La defensa de Rodrigo Rato intenta anular pruebas clave en su juicio por blanqueo y delitos fiscales

Rodrigo Rato ha regresado este viernes a los tribunales para ser juzgado. Por tercera vez. El ex director gerente del FMI (Fondo Monetario Internacional) y exvicepresidente del Gobierno de José María Aznar (PP), que salió de prisión en 2020 tras cumplir condena por el uso de las tarjetas black de Caja Madrid, ha entrado poco antes de las 10.00 en la Audiencia Provincial de Madrid, donde ha comenzado esta mañana la vista oral contra...

Rodrigo Rato ha regresado este viernes a los tribunales para ser juzgado. Por tercera vez. El ex director gerente del FMI (Fondo Monetario Internacional) y exvicepresidente del Gobierno de José María Aznar (PP), que salió de prisión en 2020 tras cumplir condena por el uso de las tarjetas black de Caja Madrid, ha entrado poco antes de las 10.00 en la Audiencia Provincial de Madrid, donde ha comenzado esta mañana la vista oral contra él por ocultar supuestamente parte de su patrimonio a Hacienda y cobrar comisiones ilegales por la adjudicación de contratos publicitarios de Bankia, entidad que también encabezó. Rato ha llegado al edificio en silencio, solo y ha rehusado hacer declaraciones a los medios de comunicación. “Buenos días”, es lo único que ha dicho, antes de que su defensa haya planteado al tribunal la nulidad de algunos elementos clave del sumario, como la resolución judicial que aprobó el registro de su casa.

La vista, que prevé prolongarse hasta finales de mayo, ha arrancado con las cuestiones previas. Los magistrados de la Sección Séptima de la Audiencia han reservado cuatro jornadas para esta fase (15, 18, 19 y 20 de diciembre). Después, las sesiones se interrumpirán hasta enero, cuando se reiniciarán con las declaraciones de los testigos. Además de Rato, los tribunales abrieron juicio oral contra otra quincena de personas físicas y jurídicas: entre ellas, Teresa Arellano, quien fuera la secretaria personal durante décadas del exdirigente del PP; Santiago Alarcó, excuñado de Rato; el asesor fiscal Domingo Plazas; y Ramiro Sánchez de Lerín, exsecretario del consejo de administración de Telefónica, compañía que se encuentra implicada también como responsable civil subsidiario.

Esta fase de cuestiones previas resulta fundamental para observar la primera línea de defensa que se despliega. Los abogados de Rato han tratado de invalidar alguno de los aspectos clave del sumario, en el que se le acusa por blanqueo y delitos fiscales, entre otros. Por ejemplo, han reclamado declarar nula la resolución judicial que dio luz verde el 16 de abril de 2015 al registro de su casa, de donde salió detenido aquella jornada. Los letrados del exvicepresidente consideran que ese auto no incluía la argumentación necesaria para considerar proporcionada la medida; y apuntan que la incautación de material se ejecutó sin ningún “límite” (se intervinieron millones de documentos, que cubrían décadas y afectaba a decenas de empresas y personas).

Según ha incidido la abogada de Rato, María Massó, el informe de la ONIF (Oficina Nacional de Investigación del Fraude) que precipitó la causa contenía “expresiones vagas e imprecisas” y “frases hipotéticas”. La Fiscalía usó ese dosier para presentar una denuncia ese 16 de abril de 2015, que asumió en un primer momento el Juzgado de Instrucción 35 de Madrid, que se encontraba de guardia y que autorizó los registros. “Esta denuncia era mendaz. El mismo texto dice una cosa y la contraria. Una lectura crítica hubiese debido dar lugar a preguntas y no al automatismo que [tuvo lugar]”, ha defendido la letrada del exmandatario del FMI, que ha pedido expulsar de la causa el contenido de cerca de 40.000 folios del sumario.

Massó ha argumentado que el proceso se encuentra viciado desde su inicio y que no se contaban con elementos suficientes para aprobar una injerencia de derechos fundamentales de tal calado: “Eran indicios que no son indicios”, ha apostillado la abogada, que ha denunciado igualmente otras “ilegalidades” perpetradas supuestamente por la oficina antifraude, como la incorporación a la causa de pruebas obtenidas sin aval judicial. “Todo el relato acusatorio se construye sobre la entrada del 16 de abril”, ha remachado la defensa, que ha pedido la absolución de Rato al considerar que debería anularse esa resolución originaria que sostiene toda la causa.

Los abogados del exdirigente del PP ya han calificado antes las pesquisas como una investigación “prospectiva”, que solo tenía por “único objeto a Rato y todo su entorno”: “Nos encontramos ante una causa general y prospectiva, en la que se dirige la acción acusatoria contra todas y cada una de las personas que hayan podido tener cualquier tipo de relación (de amistad, familiar o empresarial) con él”. Un punto en el que se ha ahondado durante esta fase de cuestiones previas, además de plantear al tribunal que se han vulnerado derechos fundamentales del acusado durante la instrucción: como la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la intimidad, a la defensa y al secreto de las comunicaciones.

La trama societaria

La Fiscalía, que pidió que se le condenase a cerca de 70 años de prisión por esta causa, asegura que “Rato mantuvo desde 1999 un patrimonio oculto a la Hacienda española a través de diversas sociedades” extranjeras (de Irlanda, Panamá o Gran Bretaña), con las que ejecutaba “actividades de inversión financiera mediante multitud de cuentas bancarias abiertas en Bahamas, Suiza, Luxemburgo, Suiza y Mónaco, entre otros lugares”. El ministerio público afirma que el expolítico urdió una intrincada y “opaca” trama empresarial, que también operaba en territorios como la Isla de Man, Kuwait o Curaçao: “Se ha servido de estructuras financieras para realizar movimientos transfronterizos de dinero encubiertos a través de trust y sociedades”.

El escrito de acusación calcula que el incremento patrimonial no justificado de Rato, entre 2005 y 2015, supera los 15 millones de euros; y cifra las cuotas defraudadas a Hacienda en más de ocho millones y medio. La Fiscalía añade que, durante su etapa como presidente de Caja Madrid y Bankia, cobró “comisiones” ilegales por la adjudicación de contratos publicitarios.

“Tendrá mucho que explicar”

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha pronunciado este viernes sobre el inicio del juicio a Rodrigo Rato, según recoge la agencia Europa Press: “El referente y baluarte del PP en política económica, no solamente ya ha estado en la cárcel, sino que se enfrenta a un juicio en donde posiblemente vuelvan a pedirle años de cárcel”, ha dicho la representante del Ejecutivo. “Tendrá mucho que explicar de los orígenes de esa fortuna”, ha afirmado la socialista: “Es la manera de practicar la política que ha tenido siempre el PP. Ese milagro económico al que siempre aspiraba y que siempre exigía con mucho orgullo el Partido Popular, terminó en la cárcel, porque es una mala gestión, una gestión corrupta, y una gestión, por supuesto, que hay que penalizar”.

Tras casi cinco horas de intervención, pasadas las 15.20, la abogada de Rodrigo Rato ha concluido la exposición de todas sus cuestiones previas —entre ellas, reclama que el exvicepresidente no tenga que acudir a todas las sesiones del juicio y que pueda sentarse junto a su letrada algunos días—. Las defensas del resto de acusados tendrán oportunidad de plantear las suyas a partir del próximo lunes, cuando se reanudará la vista oral.

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