El Gobierno confía en que más de 200.000 personas puedan cobrar el ingreso mínimo “inmediatamente”

El Gobierno confía en activar rápidamente su medida estrella para luchar contra la pobreza. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, espera que más de 200.000 personas puedan cobrar ya este mes de junio el Ingreso Mínimo Vital, la prestación que el Ejecutivo aprobó la semana pasada para limar las desigualdades que con el estallido de la pandemia se han hecho aún más intensas. “Creo que vamos a llegar relativamente rápido. Espero que...

El Gobierno confía en activar rápidamente su medida estrella para luchar contra la pobreza. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, espera que más de 200.000 personas puedan cobrar ya este mes de junio el Ingreso Mínimo Vital, la prestación que el Ejecutivo aprobó la semana pasada para limar las desigualdades que con el estallido de la pandemia se han hecho aún más intensas. “Creo que vamos a llegar relativamente rápido. Espero que en este mes de junio podamos ya beneficiar a unas 200.000 personas inmediatamente, incluso más”, ha dicho el ministro este miércoles durante un encuentro virtual organizado por EsadePol.

La prestación se podrá solicitar a partir del próximo 15 de junio, pero el Gobierno reconocerá de oficio la ayuda a las familias que ya tenga detectadas en cuanto beneficiarias de otras prestaciones, unos 100.000 hogares. Además, a quienes presenten su demanda durante los primeros tres meses se le reconocerá la ayuda con carácter retroactivo a partir del 1 de junio.

Según ha detallado Escrivá este miércoles, el simulador web que la Seguridad Social ha puesto a disposición para conocer si se cumplen los requisitos para acceder a la prestación recibió casi millón de visitas tan solo en las primeras 24 horas desde su puesta en marcha, el pasado 1 de junio.

De acuerdo con los cálculos del Gobierno, hay unos 850.000 hogares (unos 2,3 millones de personas) potenciales beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, que supondrá para las arcas del Estado un coste de unos 3.000 millones de euros al año. La medida, que tiene vocación estructural y será gestionada por Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) ―salvo en Navarra y País Vasco—, ya estaba contemplada en los planes del Ejecutivo de coalición, pero su diseño y puesta en marcha se hizo más urgente con el estallido de la crisis sanitaria y el parón de la actividad económica. España cuenta con una tasa de pobreza extrema más elevada que la media de la UE, un 12,4% frente al 6,9%, y en más de 120.000 hogares sin ingreso alguno viven niños.

La cantidad de la ayuda, que no es fija sino complementa los ingresos de los hogares más vulnerables, depende de la renta de cada familia y su patrimonio. Los adultos que vivan solos pueden beneficiarse de hasta 461,5 euros mensuales, y a medida de que el número de componentes del núcleo familiar crezca ―la norma distingue hasta 14 distintos tipos de hogares― el monto de la prestación puede llegar hasta los 1.015 euros.

Solapamientos y distorsiones

Escrivá ha avanzado que habrá que repensar las otras prestaciones de este tipo que ya están en marcha, tanto las autonómicas ―cuya aplicación, ha recordado, es muy dispar―, como las de la Seguridad Social. “Las comunidades autónomas van a tener que rediseñar sus rentas mínimas” para evitar solapamientos, ha avanzado el ministro. Escrivá también ha subrayado que la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital podrá suponer ahorros en los próximos años gracias a la reducción o eliminación de otras prestaciones “que no están muy bien diseñadas y no son muy modernas”, como la de hijo a cargo que hoy en día supone un gasto de 600 millones.

En cuanto a una de las principales críticas que se suelen hacer a este tipo de ayudas, relativas a los escaso incentivos que estas supuestamente ofrecen a la incorporación al mercado laboral, Escrivá ha reiterado que la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital ayudará a hacer aflorar la economía sumergida. La norma obliga a los hogares beneficiarios a presentar la declaración de la renta ―muchos de ellos no lo hacían y no había cruce de información con la Agencia Tributaria― y establece toda una serie de sanciones en caso de fraude, que llegan hasta la devolución de seis meses de ayuda y la pérdida del derecho en los casos más graves. Además, lleva aparejada la puesta en marcha de la tarjeta social digital para que exista un registro de los sociales que los ciudadanos reciben de las distintas administraciones. “Creo que estas tres dimensiones deberían posibilitar que emerja economía informal”, ha insistido.

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