Los asesores fiscales cuestionan las medidas del Gobierno para aliviar el impacto de la crisis energética
El colectivo considera que los impuestos deberían de actualizarse de manera automática y periódica con la inflación
La mayoría de los asesores fiscales considera ineficaces las medidas impulsadas por el Gobierno para aliviar el impacto de la crisis energética. El 80% de ellos cree que las rebajas fiscales sobre el consumo electricidad y el descuento de 20 céntimos por litro sobre los carburantes no son adecuados para frenar la espiral de precios, según la última encuesta del Instituto de Economía de Barcelona (IEB) y el Registro de Economistas y Asesore...
La mayoría de los asesores fiscales considera ineficaces las medidas impulsadas por el Gobierno para aliviar el impacto de la crisis energética. El 80% de ellos cree que las rebajas fiscales sobre el consumo electricidad y el descuento de 20 céntimos por litro sobre los carburantes no son adecuados para frenar la espiral de precios, según la última encuesta del Instituto de Economía de Barcelona (IEB) y el Registro de Economistas y Asesores Fiscales (REAF-CGE), presentada este jueves.
En la misma dirección ya se habían pronunciado organismos como el Banco de España o el Consejo Económico y Social (CES). El supervisor bancario considera que la bonificación a la gasolina beneficia a las rentas altas, una argumentación parecida a la del CES, que en su última memoria criticó la rebaja por regresiva e ineficaz en su objetivo contener la inflación.
Los precios llevan meses instalados en una espiral alcista, alimentada por una crisis energética que se ha contagiado ya al resto de sectores. En mayo, la inflación en España repuntó un 8,7% con respecto al mismo periodo del año anterior. Los cuellos de botella en las cadenas de suministro, los coletazos de la pandemia, la guerra en Ucrania y ahora la crisis con Argelia no indican tampoco que los vientos amainen en el corto plazo.
En este sentido, el 90% de los asesores fiscales encuestados coincide en que los impuestos deberían de actualizarse según la evolución de los precios. El colectivo, compuesto por cerca de 5.000 profesionales, considera que los elementos legales de los gravámenes expresados en euros (reducciones, tramos o tipos unitarios) deberían ser automática y periódicamente actualizados de acuerdo con la inflación “para evitar efectos indeseados sobre la presión fiscal y sobre la progresividad”, según destaca la encuesta La opinión de los economistas asesores fiscales sobre nuestro sistema tributario.
Esta idea ya ha sido propuesta por distintos organismos y por la oposición. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, había planteado deflactar el IRPF para las rentas más bajas, mientras que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que adaptará el tramo autonómico del IRPF a la inflación. Pero no este año, en el que la OCDE prevé un repunte medio de precios de más del 8% en España, sino de cara a la declaración de la renta 2024.
Cambios ficticios de domicilio
El debate sobre la autonomía fiscal volvió a ganar gran protagonismo el año pasado con la creación del comité de expertos para la reforma fiscal, a la que el Gobierno se ha comprometido con Bruselas para 2023. En sus conclusiones, presentadas en marzo, los expertos recomiendan una parcial armonización de los impuestos cedidos a las comunidades ―sucesiones y donaciones y patrimonio―, para limitar la competencia fiscal entre territorios.
Los asesores fiscales coinciden en señalar que las diferencias tributarias que existen entre comunidades provocan cambios de residencia, tanto reales como ficticios. Es más: cerca de la mitad de los encuestados percibe un aumento en las consultas sobre cambio de residencia, aunque hay diferencias en función de que el traslado sea dentro o fuera de España.
Un 53,6% de los encuestados cree que las relocalizaciones hacia el extranjero van creciendo, pero solo un 37,5% afirma que estas tienen naturaleza ficticia. En cambio, un 64% aprecia un incremento de las consultas para cambiar de comunidad de régimen común ―en la encuesta no se incluyen Navarra y País Vasco― por motivos fiscales y, cuando se da la relocalización, un 48,3% considera que es ficticia.
Acorde con estos resultados, el 60% de los encuestados es contrario a que se mantengan “diferencias sustanciales en el nivel de presión fiscal entre territorios”. La mayoría de los asesores fiscales, sin embargo, no está de acuerdo en limitar la competencia autonómica en el impuesto de sucesiones y donaciones, ni en fijar un tope máximo. Sí se declaran a favor de aumentar el peso de la imposición medioambiental, como apuntan los expertos, pero a la vez creen que las rebajas fiscales son una oportunidad para generar crecimiento económico en la comunidad que las apruebe.
Por otro lado, los asesores vuelven a suspender el sistema tributario en su conjunto: más de la mitad de ellos considera que está peor que hace cinco años. Una de las razones de esta mala nota es su complejidad, causada por factores como una redacción deficiente de las normas considerada deficiente o su continua modificación.
Recuperación desigual
Los ingresos por impuesto de sociedades recuperaron y superaron el año pasado los niveles prepandemia: la recaudación en 2021 fue un 12,5% mayor a la de 2019. Aun así, la reactivación no ha sido igual por territorio. Las aportaciones fiscales de las empresas radicadas en Madrid, Cataluña y Asturias fueron las que experimentaron el año pasado el mayor repunte con respecto a 2020 ―también fueron entre las más cayeron en 2020―, recuperando con creces los niveles anteriores a la emergencia sanitaria. En otros territorios, como Canarias o Baleares, el indicador sigue rezagado, según el documento Declaración de Sociedades 2021 también presentado este jueves por el REAF-CGE.
Madrid y Cataluña se confirman como los motores de España. Con el 20% de los contribuyentes por el impuesto de sociedades, aportan el 65% de la recaudación. Aun así, sus cuotas líquidas muy diferentes: 13.474 y 6.427 millones, respectivamente. Madrid recauda el 44,29% del total con el 20,42% de empresas; Cataluña aporta el 21,13% del total con el 20% de las sociedades en su territorio, unas cifras que aputan a que las sociedades radicadas en la región de la capital tienen mayor tamaño.