Las nuevas reglas fiscales refuerzan a la Autoridad Fiscal para supervisar las cuentas del Gobierno

Las nuevas reglas fiscales reforzarán la labor de las autoridades fiscales independientes. Por dos vías: por un lado, abren la puerta a que la Autoridad Fiscal evalúe, antes de enviarlos a la Comisión Europea, los nuevos planes fiscales de ajuste a medio plazo que tienen que elaborar los gobiernos. Y por otro, harán que la Autoridad Fiscal tenga un papel más importante en la vigilancia del marco presupuestario nacional, revisando si los presupuestos anuales cumplen con las sendas de ...

Las nuevas reglas fiscales reforzarán la labor de las autoridades fiscales independientes. Por dos vías: por un lado, abren la puerta a que la Autoridad Fiscal evalúe, antes de enviarlos a la Comisión Europea, los nuevos planes fiscales de ajuste a medio plazo que tienen que elaborar los gobiernos. Y por otro, harán que la Autoridad Fiscal tenga un papel más importante en la vigilancia del marco presupuestario nacional, revisando si los presupuestos anuales cumplen con las sendas de ajustes prometidas por los países a Bruselas.

Así figura en los textos definitivos, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, que han acordado la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo. Los gobiernos podrán pedir a las instituciones fiscales independientes que evalúen las perspectivas económicas y los supuestos con los que confeccionarán los planes para reconducir sus cuentas públicas. Esta evaluación del plan se haría ex ante y se incluiría junto con los números del Ejecutivo para enviarlos a la Comisión Europea cuando los examine. Sin embargo, una vez pasados ocho años, las autoridades fiscales tendrán que llevar a cabo ese examen “siempre que tengan las capacidades para hacerlo”. Es decir, se han dejado ocho años para que los países de la UE que no tengan instituciones fiscales fuertes puedan crearlas y dotarlas. Pero España ya cuenta con una autoridad fiscal de las más potentes de la Unión. Y tendría por tanto sentido que desde el primer momento comience a examinar estos planes antes de que se remitan a Bruselas.

“Algunos Estados miembros tienen instituciones fiscales de juguete, que ni son realmente independientes ni tienen los recursos necesarios para hacer bien su trabajo. Por eso hemos acordado que la opinión no sea obligatoria hasta dentro de ocho años. Pero este no es el caso de nuestra Airef (la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal). Su opinión se debe tener en cuenta desde ya. No sería aceptable que nuestro Gobierno se acogiera a este período de gracia que no está pensado para el caso español”, señala Eva Poptcheva, eurodiputada de Ciudadanos y vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo.

El Consejo Fiscal Europeo ya hace una clasificación de las instituciones fiscales independientes en virtud de las funciones que desempeñan y del anclaje jurídico que las respalda. En este ranking aparece destacada la Airef entre las cinco primeras.

De todas formas, las nuevas reglas fiscales impulsarán el rol de la Airef a la hora de vigilar “la cohesión, consistencia y efectividad del marco presupuestario nacional”. Así se recoge en el artículo 8 de la nueva directiva que forma parte de estas reglas. Este dice, como ya hacía la anterior normativa, que la institución fiscal tendrá que “monitorizar el cumplimiento de las reglas fiscales numéricas específicas del país”. Entre otras cosas, puede interpretarse que la Autoridad Fiscal tendría que supervisar si los distintos presupuestos de las administraciones son consistentes con el plan fiscal planteado a Europa. Esto es: si las cuentas presentadas cada año cumplen o no con la senda de ajuste prevista. También permitiría que la Airef evalúe el reparto que se hace entre administraciones de los objetivos de déficit con el fin de que se tengan en cuenta las situaciones de partida. Esta directiva tendrá que trasponerse para el 31 de diciembre de 2025. En su conjunto, el nuevo entramado legal refuerza el trabajo de la Airef.

Un plan a siete años

Las nuevas reglas fiscales obligan a los países a elaborar un plan fiscal a cuatro años antes del 20 de septiembre. Estos se pueden alargar a siete años a cambio de que se adopten reformas e inversiones que aumenten el crecimiento y que apoyen la sostenibilidad de las cuentas. En ese plan se hará un análisis de la evolución de la deuda a 14 o 17 años. Y sobre esa trayectoria que traza la deuda se exigirá una senda de ajuste fiscal que haga que el endeudamiento se coloque en una senda descendente durante los diez años siguientes al periodo de ajuste, incluso en escenarios adversos y teniendo en cuenta el aumento del gasto por el envejecimiento —por eso el tiempo analizado se extiende a 14 o 17 años dependiendo del periodo de ajuste del plan—. Una vez que la deuda se sitúe por debajo del 60% del PIB, bastará con que la senda se mantenga dentro de esos niveles. Pero ese no es el supuesto en el que está España, que se encuentra muy lejos de esa situación con unos pasivos sobre PIB en el 107%.

Para medir esa senda se fijará un límite máximo de gasto una vez sustraídos los intereses, las medidas para elevar ingresos y el efecto del ciclo sobre el paro. Y ese tope al gasto anual, un indicador mucho más fácil de observar, es lo que vigilará la Comisión. Todos los años habrá un informe sobre su evolución. Y se apuntarán en una cuenta las desviaciones positivas o negativas sobre el plan previsto. La Comisión podrá pedir medidas correctoras si el ajuste se queda corto en un 0,3% del PIB en un año o en 0,6% en el acumulado.

Un ajuste del 0,36% del PIB

¿Cuánto tendrá España que ajustarse en el plan a medio plazo? Según el análisis actualizado la semana pasada por la Airef teniendo en cuenta las nuevas reglas, el ajuste necesario para dejar la deuda en un camino descendente de forma plausible asciende al 0,64% del PIB anual, esto es, unos 9.600 millones con el producto actual. En el acumulado serían 2,56 puntos de PIB y se considera plausible con el 70% de probabilidad. Sin embargo, la Comisión ya ha anunciado que aceptará las reformas e inversiones del Plan de Recuperación para alargarlo a siete años. En consecuencia, ese ajuste se repartiría en siete años y supondría un 0,36% del PIB al año, unos 5.400 millones. Se trata aun así de un esfuerzo importante, si bien dependerá en gran medida de la actitud que tenga la nueva Comisión que se forme en otoño, que será la encargada de interpretar las reglas y negociar los planes.

En su último informe anual, el Banco de España calcula, por su parte, que el ajuste necesario para dejar la deuda en una senda descendente sería del 0,5% del PIB al año durante una década.

Incluso si el Gobierno decidiera no usar a la Airef para evaluar su plan fiscal, la institución tendrá que seguir avalando las previsiones de crecimiento que se usen y continuará informando sobre los planes a medio plazo, tal y como está recogido en el reglamento existente y en la nueva normativa. En cualquier caso, la Airef elaborará un informe sobre el plan porque esta labor se encuentra en el mandato y la ley de la institución, que tiene la misión de velar por la sostenibilidad presupuestaria con el respaldo del artículo 135 de la Constitución.

Es decir, la Autoridad Fiscal seguirá publicando un informe sobre las cuentas. Y la Comisión podría decidir que quiere disponer de él antes de dar su dictamen, de forma que pueda seguir teniendo en cuenta la opinión de la institución como ya hacía. La legislación habla de que la institución fiscal tendrá que publicar sus opiniones “de manera oportuna”. En todo caso, las nuevas reglas subrayan que los planes deben construirse sobre análisis económicos “fundamentados”.

Para evitar que se pospongan los ajustes, las reglas fiscales han introducido básicamente dos salvaguardas que se exigirán al diseñar el plan: una es que la deuda debe bajar un 1% al año cuando supere el 90% del PIB, y un 0,5% cuando sea superior al 60%. La otra es que el país se tendrá que someter a un ajuste anual estructural mínimo del 0,4% del PIB, unos 6.000 millones de euros con el PIB español actual, si el plan es a cuatro años. O un 0,25% si el plan es a siete años. Sin embargo, los análisis de deuda de la Airef revelan que los ajustes tendrían que ser mayores para conseguir dejar la deuda en una trayectoria descendente.

En definitiva, las nuevas reglas fiscales obligan a hacer el plan de consolidación a medio plazo que recomendaban la Airef y el Banco de España. Y usa un indicador, el límite al gasto, que será más fácil de seguir. Pero el reto de reconducir las cuentas sigue estando ahí, igual de ineludible.

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