Escrivá condiciona la reforma de las pensiones a la prórroga de los ERTE

El gran pacto social que el Gobierno esperaba acordar con la patronal y los sindicatos en las últimas semanas continúa sin cristalizar. Al traspié en forma de retraso de la prórroga de los ERTE, que no pudo firmarse en el Consejo de Ministros del martes ...

El gran pacto social que el Gobierno esperaba acordar con la patronal y los sindicatos en las últimas semanas continúa sin cristalizar. Al traspié en forma de retraso de la prórroga de los ERTE, que no pudo firmarse en el Consejo de Ministros del martes por el rechazo de la CEOE, se une la paralización de la primera parte de la reforma de las pensiones. Según ha confirmado EL PAÍS, José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social, ha retirado de la mesa negociadora la propuesta que contemplaba 13 tramos de cotizaciones para que los autónomos ajustasen sus ingresos reales. Ese asunto se tratará más adelante.

Los lazos que vinculan la negociación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y la reforma de las pensiones son estrechos. Tanto que la imposibilidad de sacar adelante la prórroga de un mecanismo del que en la actualidad dependen cerca de 600.000 trabajadores ha tenido una contrapartida en la negociación paralela sobre la primera parte de la modificación del sistema de pensiones, en la que el Gobierno y los agentes sociales llevan meses trabajando.

La negativa de los empresarios a aceptar la última propuesta presentada por Seguridad Social en la noche del lunes, y cuyo rechazo unánime se materializó durante la comisión ejecutiva de la CEOE que tuvo lugar el martes por la mañana —de nuevo por discrepancias en el volumen de las exoneraciones—, provocó que el Gobierno no diera el paso de aprobar una prórroga sin consenso durante el Consejo de Ministros. A pesar de que el tiempo apremia, ya que apenas restan cuatro días para que concluya el marco actual que regula los ERTE, todas las partes parecen seguras de que el acuerdo se materializará antes del lunes.

“No contemplo la posibilidad de que no haya acuerdo en el marco del diálogo social”, señaló la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, tras la conclusión de la reunión del Gabinete ministerial. Montero justificó su pronóstico alegando que todos los participantes en la negociación cuentan con el “entrenamiento, conocimiento y confianza mutua” necesarios para conseguir un acuerdo “a lo largo de las próximas horas o días”.

Ante un calendario tan ajustado, el anuncio de la prórroga de los ERTE tomará cuerpo necesariamente en un Consejo de Ministros extraordinario que se celebrará el jueves, a las 16.30, según adelantó la Cadena SER y confirmó este periódico.

“Los ERTE no están en peligro y serán renovados. El sistema de exoneraciones a las cuotas de la Seguridad Social, siendo un tema delicado, no puede ser que haga que no lleguemos a un acuerdo”, advirtió Unai Sordo, secretario general de CC OO. La ejecutiva de este sindicato acordó el martes continuar con las negociaciones en los próximos días, aunque se mantuvo firme en su voluntad de defender el mantenimiento del esquema tal y como está ahora. “No parece muy razonable que a las puertas de un verano donde cientos de miles de trabajadores de sectores como la hostelería o el turismo van a reincorporarse necesariamente porque las empresas van a tener trabajo, estas tengan exoneraciones tan altas como las que se están planteando”, añadió Sordo.

En la misma sintonía se posicionó Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de UGT, que calificó de “inaceptable” la postura de Escrivá y anunció que su grupo no firmará con el Gobierno ningún acuerdo “unilateral” que no sea rubricado por las tres partes.

Fuentes de Seguridad Social mantienen que la situación actual de la pandemia ha mejorado en comparación con la de los últimos meses y que por ello es necesario ajustar algunos matices del marco de los ERTE. “Aunque se trata de un dato meramente simbólico, informo de que ayer [por el lunes] se superó el nivel de afiliados a la Seguridad Social que había antes de la crisis de la covid. El 11 de marzo de 2020 había 19.344.258 afiliados; ayer unos 11.000 más”, tuiteó el ministro Escrivá en su cuenta personal. Su postura, contrapuesta a la de otros miembros del Gobierno como la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, es la de incentivar a las empresas con exoneraciones más altas para aquellos trabajadores que salgan del ERTE, algo a lo que se oponen la patronal —que entiende que perjudica a las empresas que sigan sin recuperar su actividad— y a los propios sindicatos.

El daño colateral del frenazo con los expedientes temporales se ha producido en otra de las negociaciones que se está llevando a cabo más intensamente en los últimos meses. La primera parte de la reforma de las pensiones —cuyos tres ejes principales tienen que ver con la adaptación de la edad real de jubilación a la edad legal, la revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC y el diseño del nuevo marco de cotizaciones por ingresos reales para los autónomos—, también se ha visto condicionada por el pulso con los agentes sociales.

Filtraciones

Al Gobierno no le gustó que se filtrasen los detalles del sistema de 13 tramos que presentó durante la última reunión con las organizaciones que representan a los más de tres millones de trabajadores por cuenta propia y que contemplaba un futuro sistema de cuotas que oscilaría entre los 90 y los 1.220 euros. Por ello, según han confirmado diversas fuentes presentes en la negociación, Escrivá ha retirado de la mesa este capítulo de la reforma, que pretende debatir al margen de los otros y más adelante.

El problema con esta otra vía también se concentra en el calendario: el cuadro que regula las prestaciones extraordinarias para este colectivo también caduca el próximo día 31. Sin embargo, igual que sucede con los ERTE, la prórroga hasta el 30 de septiembre se encuentra pendiente de que se resuelvan algunos flecos que determinan estas ayudas.

En cuanto al acceso al denominado “paro de los autónomos”, el problema se localiza en los requisitos para acceder a la prestación de los trabajadores por cuenta propia que quieran compatibilizarla con su actividad. Seguridad Social planteó en un primer boceto el endurecimiento de alguno de estos requisitos —como que la caída de los ingresos durante el segundo y el tercer trimestre de 2021 debía ser del 75% con respecto a los obtenidos durante el segundo semestre de 2019, y no del 50%— aunque tras el malestar generado en el colectivo volvió atrás.

El anuncio del gran acuerdo social que pretendía hacer el Ejecutivo para mantener la senda de optimismo establecida con el fin del estado de alarma y el acelerón en el proceso de vacunación se ha evaporado. Los malos resultados en las elecciones de Madrid siguen pesando en el Gobierno de coalición y la pequeña crisis de confianza generada con patronal y sindicatos ha generado un desgaste añadido. Con el tiempo en contra, las negociaciones se han anquilosado cuando ninguna de las dos prórrogas parecían destinadas a ello.

Retocar las exoneraciones, un dilema “casi filosófico”

A pesar de que Gobierno, sindicatos y patronal aseguran que la consumación de la que sería la quinta prórroga de los ERTE asociados a la covid desde el comienzo de la pandemia es cuestión de tiempo, lo cierto es que desde que se atascaron las negociaciones hace semanas las posturas de las partes apenas han variado. La clave de bóveda sigue siendo las exoneraciones en las cuotas de la Seguridad Social de los trabajadores que se encuentran suspendidos.

Actualmente existen tres tipos de ERTE: por impedimento, limitación y para sectores ultraprotegidos. La última propuesta enviada desde el ministerio de Seguridad Social no altera los del primer tipo (con exenciones del 90% y el 100% en función del tamaño de las empresas), pero sí rebaja las exoneraciones de los otros dos. Con una salvedad: en lo que respecta a los trabajadores que sean recuperados por empresas que se encuentren dentro de los sectores ultraprotegidos (y aquellas dependientes y de su cadena de valor), se contempla un aumento del 5% para los meses de junio y julio (pasarían del 85% actual al 90% en las menores de 50 empleados; y serían del 80% y no del 75% para las de mayor plantilla).

Este incremento contrasta con las rebajas en las exoneraciones de los trabajadores que se mantengan en el ERTE en julio, agosto y septiembre. En este tiempo, todas las empresas verían recortado el porcentaje sustancialmente: en el primer mes en un 10%, en el segundo en un 20% y en el tercero en un 30%.

Según una fuente del diálogo social, el debate entre quienes difieren en si es el incentivo fiscal o el regreso de la actividad lo que estimula la reincorporación de los trabajadores es “casi filosófico”, ya que ambas partes presentan datos que avalan su teoría.