Estas son todas las medidas del Gobierno: de la rebaja de los carburantes a la subida temporal del ingreso mínimo vital

El Gobierno ha aprobado este martes el esperado paquete para dar respuesta a la crisis energética provocada por la guerra de Ucrania con ayudas de hasta 16.000 millones (6.000 millones en ayudas directas y rebajas de impuestos, y otros 10.000 millones en créditos ICO). La cuenta atrás hasta la presentación del plan —el presidente Pedro Sánchez anunció que habría un plan de choque millonario dos semanas antes— ha estado marcada por las protestas...

El Gobierno ha aprobado este martes el esperado paquete para dar respuesta a la crisis energética provocada por la guerra de Ucrania con ayudas de hasta 16.000 millones (6.000 millones en ayudas directas y rebajas de impuestos, y otros 10.000 millones en créditos ICO). La cuenta atrás hasta la presentación del plan —el presidente Pedro Sánchez anunció que habría un plan de choque millonario dos semanas antes— ha estado marcada por las protestas sociales, especialmente el paro de transportistas, que han desgastado al Ejecutivo. Sin embargo, el Gobierno de coalición trata de darle la vuelta a la situación con lo conseguido en la pasada cumbre europea y las medidas acordadas.

Entre las ayudas, destaca la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible para todos los ciudadanos, ya sean particulares o profesionales. Aunque el paquete anticrisis incluye también un límite del 2% de subida en las revisiones de los alquileres, un aumento de la cuantía del ingreso mínimo vital, la prohibición de los despidos que aleguen el incremento de los precios de la energía durante los próximos meses y la rebaja de los impuestos de la luz, entre otras. Esta es la lista de medidas que ha aprobado el Gobierno tras semanas de negociación intensa en el seno del Ejecutivo, con la oposición, los agentes sociales y los socios comunitarios.

Rebaja de los carburantes

Entre el 1 de abril y el 30 de junio habrá una bonificación mínima de 20 céntimos por cada litro de combustible para los automovilistas, ya sean particulares o profesionales. De esta cuantía, el Gobierno sufragará la rebaja de 15 céntimos y las petroleras los 5 céntimos restantes. Se habla de un mínimo de descuento porque algunas compañías han ampliado el importe que subvencionan, por ejemplo Repsol, Cepsa y BP. En el punto de venta, según recoge el decreto, se aplicará la bonificación y deberá notificarse al cliente el precio y la rebaja aplicada. El impacto presupuestario de la medida será de 1.423 millones de euros, según los cálculos del Ejecutivo.

Los productos bonificados serán la gasolina, el gasóleo A y B, el gasóleo para uso marítimo, los gases licuados de petróleo para la propulsión de vehículos, el gas natural comprimido licuado para vehículos, el gas natural licuado, el bioetanol, el biodiesel, así como las mezclas de gasolina con bioetanol o de gasóleo con biodiesel que requieran etiquetado específico, así como el aditivo AdBlue. El Ejecutivo, en un comunicado, ha detallado que los suministradores podrán solicitar mensualmente la devolución de los descuentos que implica esta rebaja y también tendrán la posibilidad de pedir un adelanto a la Agencia Tributaria. Con ello tratará de paliar la necesidad de liquidez de algunas de las compañías de menor tamaño, que trabajan con márgenes más exiguos y podrían tener problemas para adelantar el descuento.

Protección del empleo

Trabajo recupera la prohibición de los despidos objetivos, como ya hiciese durante la crisis del coronavirus, aunque en esta ocasión está limitado a las empresas que reciban algún tipo de ayuda directa contemplada en el plan de choque de respuesta a la guerra. Con esta medida, por ejemplo, las compañías no podrán justificar un despido por el aumento de la factura de la luz. De lo que sí podrán echar mano será de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) como forma de flexibilidad interna para amortiguar el golpe del impacto de la guerra. “No tendría ningún sentido destinar recursos públicos pagando salarios y cotizaciones sociales si después permitimos despedir a esas empresas”, ha defendido Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, tras el Consejo de Ministros.

Límite a la revisión del alquiler

El Ejecutivo ha incluido, tras una negociación intensa en el seno del Gobierno de coalición, un límite de subida del 2% en las revisiones de los alquileres entre el 1 de abril y el 30 de junio, aunque el plazo podría extenderse si la situación de crisis persiste. Además, se diferencian los arrendamientos entre grandes y pequeños propietarios. Sin embargo, esto no tendrá consecuencias prácticas para los inquilinos.

Subida temporal del ingreso mínimo vital

La cuantía del ingreso mínimo vital aumentará un 15% durante los próximos tres meses. En 2022, según la tabla actualizada del Ministerio de Seguridad Social, la renta va de los 491,63 euros al mes a los 1.081,59 euros, en función del tipo de unidad de convivencia. Así, el importe de la ayuda dependerá de la cuantía que le corresponda a cada beneficiario: oscilará entre los 73,74 euros y los 162,24 euros de ayuda adicional al mes entre abril y junio.

Bono social eléctrico y rebaja de impuestos de la luz

Todas las ayudas están enfocadas de alguna forma para paliar las consecuencias de la subida energética. Aunque hay dos más concretas sobre la factura de la luz: la extensión a 600.000 familias más del bono social eléctrico —llegará a los 1,9 millones de hogares—. Esto lo articula elevando el límite de renta para ser beneficiario del bono en 0,5 veces el IPREM para que más consumidores que tengan contratada la tarifa regulada se puedan beneficiar de este descuento en la factura de la luz.

Además, el Gobierno ha dado luz verde a la prórroga de la rebaja impositiva en la factura de la luz hasta el 30 de junio. Así, en este trimestre el IVA seguirá siendo del 10% para los pequeños consumidores, el impuesto especial a la electricidad se mantendrá en el 0,5% y continúa la suspensión del impuesto a la generación eléctrica.

Aplazamiento de los créditos ICO y nueva línea de avales

Economía ha impulsado la extensión del plazo de vencimiento de los préstamos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), así como el plazo de carencia en seis meses más para los sectores más afectados por la crisis desatada por la guerra de Ucrania. “Ya no es necesario que la cifra de negocio en 2020 se haya reducido más de un 30% con respecto a 2019 para poder acceder a esa ampliación de plazo”, ha asegurado Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra para Asuntos Económicos, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Además, habrá una nueva línea de avales por 10.000 millones de euros. “El objetivo es responder a las necesidades de liquidez de muchas empresas y autónomos por el encarecimiento de la energía”, ha añadido Calviño. Estos nuevos créditos se podrán conceder hasta el 31 de diciembre de este año y tendrán un periodo de carencia de 12 meses.

Ayudas por sectores

El paquete anticrisis incluye ayudas por sectores. Por un lado, se recoge una inyección pública de 362,47 millones de euros para el sector de la agricultura y la ganadería: 193,47 millones para el agrario y ganadero y 169 millones para los productores de leche. Al sector pesquero le corresponden 68,18 millones. Y a la industria que sea gran consumidora de energía se le dedican casi 490 millones: 225 millones para compensar los peajes en un 80% a 600 consumidores electrointensivos, autoriza la convocatoria de 73,6 millones para compensar los cargos de la factura eléctrica, aumenta en 65 millones las ayudas para la compensación del CO₂ y 125 millones en ayudas directas al sector (llegará a más de 1.600 empresas, de las que el 88% son pymes). Además, el Gobierno incide en que se beneficiarán también de la reducción de 20 céntimos por litro del combustible y dice que habrá otras medidas adicionales para el sector industrial, exportador y el de la cultura.

Medidas para los transportistas

Los transportistas, que han protagonizado en las últimas semanas protestas que han puesto en un breve al Ejecutivo, se beneficiará con una inyección de 1.050 millones. Ahí se incluyen los 600 millones que se calcula que le costará al Estado la rebaja en los carburantes, de la que sufragarán un descuento de 15 céntimos por litro. Los otros 450 millones se vehicularán a través de un nuevo fondo para ayudas directas a empresas de transporte de mercancías y de pasajeros, cuya cuantían varía en función del tipo de vehículo: 1.250 euros por camión, 900 euros por autobús, 500 euros por furgoneta y 300 euros por taxi, VTC o ambulancia.

Además, se acorta el plazo de devolución del impuesto sobre los hidrocarburos, que pasa de tres meses a solo un mes. Y el Gobierno se compromete a aprobar una ley que garantice a los transportistas trabajar con un precio justo, sin incurrir en pérdidas por un servicio, como ya pactó en el acuerdo con la patronal mayoritaria del sector. Se pretende que sea similar a lo que ya se ha hecho con agricultores y ganaderos con la Ley de Cadena Alimentaria.

Plan nacional de ciberseguridad

El Ejecutivo impulsa con este paquete un nuevo plan nacional de ciberseguridad, dotado con más de 1.000 millones de euros, que contempla unas 150 actuaciones esenciales. Para ello, se constituirá un centro de operaciones de ciberseguridad de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos. Y se fortalecerá la seguridad de las nuevas redes de comunicaciones 5G.

Actuaciones sobre el mercado energético

Tras la cumbre europea de la pasada semana en la que se reconoció la excepción ibérica, España y Portugal tienen que presentar en estos días a la Comisión Europea una medida excepcional y temporal de fijación de un precio de referencia del gas que se utiliza para la generación eléctrica. Será Bruselas la que tenga que dar luz verde a la modificación y se estima que todo el proceso se realice en un periodo de entre tres y cuatro semanas.

El plan de choque incluye una actualización del régimen retributivo específico de la producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. Con esto, según los cálculos del Gobierno, se conseguirá una rebaja en 2022 de cargos del sistema eléctrico de hasta el 55%, por unos 1.800 millones de euros. Además, se extiende hasta el 30 de junio el mecanismo para reducir el exceso de beneficios en el mercado eléctrico provocado por el alto precio del gas natural en los mercados internacionales. “En la firma de nuevos contratos de electricidad o actualización habría que marcar unos límites cuantitativos”, ha explicado Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Es decir, marcará un techo que no se podrá rebasar entre 67 y 70 euros. Además, se aprueban otras medidas regulatorias para fomentar y acelerar el despliegue de energías renovables, ahorro energético y para garantizar el suministro.