Trabajo eleva el tono contra la CEOE por su rechazo a la reducción de jornada: “Es una burla”

“Con total transparencia y sinceridad, la posición de la patronal ha dejado mucho que desear. Ha sido decepcionante. Es una especie de burla al diálogo social, que después de meses y meses [la negociación empezó el 25 de enero] trabajando ahora veamos este descuelgue de la patronal española. Es una burla democrática. ¿Nos dice la CEOE que el Gobierno tiene que incumplir su compromiso con los ciu...

“Con total transparencia y sinceridad, la posición de la patronal ha dejado mucho que desear. Ha sido decepcionante. Es una especie de burla al diálogo social, que después de meses y meses [la negociación empezó el 25 de enero] trabajando ahora veamos este descuelgue de la patronal española. Es una burla democrática. ¿Nos dice la CEOE que el Gobierno tiene que incumplir su compromiso con los ciudadanos españoles? ¿Se tiene que apartar de lo que está escrito en el acuerdo de coalición?”.

No es habitual escuchar hablar de forma tan contundente a un secretario de Estado. Pero así se ha pronunciado este lunes el número dos del ministerio de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, tras la sexta reunión con los agentes sociales sobre la reducción de jornada. Ha sido más crítico que nunca con la CEOE, al igual que su jefa, Yolanda Díaz, que en el Círculo de Bellas Artes de Madrid ha dicho que la patronal se sitúa “con la extrema derecha” por su negativa, pues “ni siquiera el PP está en esa tesis”.

Las declaraciones de los últimos días de un lado y de otro ya anticipaban que la patronal no participaría en el pacto, pero las de este lunes han ido más allá. Terminan de certificar que el Ministerio de Trabajo se dirige a un entendimiento solo con los sindicatos, como viene siendo habitual desde el ecuador de la pasada legislatura. “Vamos a seguir avanzando con las organizaciones sindicales para pulir un texto que podamos mandar a las cortes generales para su tramitación”, ha dicho Pérez Rey.

Las palabras del domingo en RTVE del vicepresidente de la CEOE y líder de la asociación de autónomos ATA, Lorenzo Amor, casi descartaban el acuerdo: “El Gobierno nos convoca, puro teatro. Actuamos como figurantes, pero sabemos el resultado final. Volveremos a presentar las propuestas de viva voz, pero el Gobierno nos da un ultimátum y como dijo el secretario de Estado, sobre un documento que es nítido. Si es nítido para qué sirven las modificaciones. No habrá propuesta escrita”. Van en línea con lo que dijo el miércoles el presidente de CEOE, Antonio Garamendi. “Al monólogo yo no tengo que contestar con nada; directamente, que hagan lo que tengan que hacer”, comentó tras ausentarse de la firma del primer acuerdo de todos los agentes sociales en más de un año (el pacto contra la discriminación laboral del colectivo LGTBI+), en un claro gesto para marcar distancia.

Los negociadores de los empresarios no han comparecido tras la reunión de este lunes, como de costumbre. “Tras la reunión de hoy se nos ha convocado a una nueva reunión el lunes. Así es que la mesa sigue abierta y no vamos a hacer valoraciones en este momento”, ha dicho un portavoz de la principal patronal española.

Horas extra

Una de las principales reclamaciones de la CEOE en la mesa de diálogo es un destope del máximo de horas extra (80 al año), un incremento que según fuentes patronales serviría para “mitigar” el coste económico de la medida. Trabajo cerró rápido la puerta a esta posibilidad en el borrador de anteproyecto de ley que plantea a los agentes sociales: el texto no contempla ninguna medida en esa línea ni para flexibilizar el reparto del tiempo de trabajo, una elasticidad que el ministerio y los sindicatos ya consideran excesiva.

“Este es un debate serio. El Gobierno plantea reducir la jornada de verdad. No vamos a decirle a los ciudadanos que lo que ganan, por un lado, lo pierden por otro. Que se va a satisfacer con más horas extra que nunca. No le vamos a decir a los ciudadanos que una medida pensada para cuidar y disfrutar del tiempo libre se va a convertir en una medida para incentivar más jornadas irregulares y más imprevisibles. No caben medidas que constituyan una estafa, que reduzcan la jornada sin reducirla. Esta es una negociación seria [...] Esto no se plantea para los que ya tienen la jornada reducida, para los funcionarios o las grandes empresas. Es para las camareras, los trabajadores de supermercados... No es una medida elitista”, ha dicho Pérez Rey.

El vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, ha insistido en esa idea, ante el argumento habitual de CEOE de que en los sectores más productivos ya se ha conseguido reducir el tiempo de trabajo: “Llevamos más de 40 años sin reducir la jornada. Eso ha generado una desigualdad. En aquellos sectores donde el sindicalismo es fuerte la jornada está por debajo de las 37,5 horas. No es de justicia que las personas sin un sindicalismo fuerte no se vean beneficiadas. Nos encaminamos a una negociación fallida por parte de las organizaciones patronales”. Raúl Olmos, adjunto a la Secretaría de Acción Sindical de CC OO, ha dicho que los sindicatos estaban dispuestos a “dejarse algún pelo en la gatera” en esta negociación, en referencia a su disposición a ceder para que el acuerdo fuera tripartito. Ha dicho que los empresarios han expuesto “posiciones de máximos” que hacen “imposible” avanzar.

Con todo, el Ministerio de Trabajo aún no ha cerrado el acuerdo al menos con los sindicatos para reducir la jornada ordinaria máxima a 38,5 horas este año y a 37,5 en 2025, tal como prometieron PSOE y Sumar en su programa de Gobierno. Todo apunta a que lo conseguirán pronto, ya que solo les diferencian “aspectos técnicos”. El acuerdo muy posiblemente fructifique en la próxima reunión.

Propuesta de Trabajo

El borrador, que adelantó este periódico, plantea una reducción de la jornada en los términos prometidos: 38,5 horas semanales este año desde que entre en vigor la norma, y 37,5 horas desde el 1 de enero de 2025. Además, aborda cómo se aplicará esta política en los empleados a tiempo parcial, la gran mayoría mujeres (el 21% de las trabajadoras, frente al 6,6% de trabajadores). Dice que “tendrán derecho a seguir realizando el mismo número de horas de trabajo que viniesen efectuando” y que se les deberá recompensar con un “incremento proporcional de su salario”. Así, una persona que ahora cobre 1.000 euros por trabajar 20 horas al mes en una empresa con jornada ordinaria de 40, si mantiene el número de horas pasaría a ingresar unos 66 euros más. De no haber tomado este camino, el salario de estos empleados se habría devaluado respecto al resto. Si la jornada ordinaria ya está establecida en 37 horas y media o menos, el cambio no modificaría el salario del trabajador parcial.

El texto también es ambicioso en el control del tiempo de trabajo. En el ministerio vienen señalando que el registro horario actual, aprobado en 2019, no está atajando los abusos. De ahí que a partir de ahora se obligue a que el registro se haga “por medios digitales”, visto el fraude que se da en los de papel. Hay jurisprudencia en contra de estos registros tan rudimentarios, pero se siguen utilizando y la norma actual no les pone coto. Los sindicatos señalan que también se dan trampas en los sistemas electrónicos, aunque son menos comunes. El registro lo deberá efectuar el empleado “inmediatamente al comenzar y finalizar cada jornada” y de manera que la empresa “no pueda condicionar su contenido”.

Al respecto, la norma introduce un apartado muy reclamado por inspectores y sindicatos: se asegura el acceso remoto de comités e Inspección de Trabajo y Seguridad Social al registro. “En todos los casos se garantizará el acceso mediante un sistema con interoperabilidad que permita compartir e intercambiar su información y sus datos”, dice el texto. Estos cambios se complementan con una modificación en el régimen sancionador. Si se aprueba este borrador, la compañía podrá ser sancionada por cada empleado con el que se demuestre un registro defectuoso, en vez de una multa global como empresa, ahora establecida entre 751 y 7.500 euros. El principal golpe económico ya era el de las cuotas no abonadas a la Seguridad Social, que sí diferencia por cada trabajador, a lo que ahora se sumaría un castigo específico en régimen sancionador.

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