La reforma del subsidio de paro supondrá hasta 2.500 millones más al año de gasto, según Fedea

El año nuevo ha traído consigo una nueva regulación del subsidio de desempleo, cuya reforma se aprobó el pasado 20 de diciembre y que entrará en vigor el próximo 1 de junio con carácter general. En concreto, los cambios aplicados a esta ayuda —que reciben los desempleados tras agotar la prestación contributiva por desempleo— suponen ...

El año nuevo ha traído consigo una nueva regulación del subsidio de desempleo, cuya reforma se aprobó el pasado 20 de diciembre y que entrará en vigor el próximo 1 de junio con carácter general. En concreto, los cambios aplicados a esta ayuda —que reciben los desempleados tras agotar la prestación contributiva por desempleo— suponen una mejora de la cuantía del subsidio durante el primer año de cobro, una mayor compatibilidad entre el salario de un empleo y el cobro de esta ayuda y, en tercer lugar, una ampliación del número de colectivos protegidos. La negociación de esta norma supuso el último tira y afloja entre la ya ex vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

El impacto presupuestario de estos tres cambios podría llegar a los 2.500 millones de euros si se cumplen las previsiones del Gobierno, que suponen que con la nueva normativa este subsidio llegará a unas 400.000 personas más (fundamentalmente eventuales agrarios de fuera de Andalucía y Extremadura; menores de 45 años con responsabilidades familiares; y beneficiarios que compatibilicen esta ayuda con un empleo), sumándose a los 971.000 que ya lo reciben. Así lo ha calculado el investigador de Fedea y profesor de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos, Miguel Ángel García, quien estima que cada 100.000 nuevos beneficiarios, recibiendo una nueva cuantía media de 510 euros al mes en 12 pagas, aumentarían el gasto en 612 millones de euros al año. Si el número de perceptores se incrementara en los 400.000 esperados por el Ejecutivo, las necesidades financieras para abonar esta ayuda se elevarían hasta los 2.500 millones al año antes citados. Este impacto equivaldría a 0,17 puntos de PIB, precisa este economista.

Desde el Gobierno hacen un cálculo mucho más moderado, que, en teoría, reflejaría un menor número de nuevos beneficiarios atribuibles a los cambios normativos. Así se recoge en la memoria económica que acompaña a este real decreto, y a la que tuvo acceso Europa Press, donde se precisa que tras la reforma el gasto en estos subsidios se situaría en 4.586 millones de euros, lo que supondría un ahorro en el primer año de aplicación de 101 millones de euros por la supresión de la renta activa de inserción y el subsidio extraordinario de desempleo (si bien este texto no precisa que los beneficiarios de estas ayudas podrían pasar a ser nuevos perceptores del subsidio ordinario). Este ahorro se elevaría a 378 millones en el tercer año de vigencia y de 369 en el quinto ejercicio. También supondría un ahorro de algo más de medio millón de euros al año la exigencia de acreditación del acuerdo de actividad, que eliminaría un número de perceptores no determinado en esta memoria. Un tercer elemento que ahorrará 94 millones al año será la reducción en el porcentaje a aplicar a la base de cotización de los beneficiarios del subsidio de los mayores de 52 años.

Si bien, según los cálculos gubernamentales, este ahorro se vería fuertemente contrarrestado con el nuevo complemento de ayuda al empleo, que supondrá un incremento de la financiación de 613 millones de euros, según lo recogido en esta memoria. Esta no será la única subida, ya que la modificación de los subsidios para los eventuales agrarios elevará el gasto en 38 millones, mientras que la modificación de los requisitos de acceso y permanencia de los subsidios lo subirán en otros 92 millones. Por último, la supresión del mes de espera para acceder a cualquier subsidio supone un coste de 100 millones de euros anuales.

Con todo esto, el saldo neto apunta a que el nuevo decreto va a suponer un mayor gasto de 648 millones de euros en el primer año, de 177 millones en el tercero y empezará a no implicar un mayor gasto a partir del quinto año.

Una norma con más defectos que virtudes

Dicho todo esto, y al margen del coste de estas medidas, la evaluación que hace García para Fedea detecta muchos más defectos que virtudes en la recién estrenada regulación. Así, como principal mejora apunta a que las nuevas medidas “avanzan en la generación de incentivos para la búsqueda y aceptación de empleo por las personas que perciben el subsidio, al permitir durante 180 días el cobro del salario junto a una parte del subsidio”. Sin embargo, aquí terminarían, según este economista, las bondades de la nueva normativa. Así, opina que aunque la reducción de la cuantía de esta ayuda a medida que pasan los meses puede animar a salir de la situación de paro lo antes posible, “también reduce el incentivo a quienes llevan en el desempleo más tiempo, que son la mayoría de los beneficiarios”.

Por el contrario, y teniendo en cuenta que la modesta cuantía del subsidio no deja mucho margen para la estrategia de ir reduciéndolo para incentivar la incorporación al empleo, García cree que habría sido necesario un mayor endurecimiento en las exigencias de búsqueda de un puesto de trabajo y de no rechazo de las ofertas de empleo y, sobre todo, “en la mejora del funcionamiento del sistema para que lleguen más ofertas de los servicios públicos a los desempleados”.

Asimismo, el investigador de Fedea considera que la pretensión del Ejecutivo de mejorar la empleabilidad de los beneficiarios de esta ayuda a través de las políticas activas de empleo “parece lejos de cumplirse”, debido al desequilibrio entre los “muy definidos” derechos de los perceptores del subsidio y “las poco concretas” obligaciones de estos beneficiarios. Y todo esto en medio de “severas deficiencias en el desempeño de los servicios públicos de empleo para cumplir con su función de orientación e intermediación, debido a su escasa relación con las empresas (perfilado efectiva de oferta y demanda) y el desalineamiento de incentivos generado por la separación de competencias entre el SEPE y los servicios autonómicos de empleo”, concluye este economista.

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