Vivienda anuncia que el aval público de hipotecas para jóvenes estará listo en febrero

Los avales hipotecarios públicos para jóvenes y familias con menores al cargo echarán a andar en España el próximo mes, según la hoja de ruta que contempla del Ministerio de Vivienda. Así lo ha anunciado la ministra Isabel Rodríguez este jueves en su comparecencia ante la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana, donde ha dado cuenta de las líneas de actuación de su departamento para la presente legislatura. El necesario convenio con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para poner en marcha esa nueva línea de ayudas se producirá “de manera inminente”, ha dicho Rodríguez. “Estamos en el final de l...

Los avales hipotecarios públicos para jóvenes y familias con menores al cargo echarán a andar en España el próximo mes, según la hoja de ruta que contempla del Ministerio de Vivienda. Así lo ha anunciado la ministra Isabel Rodríguez este jueves en su comparecencia ante la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana, donde ha dado cuenta de las líneas de actuación de su departamento para la presente legislatura. El necesario convenio con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para poner en marcha esa nueva línea de ayudas se producirá “de manera inminente”, ha dicho Rodríguez. “Estamos en el final de los trámites”, ha añadido la ministra, quien se ha comprometido a hacer de esta “la legislatura de la vivienda” y ha reiterado el compromiso de incorporar con distintas fórmulas más de 180.000 viviendas al parque asequible.

La línea del ICO tendrá una dotación de 2.500 millones y llegará acompañada de otra de 4.000 millones financiada con fondos europeos para promover viviendas de alquiler asequible con alta eficiencia energética. Ambas iniciativas, en realidad, fueron anunciadas el pasado mayo, en plena precampaña de las elecciones autonómicas que sacudieron los planes del Gobierno. El giro territorial a la derecha en aquellos comicios llevó a atajar la legislatura con la convocatoria de elecciones generales en julio. Y de ahí salió el nuevo Ejecutivo de coalición y la creación del Ministerio de Vivienda (en la pasada legislatura se integraba en Transportes, lo que tradicionalmente se conocía como Fomento), cuya cartera asumió Rodríguez a finales de noviembre.

La ministra ha estimado que los avales hipotecarios públicos beneficiarán a unas 250.000 personas. Según se anunció en mayo, aunque habrá que ver la letra pequeña cuando salga el convenio del ICO, la idea de los mismos es cubrir el 20% del préstamos que normalmente no cubre la banca (lo normal es entregar un máximo del 80% del valor de la casa que se compra). Esto permitiría sortear una importante barrera de acceso a la vivienda: la de aquellos hogares a los que las cuentas les salen para pagar una hipoteca (muchas veces un alquiler sale más caro) pero no pueden pedirla porque no disponen de los ahorros necesarios para ello. Los destinatarios de esta línea de ayudas son jóvenes menores de 35 años y familias con menores al cargo. En este último caso, solo podrán acceder quienes tienen un tope de ingresos (37.800 euros, que equivalía cuando se anunció a 4,5 veces el IPREM; el doble en el caso de una pareja; y 64.000 euros para familias monoparentales).

En cuanto a la otra línea del ICO, dotada con 4.000 millones, responde al interés del Gobierno de utilizar los fondos europeos para la promoción de vivienda. Para ello, la condición es que los inmuebles que se construyan deben ser especialmente sostenibles desde el punto de vista energético. La línea servirá para financiar promociones con esos requisitos destinadas a alquiler asequible y la estimación es que contribuyan a levantar unas 40.000 casas. La fórmula preferida para ello, ha recordado la ministra, es la colaboración público-privada. Es decir, ceder el derecho de superficie a un operador privado durante un tiempo (el máximo legal previsto es de 80 años) para que construya y gestione pisos de arrendamiento a precio tasado. Se trata de una fórmula que ya están probando distintas Administraciones en España.

Esta línea ICO se relaciona con la que Rodríguez ha nombrado como primera línea de actuación de su ministerio en los años que vienen: “Reforzar la oferta de vivienda asequible”. La ministra ha trasladado algunas iniciativas autonómicas que le gustan y cree que pueden extenderse a otros territorios, como el programa vasco de captación de viviendas vacías para alquiler social (la Administración garantiza el estado de la casa y a cambio tasa el precio) o el programa de rehabilitación de Extremadura para alquiler (los particulares ceden usufructo y la Administración reforma la casa para hacerla habitable y que se pueda arrendar). “Vamos a centrarnos en la colaboración público-privada para movilizar viviendas vacías”, ha subrayado la titular de Vivienda.

Además, la ministra ha reivindicado la puesta en marcha del índice de precios de alquiler que permitirá desarrollar los topes de precio que contempla de ley estatal de vivienda. Este estará listo también el próximo mes, tras retrasar varias veces el compromiso de publicación, y Rodríguez ha aprovechado para reivindicar la necesidad de buenos datos públicos para hacer un diagnóstico del mercado. Solo Cataluña prevé esos controles (a los que el PP se opone de forma frontal), pero la ministra ha asegurado que otras comunidades “han trasladado su interés”. Rodríguez también ha informado al Congreso de la puesta en marcha de grupos de trabajo para estudiar la regulación de los alquileres de temporada y de los alquileres turísticos. Y como última línea de impulso relevante ha citado la modificación de la normativa urbanística, para lo que reactivará el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, un proyecto que el Gobierno no pudo sacar adelante en la anterior legislatura.

En el turno de intervención de los portavoces, la ministra ha afrontado críticas de los distintos grupos. Algunas incluso de sus socios de Gobierno de Sumar. Gala Pin, diputada de esa formación, ha asegurado que lo que hay que hacer en la presenta legislatura “no es solo fomentar la colaboración público-privada”, sino “también atajar privilegios”. Distintas fuerzas nacionalistas han expresado igualmente dudas por la posible invasión competencial (las políticas de vivienda están transferidas a las comunidades) pero las mayores críticas llegaron en el turno del PP, quien a través de dos portavoces aseguró que la respuesta del Gobierno a los problemas de vivienda se basan en “una ley intervencionista y promesas irreales de construcción”. Además acusaron al ejecutivo de “incentivar” y “tolerar” la okupación.

Rodríguez ha agradecido el torno de todos los intervinientes, incluso del representante de Vox, al que solo ha afeado que solo ve de ese partido “la crítica y el diagnóstico”, pero no las soluciones que propone. Y ha cargado más duramente contra el PP: “Están superando a sus colegas”, ha dicho en alusión a Vox y las afirmaciones sobre la okupación. También ha recordado que la formación que encabeza Alberto Núñez Feijóo gobierna en muchas comunidades que tienen competencias. “Yo no voy a eludir mi responsabilidad”, ha afirmado Rodríguez, quien ha asegurado que “si [la vivienda] es un fracaso, es un fracaso colectivo”.

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