El Gobierno subirá el sueldo de los funcionarios y ajustará el IRPF de las rentas bajas pese a la prórroga presupuestaria

La inestabilidad política se ha vuelto a cebar con el calendario presupuestario y obligará al Gobierno a cambiar algunos de sus planes: tendrá que congelar partidas de gasto e inversiones y recurrir —aún más— al uso del decreto tras anunciar que no elaborará las cuentas de este año y mantendrá prorrogadas las de 2023. La decisión, en realidad, ...

La inestabilidad política se ha vuelto a cebar con el calendario presupuestario y obligará al Gobierno a cambiar algunos de sus planes: tendrá que congelar partidas de gasto e inversiones y recurrir —aún más— al uso del decreto tras anunciar que no elaborará las cuentas de este año y mantendrá prorrogadas las de 2023. La decisión, en realidad, no supone ningún cataclismo de cara al funcionamiento de la Administración Central y las obligaciones ya adquiridas. Rúbricas importantes como el sueldo de los funcionarios o el ajuste del IRPF al salario mínimo interprofesional, que iban vinculadas a la aprobación de los Presupuestos del Estado, se podrán sacar adelante igualmente a través de otras vías. Tampoco están en riesgo los proyectos vinculados a los fondos europeos, pero sí todas aquellas inversiones puntuales, que no tengan carácter plurianual, y gastos que no estén comprometidos y que no cuenten con ingresos que los respalden.

“La casuística es muy variada y casi habría que ir caso por caso, pero se puede hacer casi todo si se cuenta con la financiación correspondiente y hay un compromiso político aprobado con anterioridad. Es decir, que haya un respaldo jurídico y recursos”, simplifica el catedrático de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, Diego Martínez López. “Se puede hacer casi todo, aunque será más lento y farragoso, porque hay que justificar con más nitidez las ampliaciones de crédito que se quieran acometer en las distintas partidas presupuestarias”.

El Ministerio de Hacienda ya había dado los primeros pasos para elaborar las cuentas con la aprobación de un techo de gasto récord, de 199.120 millones, unos 16.000 millones más que el ejercicio previo. Esta cifra se queda ahora en papel mojado, aunque en buena parte ya tiene un destino asignado porque irá a sustentar los desembolsos que ya estaban comprometidos. Es el caso de la actualización de las pensiones en un 3,8%, cuya revalorización con el IPC está fijada por ley y ya se le dio luz verde a través de un decreto a finales de diciembre y supondrá un aumento de gasto de 8.300 millones.

También está blindado un nuevo incremento salarial para los funcionarios, atado desde que el Gobierno y los dos sindicatos mayoritarios acordasen una senda de actualizaciones anuales en octubre de 2022. Así, tras las alzas de 2022 y 2023, la mejora retributiva culminará en 2024 con una nueva subida del 2%, que podrá crecer posteriormente en un 0,5% adicional en función de la evolución del índice de precios del consumo. Esta subida, detallan en el Ejecutivo, tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero y se impulsará a través de la incorporación de una enmienda al real decreto-ley de medidas urgentes para afrontar las consecuencias de la guerra en Ucrania. Todas estas medidas, indican fuentes de Hacienda, se dan por aseguradas dado que ninguna formación política votaría en contra.

La renuncia a los Presupuestos Generales del Estado sí deja en tierra de nadie, al menos aparentemente, otra serie de partidas. Es el caso del carácter permanente del que se iba a dotar a los impuestos extraordinarios a banca y energéticas, dos gravámenes con los que Hacienda ingresa unos 3.000 millones de euros anuales. Lo mismo sucede con la subida del IPREM, el indicador que se emplea para calcular la mayoría de las ayudas públicas, o la adaptación del IRPF al nuevo salario mínimo interprofesional (SMI), una medida anunciada hace más de un mes y cuyo objetivo pasa por evitar que los perceptores del SMI actualizado vean incrementada su carga tributaria.

Sin embargo, recuerdan desde el departamento que dirige María Jesús Montero, “que no haya Presupuestos no significa que no haya actividad parlamentaria”. Es decir, el Gobierno “trabajará” para sacar adelante los objetivos planteados, poniendo como prioridad la actualización del IRPF al SMI para beneficiar a las rentas más bajas. “Aún no sabemos si lo haremos vía ley o vía real decreto”, pero es un “compromiso” para el que “tenemos tiempo” dado que la medida afecta a la Renta de 2024, que se liquida un año después. “Hay margen”, resumen en Hacienda. Más difícil será, reconocen estas fuentes, convertir en permanentes los impuestos extraordinarios a banca y energéticas, en los que llegado el caso habría que añadir una serie de bonificaciones y deducciones diseñadas para acelerar la transición verde y la descarbonización.

El Gobierno de Pedro Sánchez anunció que renunciaría a los Presupuestos de 2024 la semana pasada, poco después de que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, convocara elecciones anticipadas en Cataluña para el 12 de mayo. Las negociaciones para sacar adelante las cuentas entre el Gobierno y los socios del bloque, con Junts en primera fila, ya se estaban complicando y la tramitación iba con mucho retraso, una tesitura cada vez más habitual —aunque la ley marque plazos claros— desde la pérdida de apoyos de los dos grandes partidos y la irrupción de nuevas fuerzas políticas en el Congreso.

Las dilaciones y prórrogas presupuestarias de la última década estuvieron casi siempre vinculadas a convocatorias electorales. Ocurrió en 2017, cuando las cuentas se aprobaron ya entrado el año. Las de 2018, que vieron la luz en verano tras la moción de censura, se prorrogaron durante tres ejercicios debido a las dos convocatorias electorales de 2019, convirtiéndose en las más longevas de la historia. Esta es la segunda vez en la que hay una renuncia a los Presupuestos sin que se celebren comicios, una situación que hasta ahora solo se había dado en 2020, un ejercicio con el cual todas las comparaciones quedan desdibujadas por la llegada de la pandemia.

La falta de Presupuestos también afecta a las finanzas autonómicas, porque es por este canal que se actualizan las entregas a cuenta, es decir, los recursos del sistema de financiación que las comunidades reciben cada año con antelación para sufragar sus gastos. El Gobierno está intentando sortear el obstáculo a través de varias enmiendas que el grupo parlamentario socialista ha registrado al proyecto de ley que recoge la prórroga de las medidas anticrisis. También queda en el aire la condonación de parte de la deuda regional, un acuerdo al que el PSOE llegó con ERC para que apoyara la investidura de Sánchez, y que debería extenderse a todos los territorios de régimen común.

Ajuste

España se enfrenta a un ajuste de unos 11.000 millones para cumplir con las reglas fiscales que vuelven a estar en vigor después de cinco años congeladas por la pandemia y la crisis energética. La falta de unas nuevas cuentas, de por sí, no debería repercutir negativamente en esta contención del déficit —al contrario, podría acelerar la consolidación al frenarse algunos gastos— ni en el crecimiento del PIB, que el Gobierno cifra en el entorno del 2%. “La prórroga tiene carácter contractivo sobre la política fiscal aunque no con la intensidad de antes”, explica Martínez López. “Sí podría afectar a las expectativas empresariales, porque genera más incertidumbre”.

El mismo comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, quitaba hierro al asunto en una reciente entrevista con EL PAÍS. “Las dificultades para tener unos Presupuestos son frecuentes y no suponen un impedimento grave”, dijo. Pero añadió: “Para España va a ser un desafío armar un plan de medio plazo sobre consolidación fiscal, inversión y reformas, que incorpore los fondos Next Generation a la planificación fiscal”.

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