José Luis Escrivá: “Los críticos con la reforma de las pensiones llevan 20 años equivocándose”

José Luis Escrivá (Albacete, 62 años), ministro de Seguridad Social, ha logrado un acuerdo sobre la reforma de las pensiones con el visto bueno de la Comisión Europea y los sindicatos, pero aún le queda el trámite del Congreso, donde la mayoría que apoya al Gobierno ya le ha garantizado su voto frente a la oposición de los partidos de derecha. Responde a las críticas de los analis...

José Luis Escrivá (Albacete, 62 años), ministro de Seguridad Social, ha logrado un acuerdo sobre la reforma de las pensiones con el visto bueno de la Comisión Europea y los sindicatos, pero aún le queda el trámite del Congreso, donde la mayoría que apoya al Gobierno ya le ha garantizado su voto frente a la oposición de los partidos de derecha. Responde a las críticas de los analistas que ven insuficiente la reforma. “Casi todas las críticas proceden de los autores de la reforma de pensiones de 2013. Los críticos, que son siempre los mismos, se llevan equivocando los últimos 20 años”, afirma. Y señala: “Recomendaría analizar las fuentes de financiación de estos estudios”.

La reacción de Alberto Núñez Feijóo, que aplaudió la reforma impuesta por decreto en Francia, le resulta “desconcertante” al ministro, que ve reflejarse en el líder de la oposición “políticas ultraliberales de recorte del Estado del bienestar”. En su opinión, el problema de la sostenibilidad de las pensiones está acotado a las décadas de los próximos años treinta y cuarenta. “La visión de que es un problema creciente a largo plazo es falsa”, afirma.

Pregunta. Más allá del valor económico y social de la reforma de las pensiones, ¿qué importancia política tiene a dos meses de las elecciones autonómicas y locales y en año de legislativas?

Respuesta. Es una reforma que afecta directa o indirectamente a todos los ciudadanos del país. A los casi 11 millones de pensionistas y a la mayoría que tiene expectativas de serlo en algún momento. Es una reforma que garantiza la suficiencia de las pensiones y su poder adquisitivo y dota de un marco de estabilidad muy sólido a corto, medio y largo plazo. Debe ser un elemento que genere tranquilidad y confianza de forma abrumadora en el sistema de pensiones. Es una política que va dirigida a la gran mayoría de la gran mayoría. Y cuenta con el apoyo de Bruselas. Esto va a perdurar durante mucho tiempo.

P. ¿Se puede interpretar que se ha diseñado como baza electoral?

R. No, en ningún caso.

P. ¿Por qué genera tantas críticas?

R. Es un tema complejo de abordar y lo estamos viendo en países de nuestro entorno donde cuesta mucho sacar adelante este tipo de reformas. Italia lleva años dando vueltas a posibles modificaciones, en Francia ya estamos viendo lo que está pasando. Hay seis países que tienen reformas de pensiones en el plan de recuperación y muchos de ellos transmiten que es muy difícil cumplir los hitos por la dificultad de forjar consensos.

P. El PP ha criticado la reforma. Dice que es insuficiente. Usted asegura que está convencido de que no la van a tocar. ¿Por qué cree eso y qué opinión tiene de las palabras de Feijóo sobre la reforma de Macron?

R. Lo de Feijóo me pareció desconcertante. Puede interpretarse como un rapto de sinceridad y que realmente refleja las políticas ultraliberales de recorte del Estado del bienestar que defiende mediante el recorte del gasto y la reducción de impuestos. Son políticas que afortunadamente están ya superadas en la academia y en el entorno de los organismos internacionales.

P. Y mantiene la idea de que no aprobarán otra reforma del Gobierno.

R. Es una reforma muy bien hecha, que afianza la sostenibilidad, que establece un modelo alternativo y que tiene consenso social y apoyos suficientes. Recuerdo la posición del PP en 2011 con la reforma del Gobierno Zapatero, el PP no la votó, pero tampoco la modificó después a pesar de tener mayoría absoluta.

P. Hay varios análisis alternativos del BBVA, Fedea, Funcas, que han criticado su reforma. ¿Por qué cree que están mostrando una posición tan frontal?

R. En algunos casos, los informes se han publicado incluso antes de que se aprobara la reforma, sin conocer las medidas, ni siquiera superficialmente. En ocasiones, estos informes han tenido coincidencias en opiniones y en momentos con otros actores que podríamos decir que son sospechosas. Muchos de los críticos y analistas que firman esos informes se llevan equivocando los últimos 20 años en sus proyecciones y algunos, además, fueron autores de la reforma de 2013, que tampoco es que haya sido estudiada como un caso de éxito. Recomendaría analizar las fuentes de financiación de estos estudios.

P. ¿Qué opina sobre el informe de la Autoridad Fiscal que alertaba del aumento del gasto público que supone la reforma de pensiones y advertía de que la reforma no mejora la sostenibilidad porque considera que las medidas planteadas son insuficientes?

R. Creo que hay interpretaciones erróneas de la opinión de la Airef. En primer lugar, lo relevante de las opiniones del supervisor fiscal son las recomendaciones y, en el caso, de las que hace en materia de pensiones en su último informe son intachables y completamente aceptables para este ministerio. En segundo lugar, creo que es importante destacar que el informe contempla dos escenarios, uno inercial, que no ha incorporado los cambios estructurales resultados del Plan de Recuperación y Resiliencia, particularmente visibles ya en el mercado de trabajo. Incluso en este escenario inercial, la Airef estima que casi tres cuartos de los efectos sobre la sostenibilidad del sistema que se obtenían con la lesiva reforma de 2013 se alcanzan con la nueva reforma vía incentivos positivos y nuevos recursos. Pero, además, la Airef incorpora un segundo escenario (“de mayor crecimiento potencial”), que a priori parece más plausible en las circunstancias actuales, prácticamente coincide con las previsiones de gasto que hemos planteado. Creo que se están haciendo interpretaciones sesgadas del informe, que recomiendo leer en profundidad.

P. Forma parte de un Gobierno de coalición apoyado por varios partidos con los que también ha tenido que negociar la reforma. ¿Si no tuviera condicionantes políticos, hubiera hecho alguna otra cosa diferente?

R. No, no hubiera hecho nada diferente sustantivamente. La sostenibilidad de las cuentas públicas en España tiene que abordarse reforzando los recursos públicos y eso es lo que hacemos. En segundo lugar, los incentivos a la jubilación demorada y los desincentivos a la jubilación anticipada es otro elemento central de la reforma. Y después incorpora algo muy importante que son elementos de equidad y de solidaridad. Tiene un componente de género muy potente con el reforzamiento del complemento de brecha de género, el mejor tratamiento de las lagunas de cotización, fundamentalmente para las mujeres. Y después también aborda las carreras profesionales más volátiles en los últimos años y se les da mejor tratamiento. Tanto desde el punto de vista de justicia social como de solidaridad el sistema se refuerza.

P. ¿Cómo fue la negociación con Bruselas? ¿Cree que hubiera aceptado la reforma sin la cláusula de cierre, que obliga a hacer correcciones automáticas si hay desviaciones en el gasto?

R. Durante los meses que hemos estado hablando con ellos hubo un proceso de convencimiento de que había que ir en una dirección que no era la que ellos tenían inicialmente en la cabeza y que suponía un cambio respecto a cómo se han abordado estos temas en el pasado. Ellos han tenido una actitud muy positiva. Nos han trasladado que detrás de la nuestra vienen otras seis reformas de pensiones y, por lo tanto, hay que trabajar en un marco para que algunos elementos pudieran ser extrapolables. Se han dado cuenta de que cuando hablamos de sostenibilidad de las pensiones y hacemos proyecciones a 30 años vista, puede haber distintas visiones y los márgenes de error son considerables y, por lo tanto, no tiene mucho sentido ponerse a diseñar escenarios, todos con probabilidad limitada, sino que es más importante crear una institucionalidad que asegure que cada cierto tiempo se van revisando los escenarios. En este caso, si hubiera que tomar medidas adicionales, como estamos hablando de 30 años vista, creamos los procedimientos para que llegado el momento se tomen medidas. Pero, a plazos tan largos, tiene sentido ir a escenarios centrales. Si después resulta que se materializa alguno de los elementos negativos, el Gobierno que esté, y con las mayorías que haya, abordará ese problema. Así hemos desarrollado lo que llamamos la cláusula de cierre del sistema.

P. Se refiere al mecanismo de ajuste automático, que es un elemento decisivo en la reforma.

R. Sí, sí, pero el mecanismo de cierre va a generar un ajuste. Esta cláusula estaba ya en nuestra reforma de hace un año, en la regulación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Las autoridades europeas se habían mostrado escépticas sobre si tendría que ser un elemento central del sistema porque inicialmente su posición era más favorable a reclamar otras medidas para cubrirnos ante cualquier contingencia. Y paulatinamente han ido aceptando que era mejor opción una cláusula de cierre, que de alguna manera ya estaba presente, y que de forma semiautomática garantiza que una posible desviación sea corregida, con el concurso de instituciones como la Airef. Esto tiene especial sentido cuando se están haciendo proyecciones a plazos tan largos.

P. Bruselas ha aceptado su propuesta sobre el MEI, pero el planteamiento inicial consistía en una aportación del 0,6% hasta 2032 y el resultado final es una cuota adicional del 1,2% hasta 2050. Ha cambiado significativamente. ¿Qué ha cambiado desde que se planteó en la primera fase hasta ahora?

R. Hemos tenido que hacer cambios para añadir recursos al sistema para proponer la solución dual al tema de las carreras profesionales. Ahora para determinar la cuantía de la pensión se podrá elegir entre un periodo relativamente largo, que la pensión se calcule en los últimos 25 años, el statu quo, o por el contrario, la alternativa que incorpora más años con la posibilidad de excluir los peores años. Además, se ofrece un mejor tratamiento de las lagunas de cotización. Esta dualidad, que estará vigente hasta 2044, requiere algunos recursos adicionales.

P. La cláusula de cierre en el imaginario colectivo se traduce como en una subida inevitable de cotizaciones.

R. Escuchando al señor Feijóo, no parece que vaya a ser así. En cualquier caso, eso es hipotético. Eso se activa bajo condiciones que veremos si se materializan en un periodo de 25 años. Hay muchos escenarios positivos que podrían hacer que no se tuviera que activar. En segundo lugar, si se activara puede llevar a distintos acuerdos con combinaciones de medidas tanto en el lado del gasto como de los ingresos. Yo no prejuzgaría en este momento qué es lo que va a ocurrir. Y tercero, si hubiera que recurrir al mecanismo automático, estamos hablando de un ajuste menor, porque tenemos un sistema muy robusto.

P. La CEOE critica la reforma porque dice que se basa en subidas de cotizaciones. Creen que es un golpe a las empresas y puede acabar destruyendo empleo.

R. No es cierto. Hay medidas de distinta naturaleza. Hay medidas de incentivo a la jubilación demorada y desincentivo a la jubilación anticipada en la reforma. Y también hay que tener en cuenta la reforma del régimen de autónomos. Es un paquete de medidas que se ha ido aprobando en distintas fases y algunas van en la dirección de la contención del gasto. Durante el proceso he visto bastante incoherencia en algunos momentos por parte de la CEOE. Tampoco ha hecho propuestas. Hay que ser consistente y coherente. Sobre el tema de los recursos, la situación es completamente manejable. El MEI no afecta a la competitividad de las empresas españolas. Los números son contundentes: el coste laboral por hora trabajada en España es de 23,4 euros. Con el MEI subirá a 23,5 euros inicialmente y llegaremos a 23,8 euros en 2050, que es el momento en el que las medidas de ingresos tienen mayor impacto. La media de la UE está en 33 euros por hora. Si alguien piensa que con estos números se cambia la competitividad de las empresas españolas frente al exterior que me expliquen dónde está el problema.

P. Cuando se examina la reforma vemos que se vinculan las pensiones al IPC, se suben las pensiones mínimas, las pensiones no contributivas, se mejoran las lagunas de cotizaciones, se reduce la brecha de género… Al final son casi todas medidas de gasto. Pero, ¿qué medidas hay ante el cambio demográfico que viene?

R. La sostenibilidad de las pensiones se garantiza con dos bloques de medidas. Unas de incentivos positivos voluntarios para prolongar la permanencia en el mercado de trabajo. De tal forma que la edad efectiva de jubilación se vaya acercando a la edad legal. El otro bloque consiste en un conjunto de medidas de recursos económicos a través de cotizaciones sociales que se van a distribuir en el tiempo en una forma bastante gradual, dado que ese es un problema de largo, de medio y largo plazo. Además, un tema en el que nunca se insiste suficientemente es que el reto de sostenibilidad de las pensiones en España está básicamente acotado a la década de los años treinta y los cuarenta, a partir de entonces el sistema se equilibra por la propia evolución demográfica. La visión de que es un problema creciente a largo plazo es falsa. A partir de finales de la década de los cuarenta el sistema vuelve a mejorar automáticamente.

P. Una parte de la reforma afecta a los autónomos, que pasarán a cotizar por los ingresos reales. ¿Qué quiere decir eso? ¿Supone esto en la práctica un aumento de cotizaciones sociales? Además, se revisará en 2032, lo que deja la puerta abierta a subidas a este colectivo.

R. No, en ningún caso. Lo que dice la norma es que de aquí a 2032 tiene que estar completada la cotización de los autónomos por rendimientos netos. El Pacto de Toledo dice que el régimen de autónomos tiene que converger con el régimen general y, por lo tanto, se buscaba una equivalencia en términos de bases de cotización. Esto lo hacemos progresivamente hasta el año 2032.

P. Mirando la fotografía a futuro es preocupante ver que en 2050 habrá cinco millones más de pensionistas con el mismo número de trabajadores que ahora. Los ciudadanos se preguntan si esto es sostenible.

R. No es exactamente así. España todavía tiene bastante margen en la tasa de participación laboral. Estamos viendo que según va pasando el tiempo va a haber una incorporación mayor de personas al mercado laboral. En segundo lugar, tenemos una tasa muy baja de participación laboral entre 55 y 70 años en general. Por eso, hemos hecho lo de la jubilación demorada y esto va a ir cambiando progresivamente. La convergencia hacia los patrones europeos es bastante lógica. Tenemos un nivel de desempleo todavía alto y supone una reserva de trabajadores que deben ir incorporándose. Y finalmente tenemos que ver cómo evoluciona la migración. En los últimos cinco años hemos tenido una llegada neta de 250.000 inmigrantes, que es una cifra considerable. Todo eso permite sostener que el crecimiento del empleo de aquí al 2050 será del 0,4% interanual.

P. Arrecian las voces que ven un cierto desequilibrio generacional en el gasto público porque un tercio se dedica a las pensiones, el uso de la sanidad es más intensivo entre los mayores y frente a eso la tasa de paro estructural de los jóvenes es de un 30%, hay muchos sistemas que tienen empleos precarios.

R. Que un país tenga un gasto en pensiones de en torno a 13 puntos del PIB, por debajo de la media europea, no debería ser una preocupación y, además, hay que tener en cuenta que es básicamente el resultado de las contribuciones que han hecho los asalariados o los autónomos en toda su vida laboral. A mí me parece que esto no debería ponerse en cuestión. Cuestionarlo o proponer recortes porque haya problemas en el mercado laboral de los jóvenes me parece que es una forma extraordinariamente simplista, incluso injusta, de plantear las cosas. Son instrumentos distintos. ¿Cómo conseguimos mejorar los salarios y la empleabilidad de los jóvenes? Lo hacemos con la reforma laboral, que no tiene coste fiscal, sino que simplemente trata de abordar problemas endémicos de nuestro mercado de trabajo, como es el de la precariedad laboral.

P. Teniendo en cuenta la tasa de natalidad y las proyecciones demográficas, ¿cuántos trabajadores extranjeros necesita España?

R. Hemos proyectado un flujo migratorio neto de algo más de 250.000 personas al año, muy parecido a los que ha habido en los últimos años. Creo que es un flujo razonable y conservador, que es perfectamente asumible porque tenemos que trabajar efectivamente en procesos de migración ordenada, de atraer talento extranjero exterior.

P. Cómo de generosa debe ser una pensión. Cómo explica que haya pensiones públicas de 3.000 euros cuando la mayoría de los trabajadores están por debajo.

R. Esas pensiones son el resultado de una carrera larguísima de cotizaciones. En España el periodo medio de cotización es de 40,5 años en el caso de los hombres y en las mujeres se está convergiendo hacia esas cifras muy rápidamente.

P. Qué podemos esperar de la jubilación parcial.

R. Si la jubilación parcial se desarrolla más en España reforzará la sostenibilidad del sistema.

P. Pero las empresas dicen que supone un coste tremendo.

R. Yo creo que nos tendremos que ir acostumbrando. Están instaladas algunas ideas que no son correctas. Primero, en la sustituibilidad entre trabajadores jóvenes y veteranos hay una complementariedad muy grande. Que los trabajadores seniors sigan, aunque sea a tiempo parcial en las empresas, con la experiencia que acumulan y la mejora en la forma de organizar el trabajo, es una aportación muy grande. Es fundamental que los seniors transfieran conocimiento y experiencia. Esto no está instalado suficientemente en la cultura empresarial. La mejor forma de hacerlo es con una salida progresiva del mercado de trabajo a partir de cierta edad, en lugar de lo que ahora es habitual en España, que es una salida muy brusca.

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