Las entrañas de la inflación: así afectan (y benefician) las subidas de precios

Tras una subida de precios hay familias vigilando al minuto la hora a la que se pone la lavadora, consumidores comparando con celo las ofertas de los supermercados, conductores a la caza y captura de la gasolinera más barata y pasajeros desorientados en el transporte público que han dejado el coche aparcado en el garaje por primera vez en mucho tiempo. Hay también asalariados de nóminas congeladas que sufren por la pérdida de poder adquisitivo. Autónomos a los que no les sale rentable trabajar. Y empresas que ven dispararse las facturas de sus suministros. ...

Tras una subida de precios hay familias vigilando al minuto la hora a la que se pone la lavadora, consumidores comparando con celo las ofertas de los supermercados, conductores a la caza y captura de la gasolinera más barata y pasajeros desorientados en el transporte público que han dejado el coche aparcado en el garaje por primera vez en mucho tiempo. Hay también asalariados de nóminas congeladas que sufren por la pérdida de poder adquisitivo. Autónomos a los que no les sale rentable trabajar. Y empresas que ven dispararse las facturas de sus suministros. Pero aunque unas tasas cercanas a los dos dígitos son indiscutiblemente negativas para la economía, los efectos de la inflación son desiguales: las pensiones han capeado mejor el golpe hasta ahora al revalorizarse sus ingresos conforme al IPC medio anual, las compañías energéticas ven crecer sus cuentas de resultados, y los países más endeudados —entre ellos España— pueden reducir su pasivo y recaudar más impuestos.

Los hogares, expuestos a la pérdida de poder adquisitivo

La consecuencia más evidente del encarecimiento generalizado de la energía y la cesta de la compra es su impacto en el bolsillo de los ciudadanos. Ahí la casuística es variada. Desempleados y estudiantes no tienen margen para adaptarse a la subida. Y en los asalariados depende de si su convenio laboral contempla aumentos de sueldo. Hay ejemplos como el de Mercadona, que subió un 6,5% la nómina de sus más de 93.000 empleados en diciembre, lo mismo que el IPC de ese mes. Pero esa no suele ser la norma: los salarios pactados en convenio subieron de media un 2,26% hasta febrero. Y otras firmas los mantienen congelados. “O hay revisiones o habrá protestas”, augura Javier Díaz-Giménez, profesor de Economía del IESE. Para aliviar esas tensiones, el Ejecutivo está promoviendo un pacto de rentas en el que trabajadores y empresas se repartan el coste de la inflación.

Para las familias muy endeudadas que se benefician de incrementos salariales asociados a la inflación, la subida de precios es menos nociva, porque mientras que el préstamo o la hipoteca que deben devolver se mantienen intactos, sus ingresos se incrementan, con lo que cuentan con más recursos para reembolsarlos. Distinto es el caso de las hipotecas variables, a las que pueden afectar futuras subidas de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo que se contagiarían al euríbor. En cambio, los ahorradores que hayan dejado su dinero en una cuenta corriente, ven como cada mes pueden comprar menos con ese capital, dado que en un entorno de tipos bajos no reciben ninguna remuneración.

Hay otras categorías. Los hogares de bajos ingresos tienen menos margen para gastos no imprescindibles como cenar en el restaurante o ir al cine, algo que no sucede a aquellos que pueden tirar de sus ahorros sin necesidad de privarse de nada. Y en el mundo rural, el uso del coche es a veces una obligación y no una elección, lo que implica un mayor gasto en combustible que en las ciudades, donde existe la alternativa del transporte público. Olga Cantó, catedrática de Economía en la Universidad de Alcalá de Henares, lo resume así: “La inflación impacta en todos los hogares en los que sus salarios no suben, y más en los que tienen ahorros líquidos, pero los más pobres pueden tener más problemas para cubrir sus necesidades básicas”.

En la relación inquilino-propietario, el Gobierno ha intervenido para cortar incrementos que, con cotas de inflación como la registrada en marzo, del 9,8%, pondrían en riesgo la continuidad de muchas familias en sus actuales viviendas. El Ejecutivo ha limitado las subidas hasta el 2% durante tres meses.

Los pensionistas, protegidos por ahora

Los salarios públicos subieron este año un 2%. Todo lo que supere ese umbral significará una pérdida de poder adquisitivo para los funcionarios. Eso abre la puerta a presiones sindicales para elevar los sueldos, que ya en 2021 se revalorizaron solo un 0,9%, frente al incremento del 3,1% en los precios. En cambio, los pensionistas tienen vinculados sus ingresos al IPC y aunque hasta que se actualizan sus prestaciones tienen que abonar de su bolsillo los aumentos, resisten mucho mejor la crisis de precios. Aunque hay voces que advierten de que esa factura es inasumible para las arcas públicas en un contexto de alta inflación, el Ejecutivo no ha cambiado de idea por ahora.

“España es un país que protege mucho las rentas de sus pensionistas, entre otras razones porque los mayores de 50 años somos más”, sostiene Díaz-Giménez. En el fondo, explica, el malestar latente en protestas como el paro del transporte y las exigencias de agricultores, ganaderos y pescadores, parten de la misma raíz. “Todo el mundo está buscando defender su renta contra la inflación”, concluye.

Luces y sombras para empresas y autónomos

En empresas y autónomos la diferencia la marca un solo factor: si pueden repercutir o no la subida de precios al producto que ofrecen. Hay casos como el de las marcas blancas, que son más sensibles a los aumentos porque se les presupone menos valor añadido. “Si no puedes repercutirlo tienes una bajada de beneficios y te afecta a ti y a las Administraciones publicas, porque pagas menos en impuesto de sociedades”, señala Javier Fernández-Pacheco, profesor de EAE Business School y asesor financiero.

Esa realidad es la principal denuncia de agricultores que pagan más por abonos y semillas, y de ganaderos que sufren el brutal incremento de los piensos para sus animales, pero que luego no pueden trasladarlos a los precios de la cosecha y del ganado debido a un sistema que consideran discriminatorio para sus intereses. También de camioneros autónomos que han visto crecer por encima de sus ingresos la factura de combustible y las comisiones de intermediarios. Y de la industria electrointensiva, amenazada hasta el punto de efectuar paros puntuales por la subida de la luz. “Es pronto para cuantificar los impactos en ingresos y márgenes de las empresas, pero es previsible que en próximos meses veamos revisiones a la baja de los beneficios por acción”, predice Natalia Aguirre, directora de Análisis y Estrategia de Renta 4.

En el otro extremo, las firmas energéticas, como por ejemplo las dueñas de yacimientos de petróleo y de gas natural, han visto como el producto que venden se encarece mientras sus costes no cambian. Y los bancos ven acercarse las subidas de tipos de interés por parte del BCE, lo que les permite recuperar sus márgenes de intereses. Están entre las ganadoras de la inflación. No son las únicas. Como en el caso de los ciudadanos, se pueden ver beneficiadas las que tengan deuda, muchas de ellas cargadas de créditos ICO de la pandemia. “Si pueden trasladar los costes a sus precios están en mejores condiciones para devolverlos”, defiende Fernández-Pacheco.

Entre las empresas exportadoras, la clave es lo que sucede en su entorno. “Si estás vendiendo zapatos en Milán y la inflación en España es del 10% y en Italia del 7%, tus precios van a ser el 3% más caros que los de tu competidor, por lo que pierdes competitividad en los mercados internacionales”, afirma Díaz Giménez, del IESE. España está entre los países de la zona euro con una inflación más alta, por lo que es vulnerable a una pérdida de competitividad, aunque en ciertos casos se debe a cuestiones puntuales: hay más usuarios acogidos a la tarifa eléctrica regulada, que traslada los precios a diario, mientras que en otros Estados la mayoría tiene contratos a largo plazo que no sufrirán los aumentos hasta que se renueven.

La deuda pública se diluye

Cuando hay subidas generalizadas de precios, el Estado recauda más en impuestos como el IVA, ligado al consumo, o en concepto de IRPF, lo que ayuda a reducir el déficit. Además, la deuda pública se diluye con la inflación. “Ha pasado después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial y va a ocurrir en los próximos 10 años”, vaticina Ignacio de la Torre, economista jefe de Arcano.

España es uno de los países más endeudados de la UE, con unos compromisos pendientes del 118,4% del PIB a cierre de 2021, por lo que un periodo de alta inflación puede servirle para rebajarla. El Estado también puede aumentar la recaudación si las empresas aumentan los salarios empujadas por la inflación, porque habrá empleados que pasen a tramos de tributación mayores. O si las empresas mantienen los márgenes pese a elevar precios, porque sus beneficios mejoran y pagan más en impuesto de sociedades.

Sin embargo, esa tesis está repleta de incertidumbres: la inflación también puede reducir el consumo, al redirigir el dinero destinado a compras hacia el pago de facturas energéticas, y alienta las subidas de tipos de interés por parte del BCE, que de producirse elevarían la factura en intereses de la deuda. A diferencia de EE UU o Inglaterra, Fráncfort se resiste por ahora a dar ese paso, lo que beneficia a España, pero su capacidad de oponerse no es infinita, y los analistas no descartan que dé el paso a finales de este año.

Para Díaz Giménez, el balance de pros y contras se salda con claros ganadores y perdedores: “La inflación es un impuesto. Y como todos los impuestos, enriquecen al Estado y empobrecen a los contribuyentes”.