Hacienda espera recaudar más de los 3.000 millones previstos con los nuevos impuestos a la banca y a las energéticas

Justo después de presentar unos beneficios apabullantes, las mayores compañías energéticas y entidades financieras han tenido que pasar por caja. Este lunes finalizaba el plazo para abonar el primer pago a cuenta —el 50% de la cuota— de los nuevos impuestos que el Gobierno ha aprobado para los dos sectores, y que según un informe preliminar del Ministerio de Hacienda se ha saldado con un pago de más de 1.454 millones de euros. “[Esta cifra...

Justo después de presentar unos beneficios apabullantes, las mayores compañías energéticas y entidades financieras han tenido que pasar por caja. Este lunes finalizaba el plazo para abonar el primer pago a cuenta —el 50% de la cuota— de los nuevos impuestos que el Gobierno ha aprobado para los dos sectores, y que según un informe preliminar del Ministerio de Hacienda se ha saldado con un pago de más de 1.454 millones de euros. “[Esta cifra] anticipa una recaudación anual real superior a los 2.900 millones”, según ha anunciado este martes la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, tras avanzar los datos. “Creemos que vamos a superar incluso los 3.000 millones”, ha añadido.

Los dos gravámenes —no se han aprobado como impuestos, sino como prestaciones patrimoniales no tributarias— entraron en vigor el 1 de enero para gravar los llamados beneficios caídos del cielo de entidades financieras y energéticas a raíz de la actual coyuntura, marcada por elevados precios del gas y la electricidad y una subida abrupta y acelerada de los tipos de interés. Implica, en el caso de la banca, gravar al 4,8% su margen de intereses y comisiones; a las energéticas se les aplica un 1,2% sobre el importe neto de la cifra de negocio. Solo están sujetas al impuesto las mayores sociedades: energéticas con facturación de más de 1.000 millones y entidades con margen de intereses y comisiones superior a los 800 millones. El ingreso que han hecho esta semana al fisco es un pago a cuenta del 50% de la cuota del impuesto.

La estimación inicial de recaudación por estas figuras, que estarán en principio vigentes durante dos ejercicios (2023 y 2024), rozaba los 3.500 millones al año. Este importe fue rebajado a unos 3.000 millones por las enmiendas introducidas a lo largo de la tramitación parlamentaria, por ejemplo con la exclusión de la banca extranjera del impuesto. Finalmente, en este primer pago a cuenta, que luego se descontará de la liquidación definitiva, las entidades financieras han abonado 637,1 millones de euros, y 817,4 millones los principales grupos energéticos.

“Cantidad asumible”

“Es una cantidad asumible ante el volumen de beneficios que han tenido”, ha defendido Montero tras enumerar las ganancias récord que han cosechado los dos sectores en 2022: la gran banca ha obtenido unos 20.500 millones adicionales, y las energéticas han subido sus beneficios un 43%. “Todos estamos viendo sus cuentas de resultados”, ha añadido la ministra en la rueda de prensa celebrada después del Consejo de Ministros. Las cúpulas de las sociedades llamadas a pagar los nuevos impuestos, sin embargo, no han digerido la iniciativa, que consideran discriminatoria y sobre todo dañina en términos de competitividad. Por ello, ya han empezado a presentar recursos para obligar al Gobierno a dar marcha atrás.

Montero ha insistido en que los dos gravámenes responden a un modelo de justicia fiscal y al mandato constitucional de que todos contribuyan al gasto público en función de su capacidad. Ha tildado las cantidades abonadas de “proporcionadas” y ha recordado que estas tienen carácter finalista: irán a financiar las medidas extraordinarias adoptadas para mitigar el impacto económico de la guerra en Ucrania, que hasta el primer semestre de este año suponen un desembolso de entre 10.000 y 12.000 millones de euros.

La otra medida aprobada para conseguir recaudación adicional es el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas —de más de tres millones de euros—, que viene a solaparse al tributo sobre el patrimonio que gestionan las comunidades autónomas. Este último será deducible en el primero, que tendrá que abonarse también en aquellas regiones que lo tenían bonificado. El Gobierno confía en ingresar unos 1.500 millones al año con esta nueva figura, que también tiene carácter temporal.

Familias vulnerables

Entre las políticas que financiará esta recaudación extra está el nuevo cheque de 200 euros para los hogares más vulnerables: el plazo para solicitarlo empezó la semana pasada y ya lo han pedido 1,1 millones de personas, según ha avanzado Montero. “Hay que elegir y hemos elegido este camino”, ha subrayado la ministra en referencia a la batería de ayudas públicas que el Gobierno ha desplegado para hacer frente a la pandemia y la crisis causada por la invasión ordenada por el Kremlin.

El Gobierno anunció en diciembre el nuevo cheque de 200 euros, una reedición de la ayuda lanzada en verano que había sido un fracaso en términos de alcance: solo llegó a 600.000 beneficiarios de los 2,7 millones esperados. Esta nueva versión pretende tener más difusión —se simplifican los trámites y se sube el umbral de ingresos para tener acceso a ello— y llegar hasta los 4,2 millones de familias. Lo pueden pedir, hasta el 31 de marzo y a través de la página web de la Agencia Tributaria, todos aquellos trabajadores —asalariados y autónomos— y parados que reciben una prestación por desempleo con rentas inferiores a los 27.000 euros en 2022. Su patrimonio no puede superar los 75.000 euros, sin contar la vivienda habitual, y quedan excluidos pensionistas y beneficiaros del ingreso mínimo vital.

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