Del 22,86% registrado en junio del año pasado al 22,84% de diciembre. En seis meses el coste medio anual generado por pagar con una tarjeta revolving —ese peculiar tipo de plástico que se caracteriza por renovar automáticamente la parte de crédito que el consumidor reembolsa al banco cada mes y por tener cuotas de devolución reducidas— ha quedado prácticamente estable y casi tres puntos porcentuales por encima de lo que el Tribunal Supremo consideró ser el umbral para considerar usurario un tipo de interés, en una sentencia pronunciada en marzo del año pasado. Esta es la principal conclusión del último barómetro de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), del que se desprende que ese coste sigue casi invariado, pese a algunos ajustes a la baja por parte de distintas entidades, por las elevadas tarifas de emisión y renovación de estos productos.
A través de su fallo, dictado en el juicio sobre una tarjeta revolving de Wizink que aplicaba una tasa anual equivalente (TAE, es decir, el tipo de interés nominal más gastos y comisiones) del 27%, el Alto Tribunal tildó este coste de “desproporcionado y usurario”, al alejarse notablemente del 20% que el Banco de España indica como tipo de interés medio de las tarjetas. La decisión se fundamentaba en la ley de represión de usura, que en su artículo 1 establece que “será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero”. Una doctrina avalada recientemente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que, en un auto fechado el pasado 25 de marzo, señala que esta normativa no es contraria a las directivas comunitarias de protección de los consumidores.
Si la sentencia del Supremo marcó un punto de inflexión en el mercado de las revolving, a tal punto que la TAE media de estos productos se encontraba a mediados del año pasado casi tres puntos porcentuales por debajo del 25,20% registrado a finales de 2019, el descenso parece haberse frenado en seco apenas 10 meses después del pronunciamiento. De esta forma, para una financiación de 1.000 euros a 24 meses, el coste medio de los 13 principales productos del mercado estudiados por la Asufin es 229,40 euros, pero se dispara a 472,94 euros en el caso del plástico más caro y baja hasta 124,39 euros, en el caso del más barato. La TAE por sacar dinero en efectivo en cajeros automáticos con estas tarjetas llega al 27,99%.
Si bien muchas entidades han aminorado la TAE de este tipo de producto, como es el caso de la Tarjeta Wizink Oro, que ha pasado del 21,94% al 20,90%, o la han sustituido por plásticos más baratos —Bankia, por ejemplo, ha cambiado la Tarjeta Compras, con una TAE del 26,08%, por la nueva Tarjeta Flexible, al 19%—, las altas comisiones de emisión o renovación mantienen los precios medios en niveles elevados, según datos de la Asufin.
Un 10% más por el seguro
De hecho, las tarjetas revolving más caras son las que incorporan estos gastos. De esta forma, “a la Diamond Infinite de Openbank, con un 59,47% TAE, le sigue la Tarjeta Oro Después de BBVA (80 euros de comisión de renovación), con el 27,49%, y la Tarjeta Después de BBVA (la versión Classic, con 43 euros de comisión anual), con el 25,41%. En el lado contrario, se encuentra la Visa Proyecta de Abanca, con un coste casi seis veces inferior a la más cara, es decir, una TAE del 11,99%”, destacan desde la asociación.
Uno de los elementos que pueden encarecer aún más las tarjetas revolving son los seguros que cubren el impago en determinadas circunstancias, como el hecho de estar en el paro. Para una deuda de 1.000 euros a amortizar en dos años, su coste se eleva hasta un 10% más con respecto a la misma operación sin seguro. Este gasto no se incluye en la TAE, puesto que el seguro no es obligatorio. No obstante, “es habitual que esta posibilidad se destaque a la hora de contratar la tarjeta, sin que se explique debidamente su coste”, apuntan desde la Asufin.
Los resultados del estudio de la asociación se refieren a un período que precede la entrada en vigor, el pasado 2 de enero, de una orden con la que el Ministerio de Economía impone a las entidades condiciones más estrictas para la venta de tarjetas revolving. Por un lado, les impone ofrecer una información más transparente sobre su complejo funcionamiento y sus condiciones. Por el otro, el análisis de solvencia que el banco lleva a cabo para conceder estas tarjetas deben averiguar la capacidad del cliente para devolver la deuda a un interés del 25% anual. Para cualquier tipo de crédito, además, las entidades tienen que comunicar a la Central de Información de Riesgos del Banco de España (Cirbe) las operaciones que sobrepasen los 1.000 euros, 8.000 euros menos de lo que se exigía con anterioridad. Queda por ver qué consecuencias tendrá la aplicación de esta normativa en el precio de las revolving.
En cualquier caso, y en línea con otras asociaciones de consumidores, desde la Asufin desaconsejan encarecidamente la utilización de estas tarjetas para la gestión de la economía doméstica, ya que “facilitan sobremanera entrar en una espiral de deuda generadora de altos intereses”.
