La prohibición de la pesca de fondo en 87 zonas del Atlántico subleva al sector
Ecologistas y empresarios se enfrentan por la decisión de la Comisión Europea que podría afectar a unos 500 barcos desde el próximo 9 de octubre
Los pescadores españoles reservan estos días sus adjetivos más gruesos para calificar la decisión de la Comisión Europea y de su comisario, Virginijus Sinkevičius, de prohibir la pesca en 87 zonas del Atlántico nororiental a todas las artes fijas. “Frustración, decepción, cabreo y, lo que es peor, sensación de derrotismo”, enumera Javier Garat, gerente de la Confederación Española de Pesca (Cepesca). La medida, calcula el sector, afectará a unos 500 barcos y 2.000 pescadores a partir ...
Los pescadores españoles reservan estos días sus adjetivos más gruesos para calificar la decisión de la Comisión Europea y de su comisario, Virginijus Sinkevičius, de prohibir la pesca en 87 zonas del Atlántico nororiental a todas las artes fijas. “Frustración, decepción, cabreo y, lo que es peor, sensación de derrotismo”, enumera Javier Garat, gerente de la Confederación Española de Pesca (Cepesca). La medida, calcula el sector, afectará a unos 500 barcos y 2.000 pescadores a partir del próximo 9 de octubre. Pero son estimaciones muy preliminares y ni los propios afectados saben qué cantidad de capturas podrían perder ni de qué especies.
El reglamento diseñado para proteger los ecosistemas marinos vulnerables, hábitats que pueblan corales y esponjas que se encuentran a profundidades de entre 400 y 800 metros en los cantiles, al final de la plataforma continental, cumple con lo establecido con la norma que la propia UE se comprometió a adoptar en 2016, cuando se introdujo la prohibición de faenar por debajo de los 800 metros. Pero ahora la agitación es mucho mayor que la que se produjo entonces: el sector ha anunciado un recurso de anulación en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Gobierno, reunido este miércoles con los afectados, también estudia presentar el suyo. En el PSOE gallego ya se ha iniciado una campaña de recogida de firmas.
Los ecologistas recuerdan que la publicación del reglamento el pasado lunes no debería haber cogido a nadie por sorpresa: “Ya viene con retraso, de las normas establecidas en 2016. Las zonas vulnerables están pobladas por especies de crecimiento lento, con una madurez sexual más tardía y no todas pueden sostener la actividad pesquera”, analiza desde Oceana Javier López, su director de la campaña de Pesca. “Si pusiésemos un símil con lo que pasa en tierra, es como si quisiésemos hacer una explotación entre secuoyas milenarias”. Son montes submarinos, cañones, respiraderos hidrotérmicos y fosas abisales que forman 57 ecosistemas a proteger, según la comisión, para los que se ha creado una veda en 16.419 kilómetros cuadrados. Es “el 1,16% de las aguas de la UE del Atlántico nororiental”, puntualiza la Comisión para relativizar el impacto.
Los cierres afectan a los buques equipados con redes de arrastre de fondo, dragas, redes de enmalle de fondo, palangres, nasas y almadrabas. Barcos que ahora pescan merluzas, palometas o cabras. La Comisión dice haber tomado la decisión tras solicitar un informe científico al Consejo Internacional para la Explotación del Mar (CIEM). El 5 de enero de 2021 el organismo emitió ese dictamen, pero los pescadores acusan a Bruselas de “exceso de celo” y de haberlo aplicado sin tener en cuenta que hay mejores datos disponibles a día de hoy (el informe usa datos de 2009 y 2011 y solo habla de arrastre, no de otras artes fijas como palangre o enmalle).
“Los proyectos Idemares e Intemares, que son proyectos Live para crear y gestionar áreas marinas financiados con dinero europeo, tienen mucha más información de lo que ocurre en los fondos marinos con una resolución mucho más alta, más precisa. En cambio, los datos contenidos en el informe del CIEM utilizan una baja resolución y un tamaño de cuadrículas del mar más grande”, protesta Garat. En sus 24 años trabajando en el sector dice no haber visto nada igual, nada tan de brocha gorda. Iván López, presidente de la Alianza Europea para la Pesca de Fondo habla de una sensación parecida. “No es una pataleta. Nos sentimos insultados, porque los pescadores también somos ciudadanos europeos”. Argumenta que están comprometidos con la conservación, pero no entienden cómo no se ha tenido en cuenta el impacto económico en las zonas costeras.
Pero saben que la opinión pública arrastra la corriente en su contra. ¿Es la pesca de fondo el equivalente a las centrales de carbón en el mundo de la energía? “En todo caso seríamos el equivalente a un tractor para la agricultura. Es verdad que removemos los fondos, tenemos un impacto, pero como cualquier otra actividad”, responde López. Los empresarios retan a los ecologistas a presentar alternativas a un modelo de alimentación que vira, según ellos, hacia “el veganismo industrial”, y los ecologistas responden que hay que intentar buscar soluciones intermedias porque de la pesca dependen muchas familias, pero “nunca a costa de los ecosistemas marinos vulnerables”. También recuerdan desde Oceana que, además de la crisis energética, el mundo vive otra igual de dañina y silenciosa, la de la biodiversidad. El propio CIEM reconoce en un documento de trabajo que la investigación debería centrarse en “mejorar la calidad de los datos” para determinar qué zonas necesitan más protección y evaluar el riesgo de las actividades humanas.
Desplazamiento de capturas
La cuenta atrás para que entre en vigor el reglamento ha comenzado. La flota del pincho de Gran Sol ya ha advertido que sus capturas caerán un 75% y la de la cigala argumenta que toda su actividad se realiza en zonas que estarán vetadas. “Si los echan, esos barcos tienen dos opciones: irse a su casa o intentar buscarse la vida en otro lado, lo que implicará la bajada del rendimiento de los barcos y el conflicto con otros faenando con otras artes de pesca. Merecía que la comisión hubiese afinado mucho más aprovechando los datos que existen y hacer un cierre quirúrgico, no como lo ha hecho”, insiste Garat.
El problema estará pronto en los tribunales. Los afectados intentarán atacar cuestiones formales y técnicas, como la que habla de que muchas de las zonas afectadas están a profundidades menores a 400 metros. Aunque la secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, no las tenía todas consigo este miércoles, cuando mencionó que la prohibición se ha decidido dentro de un acto de ejecución de la Comisión y que, en esa clase de actos, el Ejecutivo no tiene que consultar antes a otras instituciones de la Unión. Eso puede ser un obstáculo para judicializar el caso. El equilibro entre los intereses del sector y la naturaleza se sigue pareciendo a un círculo cuadrado.