El gasto por los intereses de la deuda autonómica crecerá a un ritmo anual del 25% hasta 2026

El gasto en intereses que las comunidades pagan por su deuda va camino de duplicarse. Aumentará a un ritmo medio del 25% anual en los próximos cuatro ejercicios, hasta alcanzar los 8.645 millones de euros en 2026 frente a los 3.608 millones de 2022. Detrás de este incremento del gasto en intereses de las autonomías hay dos responsables: el abultado volumen de pasivo financiero que acumulan, que ha avanzado con fuerza a parti...

El gasto en intereses que las comunidades pagan por su deuda va camino de duplicarse. Aumentará a un ritmo medio del 25% anual en los próximos cuatro ejercicios, hasta alcanzar los 8.645 millones de euros en 2026 frente a los 3.608 millones de 2022. Detrás de este incremento del gasto en intereses de las autonomías hay dos responsables: el abultado volumen de pasivo financiero que acumulan, que ha avanzado con fuerza a partir de la Gran Recesión, y las reiteradas subidas de tipos aprobadas por el Banco Central Europeo (BCE) en los últimos meses para frenar la escalada de la inflación. “Ello obligaría a redireccionar recursos crecientes desde otras políticas públicas al servicio de la deuda, circunstancia poco óptima y menos deseable”, alertan los investigadores Manuel Díaz, Carmen Marín y Diego Martínez, autores del informe Estimación del gasto futuro en intereses de la deuda pública de las comunidades autónomas (2023-2026) publicado este lunes por el centro de análisis Fedea.

En términos porcentuales, la factura se incrementaría de manera considerable en La Rioja, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Canarias y Murcia: el pago por intereses crecería en más de un 200% entre 2022 y 2026. Las subidas más moderadas se darían en Madrid, Navarra y País Vasco, las únicas autonomías que se financian exclusivamente en el mercado sin ningún apoyo del Estado. Si en lugar de porcentajes se comparan volúmenes, la foto es distinta: los territorios más grandes y poblados son los que más gastan en intereses (y más deuda acumulan). Cataluña lidera esta clasificación: abonó unos 1.000 millones en 2022, que en 2026 se convertirán en más de 2.400. Le siguen la Comunidad Valenciana, Madrid y Andalucía. Estos cuatro territorios acaparan casi del 70% del aumento del gasto en intereses entre 2022 y 2026.

“En los próximos años debe pagarse una deuda pública más cara y que, dados los avatares del momento, hasta ahora apenas ha preocupado”, menciona el informe en referencia a la época de tipos ultrabajos que se vivió en Europa durante una década y que terminó de manera abrupta con la explosión de la inflación alimentada por la invasión rusa de Ucrania. Los desequilibrios pospandemia entre demanda y oferta fueron la mecha que encendió los precios, y la guerra avivó el incendio y detonó la política monetaria restrictiva que desde hace más de un año se ha instalado en la zona euro. Ahora, aunque los precios se han moderado —sobre todo en España, donde su avance ha aminorado al 2,3% a finales de julio, frente a más del 10% que llegó a alcanzar—, es más caro endeudarse porque el BCE ha elevado los tipos por encima del 4% cuando hace casi dos años cotizaban en negativo. Y eso vale para todos: ciudadanos, empresas y Administraciones Públicas. En el caso de las comunidades, el tipo medio se duplicaría, del 1,1% de 2022 al 2,7% en 2026, según Fedea.

El estudio se basa en una serie de supuestos que los mismos investigadores consideran “conservadores” respecto al escenario actual y hasta “optimistas” considerados los precedentes de las comunidades, crónicamente deficitarias. En concreto, tienen en cuenta la vida media de la deuda autonómica, los plazos de los vencimientos y los tipos de interés existentes desde 2014. Además, suponen que el PIB crecerá en los próximos años según lo que marca el Programa de Estabilidad —una especie de hoja de ruta económica del Gobierno para el futuro que cada primavera se envía a Bruselas— y que los Ejecutivos regionales cumplirán con las tasas de referencia del déficit contenidas en este: del 0% en 2024 y con superávit en 2025 y 2026, que destinarían a amortizar la deuda.

Hay, sin embargo, diferencias en función del tipo de financiación. Por un lado, están las autonomías que acuden total o parcialmente a los mecanismos extraordinarios de liquidez, préstamos baratos del Tesoro que se activaron en 2012 ante los tipos disparados que exigía entonces el mercado en plena crisis de deuda soberana en Europa. Aquí se encuentran la mayoría de los territorios, con Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía como principales beneficiarias de estas líneas de crédito, que recientemente han entrado en el debate político a cuenta de las negociaciones entre el PSOE y los partidos independentistas de Cataluña para formar Gobierno. Según Fedea, estos territorios experimentarán aumentos del tipo de la deuda entre el 1,6% y el 1,8% en el periodo considerado. Por el otro lado están Navarra, País Vasco y Madrid, que solo acuden a los mercados: el alza será del 0,9%, porque su cartera de deuda tiene una vida media mayor. “Aquellas regiones que tengan una vida media superior a lo considerado tendrán unos menores vencimientos que lo estimado”, dice el estudio.

En términos de volumen, por el contrario, la deuda autonómica se mantendrá estable en su conjunto, ligeramente por encima de los 320.000 millones. De hecho, el pasivo regional y el gasto por intereses calculados como ratio sobre el PIB han seguido una evolución opuesta en los últimos años, y según el informe la brecha irá aumentando. La tasa de deuda autonómica empezó a crecer tras la Gran Recesión, alcanzó un pico con la crisis de la covid y desde entonces se ha ido reduciendo gracias al crecimiento económico, tendencia que mantendrá hasta 2026 —para entonces, habrá caído al 20,3%, desde el 23,9% de 2022—. Los desembolsos asociados a la deuda, por su parte, tocaron máximos en 2014, momento a partir del cual empezaron a hundirse. El año pasado volvieron a dispararse, y el informe prevé que al final del periodo analizado se sitúen en torno al 0,5% del PIB, el mismo nivel que en 2015.

“Las comunidades deben calibrar con mucha prudencia todas las políticas fiscales expansivas que ahora y en los años venideros pueden desarrollar”, alertan los autores del informe, quienes recuerdan que el próximo año la presión sobre las cuentas aumentará con el regreso de las reglas fiscales europeas. Las autonomías “han de ser conscientes de que embarcarse en reducciones significativas de impuestos y/o proyectos de gasto de dudosa rentabilidad social dañaría claramente la sostenibilidad de las finanzas públicas regionales”, alertan.

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