Los nuevos impuestos, en el resto de Europa: cada vez más habituales sobre las energéticas; muy escasos sobre la banca

Los sistemas fiscales europeos empiezan a adaptar su diseño a una nueva realidad de ganancias extraordinariamente altas en el sector energético, pero no a unas cifras al alza en la banca. Los impuestos extraordinarios, de carácter temporal, sobre las petroleras, gasistas y eléctricas, como el que ultima el Gobierno español, distan mucho de ser algo extraordinario en el viejo continente: el Reino Unido, Italia, Grecia y —este mismo martes— Bélgi...

Los sistemas fiscales europeos empiezan a adaptar su diseño a una nueva realidad de ganancias extraordinariamente altas en el sector energético, pero no a unas cifras al alza en la banca. Los impuestos extraordinarios, de carácter temporal, sobre las petroleras, gasistas y eléctricas, como el que ultima el Gobierno español, distan mucho de ser algo extraordinario en el viejo continente: el Reino Unido, Italia, Grecia y —este mismo martes— Bélgica han anunciado en los últimos meses figuras específicas para gravar los llamados beneficios caídos del cielo, las ganancias extra que obtienen las energéticas como consecuencia de la subida de los precios de la electricidad y el gas. Sin embargo, por ahora solo un país, Hungría, ha hecho lo propio en el caso de las entidades financieras, cuyas cuentas de resultados empiezan a verse aupadas por la expectativa de aumento de los tipos de interés en los próximos meses.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, empezó a poner letra este martes a una melodía que ya sonaba desde finales de junio, cuando aprovechó la presentación del decreto de medidas anticrisis para desvelar un futuro impuesto específico sobre las empresas energéticas. Aunque el diseño del impuesto sigue siendo una incógnita, en su comparecencia en el debate sobre el estado de la nación. Sánchez anunció dos detalles no menores —que la recaudación total rondará los 2.000 millones de euros anuales y que se aplicará sobre las ganancias cosechadas en dos ejercicios (2022 y 2023)—, y dejó para la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la concreción de qué empresas se verán afectadas —las que facturen más de 1.000 millones de euros al año: Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol y Cepsa—. En España, tanto las petroleras y gasistas como la banca ya están sujetas a un tipo nominal más alto del impuesto de sociedades (30%) que el resto (25%), si bien las deducciones suelen rebajar sustancialmente el tipo efectivo en todos los casos.

España no es ni mucho menos el único país que se ha lanzado o ha anunciado tributos extra sobre el sector energético. Desde que empezó la escalada de precios del crudo, el gas y la luz, hace un año, son varios los países europeos que han explorado esa vía. De entre los grandes, el primero en hacerlo fue Italia, que bajo la batuta del liberal Mario Draghi puso en marcha en marzo un gravamen especial del 10% sobre los beneficios extraordinarios. Un mes después elevó el tipo hasta el 25%, y un nutrido grupo de diputados pretende ahora extenderlo a los beneficios cosechados por los bancos y los brokers que comercian con productos energéticos.

La medida italiana —que es retroactiva porque afecta a las ganancias cosechadas desde finales de 2021— tiene como intención financiar, al menos parcialmente, el paquete de ayudas de 14.000 millones aprobado por el Gobierno de Draghi para contener el zarpazo de los precios de la electricidad y los combustibles fósiles sobre hogares y empresas. Los técnicos españoles que están trabajando en la definición del nuevo tributo llevan meses con la lupa sobre el país transalpino.

Diferentes fórmulas

A principios de mayo, el Gobierno griego, de centroderecha, aireaba un plan para poner en marcha un “impuesto suplementario” que gravase el 90% de los beneficios caídos del cielo (aquellos en lo que el buen hacer de la empresa no tiene ninguna relevancia y que emanan únicamente de la volatilidad extrema en los mercados energéticos). El objetivo, de nuevo, es destinar esa recaudación extra a mejorar la precaria situación en la que han quedado los consumidores.

Dos semanas después llegó el turno del Reino Unido, que también lanzó un gravamen sobre los beneficios de las energéticas, pero en este caso del 25% y únicamente sobre las petroleras y gasistas —no sobre las eléctricas: exactamente lo que pretenden Iberdrola y Endesa en España—. Según los cálculos iniciales, el nuevo impuesto recaudaría casi 5.900 millones en un año y, al igual que Italia, el dinero se dedicaría a relajar la presión de precios que están soportando las familias. “Será temporal y, si los precios del petróleo y el gas vuelven a niveles históricamente más normales, se eliminará gradualmente”, deslizó el Ministerio de Finanzas, entonces capitaneado por el conservador Rishi Sunak, hoy aspirante a primer ministro.

El último en anunciar un tributo especial sobre las energéticas ha sido Bélgica. Casi a la vez que Sánchez desvelaba en la tribuna del Congreso su plan, todavía difuso, de gravar a las energéticas, la ministra de Energía belga, Tinne Van der Straeten, comunicaba su intención de crear un impuesto de una sola vez sobre el aumento en el beneficio de las empresas energéticas este año en comparación con 2021. Como en el caso italiano, el gravamen solo se aplicará si el aumento es del 10% o más.

Una de las opciones que barajaba la Comisión Europea en el menú de alternativas para atajar el problema de los precios energéticos que presentó a los países el pasado 8 de marzo era, precisamente, la creación de una tasa específica sobre las empresas energéticas. “Los Estados miembros pueden considerar medidas impositivas temporales sobre los beneficios caídos del cielo y, excepcionalmente, capturar una parte de esos retornos para redistribuirlos entre los consumidores”, se lee en ese documento.

Hungría, el único con un impuesto de nuevo cuño sobre la banca

El caso de la banca es completamente distinto. Aunque varios países (entre ellos, el Reino Unido, Francia, Portugal o, más recientemente, Suecia) cuentan con tributos específicos sobre el sector financiero, bien para devolver el dinero destinado a ayudas en tiempos de crisis, bien por su condición sistémica —y los riesgos que lleva aparejados—; solo uno, Hungría, ha puesto en marcha un gravamen especial por los beneficios caídos del cielo.

El Gobierno del ultraconservador Viktor Orbán anunció a finales de mayo una contribución especial a la que tendrían que hacer frente no solo los bancos y las energéticas, sino también las aseguradoras y las aerolíneas, entre otras. El objetivo total de recaudación ronda los 1.950 millones de euros, de los que algo más de 700 millones saldrán directamente de la cuenta de resultados de los bancos.

Otro país de Europa del Este con Gobierno de corte derechista, Polonia, ha hablado en las últimas semanas de imponer un impuesto sobre los beneficios caídos del cielo de la banca. El aviso, aún inconcluso, llegó la semana pasada por boca del ex primer ministro y actual líder del partido Ley y Justicia, Jaroslaw Kaczynski, que amagaba con poner en marcha una tasa de este tipo si las entidades financieras no mejoraban el interés de los depósitos. En Polonia el precio del dinero está en el 6%, el nivel más alto en 14 años.

Más allá de lo fiscal, el diario Financial Times adelantó hace diez días que el Banco Central Europeo (BCE) también está tratando de encontrar la manera de evitar que los bancos del bloque saquen tajada de la financiación ultrabarata aportada en los últimos tiempos —sobre todo desde el estallido de la pandemia— una vez que los tipos de interés empiecen a subir. Algo que está previsto para ya: salvo sorpresa mayúscula, el instituto emisor endurecerá su política monetaria el jueves que viene para hacer frente a la inflación galopante y el descalabro de la moneda única.