Las comunidades autónomas acuden al Consejo de Política Fiscal entre la expectación y el malestar

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) se reúne este lunes entre la expectación y el malestar por parte de los Gobiernos regionales. Hacienda llevaba un año y medio sin convocar a los consejeros del ramo —el órgano debería reunirse dos veces al año— pese a la insistencia de muchos barones autonómicos en cerrar una cita. El encuentro, además, se celebrará entre los recelos causados por las cesiones a Cataluña...

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) se reúne este lunes entre la expectación y el malestar por parte de los Gobiernos regionales. Hacienda llevaba un año y medio sin convocar a los consejeros del ramo —el órgano debería reunirse dos veces al año— pese a la insistencia de muchos barones autonómicos en cerrar una cita. El encuentro, además, se celebrará entre los recelos causados por las cesiones a Cataluña en el marco de la investidura de Pedro Sánchez y con varios elefantes en la habitación. El orden del día prevé que se comunique la senda de déficit, pero no incluye la condonación de la deuda autonómica acordada entre PSOE y ERC ni la reforma del sistema de financiación, un asunto que la mayoría de las comunidades consideran prioritario y que quieren poner sí o sí encima de la mesa.

“Llevamos reclamando desde hace meses la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera”, dice Luis Alberto Marín, consejero de Hacienda en la Región de Murcia, gobernada en coalición entre PP y Vox. “Se trata del foro donde tratar asuntos fundamentales que afectan a la economía de las comunidades, tales como la financiación autonómica, aunque nos sorprende que en el orden del día facilitado no se mencione este asunto”, añade, y asegura que pedirá al Gobierno que aborde sin demora la reforma del sistema.

El CPFF es el órgano donde comunidades y Gobierno debaten sobre financiación regional. Suele convocarse al menos una vez al año, en verano, para que Hacienda comunique a los consejeros autonómicos los objetivos de déficit y deuda y el techo de gasto, además de los anticipos a cuenta y el avance de la liquidación del sistema, algo que este 2023 no ha ocurrido.

Las entregas a cuenta son los recursos que el Estado reparte cada año a las comunidades a través del sistema de financiación, suponen cerca del 80% de sus ingresos y son una información clave para diseñar los presupuestos regionales. Varias autonomías del PP —que gobierna en 11 de las 17 autonomías— como Castilla y León, Madrid y la Comunidad Valenciana recuerdan, de hecho, que solicitaron hace tiempo un Consejo para conocer estos importes. “Sin tener el estado de ingresos es un problema diseñar las cuentas”, trasladan fuentes autonómicas. El orden del día de este lunes, sin embargo, solo incluye la senda de estabilidad, aunque las comunidades consultadas confían en que se les traslade tanto la cuantía de los recursos del sistema como que se aborde el debate sobre la reforma de la financiación.

La determinación de los objetivos de déficit es un paso obligado para avanzar en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado. Los de 2024 llegarán con retraso, ya entrado el año, debido al adelanto electoral, pero el Gobierno ya ha trasladado a Bruselas su senda de estabilidad: se ha comprometido a rebajar el déficit al 3% del PIB el próximo año, y en el caso de las comunidades estima un desfase del 0,1%, según recoge el Plan Presupuestario enviado en octubre a Europa. Fuentes del Principado de Asturias (donde gobierna el PSOE) aseguran que apoyarán ese umbral —con el cual han elaborado su proyecto de presupuestos—, pero recuerdan que deberá pasar por un examen delicado: la senda tiene que votarse en las Cortes, y el PP tiene mayoría en el Senado.

“Lo accesorio es la deuda y lo prioritario es la reforma del sistema”

“Lo accesorio es la deuda, y lo prioritario es la reforma del sistema de financiación”, zanjan fuentes de una autonomía del PP, que con esta frase resumen la postura de muchos otros territorios: cualquier reestructuración del pasivo regional tiene que ir de la mano de una renovación del modelo. Además, rechazan el acuerdo de investidura entre ERC y el PSOE sobre la condonación de la deuda regional por considerar que se ha hecho a espaldas del resto de comunidades.

El pacto establece que se perdone aquella parte del pasivo de las comunidades de régimen común —todas salvo País Vasco y Navarra— generada por la coyuntura económica negativa. En el caso de Cataluña, son unos 15.000 millones, equivalentes al 20% de la deuda que la región tiene con el Estado. La incógnita, que añade malestar en los demás Ejecutivos autonómicos, es que se desconoce cómo se ha calculado esa cifra, ni cuánto se condonará a las demás autonomías.

“De momento no hay nada ni prevemos que el lunes se aclare absolutamente nada”, dijo el jueves Antoni Costa, consejero de Hacienda de Baleares y portavoz del Govern (PP-Vox). La Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía (PP), por su parte, valora positivamente la convocatoria, pero lamenta su retraso y que el orden del día no contemple “temas de vital importancia” como la renovación del sistema de financiación, “obsoleto y lesivo con la comunidad andaluza”.

“Desde esta consejería pedimos una renovación urgente del sistema de financiación, que se haga de forma multilateral y con el máximo consenso”, traslada la Consejería. Mientras tanto, la Junta solicitará un fondo transitorio de nivelación de 2.146,54 millones de euros —de los que 1.079 serán para Andalucía— que compense los menores recursos que recibe del sistema de financiación.

Andalucía es una de las comunidades peor financiadas —es decir, el sistema les reparte menos recursos de la media—, aunque los territorios que se llevan la peor parte son la Comunidad Valenciana y Murcia —y, en menor medida, Castilla-La Mancha—. Fuentes de la Consejería de Hacienda valenciana coinciden en que la prioridad es la renovación del sistema y que no irán con líneas rojas a la reunión, siempre y cuando no se plantee que la reforma sea producto de una negociación bilateral con una única comunidad.

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