El Gobierno rectifica la composición del órgano de control de los fondos europeos para incluir a Iglesias

El Gobierno se ha visto obligado a última hora a rectificar el proyecto de gobernanza de su plan estrella de recuperación. El malestar de Unidas Podemos porque Pablo Iglesias había quedado fuera del organismo para la gestión de las ayudas europeas, que incluía a 11 ministerios —solo uno de Unidas Podemos—, ha llevado al Gobierno a anunciar que el control quedará finalmente bajo el paraguas de todo el Consejo de Ministros. Iglesias y el presidente, Pedro Sánchez, resolvieron personalmente la situación, con una rectificación que emborrona uno de los asuntos estrella del Ejecutivo, en el que llev...

El Gobierno se ha visto obligado a última hora a rectificar el proyecto de gobernanza de su plan estrella de recuperación. El malestar de Unidas Podemos porque Pablo Iglesias había quedado fuera del organismo para la gestión de las ayudas europeas, que incluía a 11 ministerios —solo uno de Unidas Podemos—, ha llevado al Gobierno a anunciar que el control quedará finalmente bajo el paraguas de todo el Consejo de Ministros. Iglesias y el presidente, Pedro Sánchez, resolvieron personalmente la situación, con una rectificación que emborrona uno de los asuntos estrella del Ejecutivo, en el que llevaba semanas trabajando. El líder de Unidas Podemos sabía hace una semana que no estaba incluido en este núcleo duro de la gestión del fondo, y trasladó su malestar. Sánchez se comprometió a resolverlo pero en el borrador final de la gestión del plan de recuperación, de 80 páginas, seguía muy claro que él estaba fuera. Ante el revuelo causado, Sánchez lo resolvió incluyendo a todos los ministros en la gestión, algo que tiene poco sentido operativo y que no es lo que se había planteado dentro del Ejecutivo.

Según un borrador del documento realizado por la vicepresidencia que dirige Carmen Calvo, adelantado por la cadena SER y al que ha tenido acceso EL PAÍS, La Moncloa pensaba centralizar todo el control de los fondos. Sin embargo, y tras el enfado de la formación liderada por Iglesias, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que el borrador que circulaba “no era el definitivo”. “Sí puedo decir que el presidente quería que la comisión interministerial fuera el propio Consejo de Ministros”, ha querido zanjar este martes tras la reunión del Consejo de Ministros.

Este nuevo desencuentro entre los socios de la coalición, que el Ejecutivo ha querido cerrar en tiempo récord, llega mientras el Gobierno se encuentra ultimando un decreto que marcará las pautas para la petición y concesión de proyectos que se puedan acoger a las ayudas europeas. Según el borrador que Montero ha calificado de desactualizado, el Ejecutivo pensaba crear un nuevo organismo político, que lideraría el propio presidente. Según el documento, en él no estaría el vicepresidente Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos. De hecho, de los 11 ministros que iban a formar ese nuevo órgano —la comisión para la recuperación— 10 eran del sector socialista del Gobierno y solo una de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, la responsable de Trabajo.

El líder de Unidas Podemos sabía desde hace una semana que no iba a estar en este grupo y había mostrado internamente su malestar por esta decisión. Este mismo martes aún confiaba en que se pudiera rectificar, como ha sucedido rápidamente tras el Consejo de Ministros. Algo similar sucedió en el primer momento de la crisis del coronavirus, cuando Unidas Podemos quedó fuera de la gestión principal, aunque Iglesias se incorporó en la segunda etapa al corazón de las decisiones. Pero entonces no hubo una rectificación pública tan evidente.

La Moncloa había diseñado una gobernanza en la que todos los caminos conducen al presidente y a su Gabinete, con Manuel de la Rocha, responsable de la oficina económica de Sánchez, como figura clave en todos los organismos que se crean. Además del control político absoluto de los 140.000 millones de euros que llegarán de la Unión Europea, el decreto marca también un cambio radical en los procesos administrativos para evitar que la burocracia impida ejecutar correctamente ese dinero, una de las mayores preocupaciones del Gobierno en las últimas semanas, cuando se ha discutido este proyecto.

Otros países europeos, como Italia, han hecho pivotar este tipo de organismos alrededor de una figura independiente de prestigio, pero La Moncloa ha decidido que todo el control quede en manos del presidente y su equipo. Esto ha sido muy criticado por la oposición y parte de los agentes sociales. El PP, por ejemplo, reclamó que este organismo dependiera del Congreso, pero el Gobierno sostiene que lo lógico es que el control esté en manos de los ministerios que son los que van a ejecutar el gasto y con la dirección política y la supervisión del propio Gabinete del presidente.

El borrador del decreto recoge asimismo cambios importantes en la concesión de proyectos. Por ejemplo, la posibilidad de anticipar hasta un 50% de la cantidad solicitada. “Se flexibiliza la posibilidad de realizar pagos anticipados de los fondos comprometidos, con carácter previo a la ejecución y justificación de las prestaciones previstas en este tipo de negocios, pudiendo llegar hasta el 50% de la cantidad total a percibir”, explica el documento. Una cifra que podría ser mayor si se trata de algún proyecto que se considere estratégico para la economía española, los denominados Perte, que serán realizados bajo la colaboración público-privada “por la presencia de riesgos significativos que obstaculizan a la iniciativa privada”.

Estos tendrán prioridad en la tramitación y, además, podrán recibir por adelantado hasta “un límite máximo del 90% de la cantidad total a percibir correspondiente a cada anualidad”. Es decir, el Gobierno apuesta por estos proyectos y trata de impulsarlos a toda costa, incluso poniendo fondos propios. La declaración de qué proyecto se considerará Perte se realizará por acuerdo del Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, del que dependerá el registro estatal para las entidades interesadas.

Cadena de mando

Todas las decisiones colgarán de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, que preside Nadia Calviño, pero en el detalle del decreto queda claro que el control real recaerá en el equipo de Sánchez y el propio presidente, que se va a implicar a fondo en el proyecto clave del Ejecutivo para los próximos años. En el proceso se ha tratado de simplificar al máximo la burocracia de la Administración para agilizar la llegada de la ayuda a las empresas, a riesgo de perder mecanismos de control previos. En concreto, el texto recoge que se deberá dar respuesta en cinco días a los proyectos presentados.

La reducción de los plazos ha sido uno de los quebraderos de cabeza en la confección del decreto. Especialmente porque se quiere maximizar lo posible la llegada de fondos en 2021, como se recoge en el proyecto de Presupuestos. Además, la previsión de crecimiento económico depende en buena medida de estas ayudas. Por ello, se ha optado por una nueva normativa ad hoc que regule la gestión de los fondos para agilizar y flexibilizar su tramitación: “El despacho de estos expedientes gozará de prioridad respecto de cualquier otro, debiendo de pronunciarse el órgano de control en el plazo de cinco días hábiles”, todo ello “con independencia del tipo de expediente y su cuantía”, establece el borrador.

Asimismo, el texto detalla la creación de una ventanilla única donde se puedan ver todos los detalles de cómo funciona el fondo, aunque para presentar los proyectos, los interesados deberán dirigirse a los ministerios responsables de cada área. “.

Órganos de gobernanza

El borrador del decreto, sobre el que el Gobierno ha dado marcha atrás este mismo martes, establece cinco nuevos órganos de gobernanza. El principal, la Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia ya citada, de la que iban a formar parte 11 ministros. La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, presidirá esta comisión, según señala el texto, pero solo cuando no esté el presidente, que podrá participar cuando lo estime oportuno. Además estará la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera; la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; el ministro de Transportes, José Luis Ábalos; la ministra de Educación, Isabel Celaá; la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; la ministra de Industria, Reyes Maroto; el ministro de Agricultura, Luis Planas; el ministro de Ciencia, Pedro Duque; el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.

El segundo órgano de gobernanza será un Comité Técnico, quecontrolado directamente por el presidente y su equipo. También se constituirá una Unidad de Seguimiento del Plan de Recuperación en la Presidencia del Gobierno. El texto señala expresamente que “el departamento de asuntos económicos de la Presidencia del Gobierno realizará el seguimiento del plan de recuperación con objeto de mantener informado de modo directo y continuo al presidente del Gobierno”. Este es por tanto el papel clave de De la Rocha, que ya lo ha tenido en los últimos meses, ya que es el interlocutor tanto con las instituciones europeas como con las autonomías, que según señaló el presidente controlarán al menos la mitad de todo este dinero.

Este departamento también creará foros de alto nivel para asesorar al Gobierno en la ejecución del plan, un espacio para dar entrada a expertos y empresas, que será el cuarto órgano de gobernanza. Además habrá un espacio específico para que participen la patronal y los sindicatos, como se acordó la semana pasada en La Moncloa con ellos. Y, por último, se reactivará la Conferencia Sectorial de Fondos Europeos para dar participación en la gestión a las comunidades autónomas, claves en la ejecución del plan. Este órgano estará presidido por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.