto del periodo. Si se mira a las ciudades, Madrid tendría casi 305 millones menos de margen. A continuación estarían Barcelona, con 185 millones, y Valencia y Sevilla, con 58 y 51 millones.

En el PP, al menos por ahora, no ha surtido efecto la presión: aseguran que volverán a rechazar la senda y replican al Gobierno que hable con los socios de la investidura para sacar adelante los objetivos, en clara referencia a Junts. “El Gobierno eligió un camino y unos socios. Que hable con los socios de la investidura”, recalcó el viernes el vicesecretario de Política Autonómica de la formación, Elías Bendodo, en Córdoba. Además, según trasladan fuentes del partido, dudan de que el Ejecutivo pueda “imponer” la senda vigente en el caso de que la nueva sea rechazada.

En diciembre del año pasado, con varios meses de retraso debido a las elecciones del 23 de julio y las dificultades para formar Gobierno, Hacienda inició el proceso para aprobar las cuentas de 2024 con los mismos objetivos para los subsectores de la Administración por los que ha apostado ahora. Este plan pasó el trámite del Congreso con los votos que sustentaron la investidura de Sánchez, pero fue tumbado después en el Senado gracias a la mayoría que ostenta el Partido Popular, por lo que el proceso quedó en punto muerto. Para intentar salvar los muebles, el Gobierno sacó a la luz un controvertido informe de la Abogacía del Estado que le permitiría imponer la senda de estabilidad previa en caso de bloqueo parlamentario y así despejar el camino, pero el clima político con la negociación de la amnistía en Cataluña llevó al Ejecutivo a renunciar a unos Presupuestos para 2024.

Meses después, el Gobierno coló en la Ley de Paridad una enmienda que eliminaba la capacidad de veto del Senado y que permitiría que la senda planteada entrara en vigor con la mayoría simple del Congreso, a priori asegurada por los socios de la investidura. Sin embargo, el pulso entre el PSOE y Junts fue cogiendo fuerza tras los resultados de las elecciones catalanas y, el pasado julio, el partido de Puigdemont bloqueó los objetivos de déficit, esta vez en la Cámara baja. Así, el Gobierno se encontró con un nuevo rechazo. Si la semana que viene hay nuevo bloqueo, el Gobierno asegura que hará uso del informe de la abogacía y que presentará en el Congreso un proyecto de cuentas públicas que se sustentaría sobre los objetivos fiscales vigentes.