La misión imposible de impedir que la banca traslade a sus clientes el impuesto del Gobierno

El Gobierno buscó el pasado julio debajo de las piedras para poder sufragar el gasto extra que conllevaban las medidas antiinflación en un momento en el que la espiral de precios tocaba techo (el IPC llegó al 10,8% ese mes). El Ejecutivo miró hacia las energéticas y la banca, los dos grandes ganadores de esta crisis, y les impuso una tasa temporal —de dos años— extraordinaria. Sin embargo, se prop...

El Gobierno buscó el pasado julio debajo de las piedras para poder sufragar el gasto extra que conllevaban las medidas antiinflación en un momento en el que la espiral de precios tocaba techo (el IPC llegó al 10,8% ese mes). El Ejecutivo miró hacia las energéticas y la banca, los dos grandes ganadores de esta crisis, y les impuso una tasa temporal —de dos años— extraordinaria. Sin embargo, se propuso que ese nuevo coste para el sector financiero no acabara siendo repercutido a los propios ciudadanos. “La nueva prestación no es deducible en el impuesto sobre Sociedades y no puede trasladarse a los clientes constituyendo infracción grave el incumplimiento de la prohibición”, recoge la ley publicada en el Boletín Oficial del Estado. La tarea, en la práctica, pone en un brete a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), encargada de controlar que ese tributo no tenga un impacto en el bolsillo de los ciudadanos con la ayuda del Banco de España.

La cuestión de si el impuesto se acaba trasladando o no al cliente depende de lo que ocurra en la calle de Alcalá de Madrid, cerca de la plaza de Cibeles. A un lado de la vía está el Banco de España, que reconoce que se trata de una función prácticamente inviable. “Llevo más de 35 años en supervisión y me cuesta mucho planificar una cosa así. Hay diversos factores que inciden en la fijación de precios”, explicaba Mercedes Olano, directora general de supervisión del Banco de España, recientemente en una rueda de prensa. De hecho, el organismo que dirige Pablo Hernández de Cos apunta al otro lado de la calle. “Es la CNMC la que realiza el seguimiento. Nosotros solo le damos la información que nos solicitan”, añadió Olano.

La norma señala al respecto: “Corresponde a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, sin perjuicio de las competencias del Banco de España y de la obligación de éste de colaborar con la misma, la comprobación del cumplimiento de la obligación a que se refiere el párrafo primero [en el que se recoge que no puede haber una traslación de precios] así como, en su caso, la tramitación y resolución de los procedimientos sancionadores por incumplimientos de la misma”. Es decir, el supervisor le facilita información, como ya está haciendo, pero la responsabilidad de la vigilancia recae en la CNMC.

En el organismo que dirige Cani Fernández eran conscientes de la ardua tarea que se les presentaba. Por ello, reclamaron más recursos desde el inicio para ser capaces de controlar que los bancos no trasladen el coste del impuesto a los usuarios. La cuestión es más que complicada, ya que no existen unos precios de origen fijos con los que se pueda trabajar y evitar que le repercutan la nueva tasa. Además, no existe un producto concreto en el que se pueda repercutir, sino que puede suponer un encarecimiento de los créditos, más pago de comisiones, el retraso de la remuneración de los depósitos o el encarecimiento de otros productos de la oferta comercial vinculada. Para rematarlo, el entorno de subida de tipos de interés no ayuda a esta vigilancia.

En Competencia prevalece la cautela. Por el momento, el organismo está en fase de estudio para identificar cambios, pero no tiene definida la fórmula para detectar qué entidades se saltan la norma. “En estos momentos, la CNMC está colaborando con el Banco de España, como prevé el artículo 7 que crea el gravamen, para identificar cambios de comportamiento en las entidades sujetas al gravamen en sus políticas de activo y pasivo a partir de la información de que dispone el Banco de España, así como toda otra información y análisis que pueda ser de utilidad para dicho cometido”. Esto es, se está recabando toda la información posible para tratar de comprobar si existe alguna anomalía, aunque no hay definida una metodología concreta.

Multa disuasoria

Para disuadir a las entidades de una eventual traslación, el Gobierno decidió fijar sanciones. “Tendrá la consideración de infracción muy grave el incumplimiento de la obligación a que se refiere el párrafo anterior y se sancionará con una multa pecuniaria proporcional del 150% del importe repercutido”, añade la ley. El Banco Central Europeo (BCE), precisamente, cuestionó en un dictamen no vinculante que no se pudiera trasladar este coste al usuario. De hecho, la autoridad monetaria decía en su informe: “[Espero que las entidades] reflejen en los precios de los préstamos todos los costes pertinentes”, incluyendo los impuestos. Pese a esta reprimenda del Eurobanco, el Gobierno siguió adelante con su propuesta sin modificar ese punto.

Una vez aprobada la norma, el sector financiero redujo el tono de sus críticas. Además, José Manuel Campa, presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), aseguró en una entrevista con EL PAÍS que el impuesto no debería afectar a la banca española: “Coyunturalmente, no creo que tenga impacto negativo en la solvencia de las entidades o en la menor provisión de crédito para la economía”.

De esta forma, la tasa sigue su curso —los bancos ya han realizado el primer pago anticipado—, aunque la mayoría de entidades lo han recurrido en los tribunales. Las cuentas del Ejecutivo esperan una recaudación de 3.000 millones de euros en dos años. El impuesto consiste en aplicar un tipo del 4,8% sobre el margen de intereses y comisiones netas de las entidades por su negocio en España. El Gobierno de coalición lo justificó en la necesidad de obtener una contribución extra del sector: considera que se beneficiará de unas subidas de tipos que, de no ser por las tensiones inflacionistas, se hubieran producido de forma más gradual.

En este primer curso, el pago de los grupos financieros se situará en el entorno de los 1.400 millones, con la previsión de que crezca para el siguiente. Solo entre los tres grandes bancos apoquinarán por el 2022 unos 850 millones (400 millones CaixaBank, mientras que el Santander y el BBVA abonarán unos 225 millones cada uno). Para el Sabadell, la factura asciende a los 170 millones. Las otras dos entidades cotizadas, Bankinter y Unicaja, pagarán 90 millones y algo más de 70 millones, respectivamente. Fuera del parqué están Kutxabank, Abanca (les corresponderá abonar unos 50 millones a cada uno), Ibercaja y Cajamar (alrededor de 45 millones por grupo).

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