España pedirá a Bruselas prolongar la excepción ibérica al menos hasta final de 2024

El Gobierno quiere mantener el tope del precio del gas, que entró en vigor en junio para abaratar la factura de la electricidad, al menos hasta finales de 2024. La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha avanzado este lunes que el Ejecutivo solicitará a la Comisión Europea extender la denominada excepció...

El Gobierno quiere mantener el tope del precio del gas, que entró en vigor en junio para abaratar la factura de la electricidad, al menos hasta finales de 2024. La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha avanzado este lunes que el Ejecutivo solicitará a la Comisión Europea extender la denominada excepción ibérica —se aplica en España y Portugal— más allá del plazo acordado (31 de mayo), sobre todo mientras dura la guerra en Ucrania y la UE negocia cambios de fondo en el sistema eléctrico europeo para reducir la volatilidad de los precios. El Consejo de Ministros tiene previsto debatir este martes la propuesta de reforma que España enviará a Bruselas.

La excepción ibérica es una de las fórmulas que defiende España para reducir el impacto en la factura eléctrica de la histórica escalada del gas y, según los cálculos del Gobierno, ha permitido desde su aplicación un ahorro de 4.000 millones de euros a los consumidores. Su objetivo es mantener este sistema, según ha avanzado Ribera en declaraciones a Antena 3, con un tope de precio similar al actual: “Nos gustaría que quede lo más parecido a como está hoy, lo más bajo posible, en el entorno de los 45 o 50 por MWh, y que se pueda prolongar por lo menos hasta el final de 2024”.

El mecanismo establece en la actualidad un límite del precio del gas que se utiliza para la producción de electricidad de 40 euros por megavatio hora (MWh) e ir aplicando subidas de 5 euros cada mes hasta terminar en los 70 euros. Desde el 1 de enero el precio límite es de 45 euros. Aunque Bruselas rechazó al principio este mecanismo, también se prepara ahora para impulsar medidas similares en el conjunto de la UE: en diciembre acordó implantar un tope al gas en todo el continente a partir del 15 de febrero, pero el límite es de 180 euros por MWh, mayor del que está en vigor en la península Ibérica, y solo se activará cuando el precio supere ese máximo durante tres días seguidos y la diferencia respecto al mercado global sobrepase los 35 euros.

Ribera ha insistido en la necesidad de modificar el sistema eléctrico en el conjunto de la UE para reducir la volatilidad en el precio de la electricidad y abaratarla. En España, ha apuntado, se ha conseguido en parte con algunas de las medidas adoptadas, como las rebajas fiscales y la excepción ibérica. Topar el gas ha servido para blindar su impacto en la formación del precio de la electricidad. En los mercados mayoristas europeos impera un sistema marginalista que hace que el precio del último kWh necesario para casar oferta y demanda decida el precio del 100% de la energía. De esta forma, cuando hay que recurrir a una tecnología de alto coste, como el gas, el impacto se traslada a toda la energía negociada para esa hora. La excepción ibérica, por un lado, topa ese precio del gas para impedir que contagie a todo el precio y, por otro, compensa a los productores de gas por la diferencia, un coste que se traslada al recibo de la luz.

La UE analiza una nueva regulación que dé más estabilidad al mercado energético tras un año 2022 extremadamente convulso. El Gobierno tiene previsto analizar este martes su propuesta, antes de enviarla a Bruselas, para desarrollar una autonomía energética para dar más estabilidad a un mercado que la invasión rusa de Ucrania hizo saltar por los aires. Así lo ha remarcado Pedro Sánchez durante su intervención este lunes en la Conferencia de Embajadores, según informa Europa Press. El propósito es impulsar el despliegue de las energías renovables y procurar un reparto equitativo de rentas entre consumidores y productores de energía en una situación de “tensión y crisis” como la actual.

“Con esta propuesta de reforma a nivel europeo del mercado eléctrico, España lo que hace es exportar soluciones constructivas como fue la solución ibérica y cómo debe ser esta reforma del mercado eléctrico”, ha destacado. Sánchez también ha avanzado que el Gobierno aprobará este martes un real decreto para regular la participación en los primeros cuatro de los once proyectos de hidrógeno verde renovable aprobados por la Unión Europea y que incluyen subvenciones por 74 millones de euros de los fondos europeos.

La evolución de los precios de la electricidad se ha visto favorecida en otoño y el principio del invierno por las suaves temperaturas registradas en España. Ribera ha señalado al respecto que los almacenes de gas están llenos en la inmensa mayoría del territorio europeo o en el entorno del 85% o el 90%. De esta forma, ha destacado que Europa encara esta segunda mitad del invierno y el principio de la primavera “en muy buenas condiciones”, y que debe prepararse para lo que pueda ocurrir el próximo otoño.

La “solución de fondo”, según la ministra, es reducir lo más rápido posible la dependencia europea del gas, apostando por la transformación del sistema energético y por más recursos propios y energías renovables.

Pese a todas las medidas puestas en marcha, los recibos de la luz y del gas aumentaron más de un 30% el año pasado. En el mercado mayorista, donde en marzo de 2022 se alcanzó un récord de 545 euros por megavatio hora en España, el precio se situará mañana en 112 euros, un nivel más similar al de 2021. Se prevé que el año vaya de menos a más: el mercado de derivados apunta a un primer y un segundo trimestre de precios relativamente bajos y a una segunda mitad claramente al alza.

A esa tendencia contribuirá —aunque a costa de una factura fiscal que no deja de crecer— la decisión del Gobierno de mantener íntegramente la rebaja impositiva aplicada en los últimos meses. El IVA de la luz permanecerá en el 5%, tras dos bajadas (desde el 21%) en el último año y medio. El impuesto de generación (7%) seguirá en suspenso, mientras el especial permanecerá en el 0,5%, el mínimo permitido por la Comisión Europea, frente al 5,11% de antes de la crisis.