India, el tigre con dientes de leche

Desde abril y hasta el 19 de mayo, uno de cada ocho habitantes del planeta tiene una cita con las urnas para decidir el futuro del país con el crecimiento más rápido de 2018, en torno al 7,1%. India, gracias a este acelerón, podría superar este mismo año al Reino Unido como la quinta mayor economía del mundo, según las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI). La fortaleza de los grandes números del gigante asiático, sin embargo, no debe llevar a conclusiones triunfalistas. Se trata de un tig...

Desde abril y hasta el 19 de mayo, uno de cada ocho habitantes del planeta tiene una cita con las urnas para decidir el futuro del país con el crecimiento más rápido de 2018, en torno al 7,1%. India, gracias a este acelerón, podría superar este mismo año al Reino Unido como la quinta mayor economía del mundo, según las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI). La fortaleza de los grandes números del gigante asiático, sin embargo, no debe llevar a conclusiones triunfalistas. Se trata de un tigre que insinúa su gran potencial, pero que aún tiene los dientes de leche. El Gobierno que surja de este maratón electoral de seis semanas tiene el reto de completar la modernización económica, además de lidiar con la herencia del ejecutivo saliente: un paro en niveles históricos y un fuerte repunte de la deuda pública.

Aunque todavía no hay datos actualizados del mercado laboral —ocultados por el Gobierno para evitar repercusiones electorales—, las cifras extraoficiales apuntan a que el desempleo podría rebasar el 6%, un nivel no visto en los últimos 50 años. Cerró 2018 con una deuda de más de un billón de euros; un 51,89% superior a la que había hace cuatro años y medio. Entonces, el país ya crecía al 7%, un dato que los expertos consideran el mínimo exigible para una nación en desarrollo con una población en rápida expansión. Durante los últimos años, la bonanza económica permitió reducir la pobreza extrema, situándola en el 13,4% de la población (el número de habitantes supera los 1.300 millones). Pero los ingresos per cápita siguen siendo muy bajos, mientras que la desigualdad aumenta y las reformas, aunque numerosas, han sido menos rotundas de lo que auguraba el Gobierno más fuerte desde 1984.

En las elecciones de 2014, la alianza encabezada por el Partido Bharatiya Janata (BJP) obtuvo la mayoría más amplia de las últimas tres décadas, avalado por el exitoso legado de su candidato, Narendra Modi, como exlíder del Gobierno regional de Gujarat. Administrado por funcionarios honestos y estimulado por familias de negocios, este próspero Estado oriental de India ya tenía numerosas fábricas y trabajos legales; a lo que Modi contribuyó eliminando trámites para nuevas empresas y modernizando las infraestructuras. Con ese crédito, el nuevo primer ministro prometió transformar el vasto subcontinente indio.

Pero una cosa es gestionar un Estado, y otra, eliminar la corrupción y formalizar la economía de un país desigual de más de 1.250 millones de habitantes. Medidas como la reducción de la burocracia, la apertura de cuentas bancarias para clases bajas o la atracción de inversión extranjera estuvieron encaminadas a esos objetivos, como lo están la ley de bancarrota y la unificación de impuestos; aunque sean reformas ya perfiladas por gobiernos anteriores. Sin embargo, al igual que sus predecesores, Modi ha evitado la compleja, pero imperiosa, reforma laboral, una ley del suelo o la privatización de empresas públicas mal administradas, mientras retrasaba la solución para el problema de los préstamos tóxicos del sistema bancario. Un balance moderado para un Gobierno con tal mayoría y cuya decisión más innovadora fue la que peores resultados tuvo.

En noviembre de 2016, Modi anunciaba por sorpresa la retirada de circulación de los billetes de 500 y 1.000 rupias, los de mayor uso y que representaban el 86% del efectivo total del país. La desmonetización de la economía, de la que solo sabían el propio primer ministro y el presidente de la reserva federal (RBI), pretendía recuperar decenas de millones no declarados que alimentaban la economía sumergida. Pero si la medida fue sorprendente, mayor asombro fue ver que un 99,3% del dinero retornó a los bancos, según un informe posterior del RBI.

“Todos los economistas coincidimos en el desastre de la desmonetización como forma de eliminar el dinero negro porque este ya no estaba en manos de la gente”, resume Abhijit Mukopadyay, profesor emérito del Centro de Observación e Investigación (ORF). Para cuando los ciudadanos depositaron su dinero en bancos, antes de que los billetes se convirtiesen en papel mojado, los ahorros no declarados ya habían sido blanqueados en acciones, oro y bienes e inmuebles. Pero la nueva moneda no se imprimió lo suficientemente rápido, dejando a millones de personas sin efectivo. Los más críticos, como el ex ministro de Finanzas P. Chidambaram, cifran las pérdidas en 29.000 millones de euros, junto al impago a 150 millones de jornaleros durante semanas y un centenar de muertos.

La desmonetización golpeó especialmente a la producción y a la construcción, sectores que acogen la mayor parte de la economía informal —junto a la agricultura—, reduciendo el crecimiento al 6,1% durante la primera mitad de 2017 y ocasionando la pérdida de, al menos, 1,5 millones de puestos de trabajo, según el Centro para el Control de la Economía India. Tras las críticas, el Gobierno justificó la medida como una forma de combatir la supuesta financiación terrorista, además de formalizar y digitalizar la economía.

Mercado negro

En un país en el que nueve de cada diez trabajadores se mueven en la economía sumergida, la desmonetización aumentó las declaraciones de impuestos en un 25% con respecto al anterior año fiscal, según las cifras oficiales. Pero como ocurre siempre en India, la conclusión sobre el alcance de ese plan depende de la estadística que se utilice. Un estudio económico registraba solo 4,5 millones de nuevos contribuyentes —solo el 1% del total—, mientras que algunos medios locales sugerían que, en realidad, el número de declaraciones que dejaron de registrarse se multiplicó por 10 debido a la fuerte caída del empleo causada por la retirada de efectivo.

La medida también provocó efectos positivos, como que los bancos abriesen 150 millones de cuentas, que, unidas a la base de datos biométrica que ya tienen 850 millones de indios (la tarjeta Aadhaar), han creado una estructura para ayudar a las familias pobres. El número personal con identificación digital permite controlar las prestaciones sociales como las raciones de alimentos; ahora gestionadas por una web gubernamental cuando antes el 40% de ellas eran vendidas en el mercado negro sin llegar a sus beneficiarios. El mismo sistema se aplica, por ejemplo, para los 140 millones de hogares que recibían subsidios del programa de bombonas de cocina, con el que el Gobierno ha ahorrado más de 1.500 millones de euros cortando su compraventa fraudulenta. “Este programa ha logrado un progreso tremendo, deteniendo las pérdidas al reducir las duplicidades y los beneficiarios falsos, mientras que los que lo necesitan reciben sus ayudas en los plazos previstos”, explica Bornali Bhandari, economista del Consejo Nacional para el Estudio de la Economía Aplicada (NCAER). “Pero hay tres desafíos principales para su ejecución: la débil red india, su infraestructura financiera y limitaciones en capacidad y coordinación”, resume esta experta.

Una de las medidas más necesitadas en India era una ley de bancarrota, aprobada finalmente en 2016. Su ausencia impedía la rápida resolución de casos de sociedades insolventes, cuyos largos procesos suponían la parálisis legal y la inmovilización de activos. La nueva norma puede ayudar a recuperar alguno de los 86.000 millones de euros que se estiman en préstamos tóxicos del sistema bancario. Aunque, al paso que se procesan los casos pendientes, tardará seis años en ponerse al día, mientras el Gobierno ya ha condonado 30.000 de esos millones en los últimos tres ejercicios.

Tan deseada como la anterior, aunque más tardía ante lo que cabía esperar en una mayoría parlamentaria como la de Modi, fue la creación de nuevos impuestos nacionales a bienes y servicios (GST); unificando en 2017 el mosaico de gravámenes estatales y centrales. “Permite la tributación del enorme sector informal, reduce costes y la doble imposición, además de simplificar un sistema de impuestos indirectos complejo”, explica el economista de ORF Aparajit Pandey, quien reconoce que el nuevo sistema impositivo no ha conseguido las metas esperadas, a pesar de que el número de firmas registradas para pagar impuestos indirectos aumentó en un 50% en los primeros meses, hasta casi 10 millones. “Además, la versión inicial del GST pretendía traer a la mayor parte de la pequeña empresa india bajo su paraguas. Pero su complejidad les puso una presión considerable para cumplir los requerimientos”.

Aunque sigue contando con un impuesto de sociedades de hasta el 30%, el Gobierno de Modi ha conseguido que India escalase 65 puestos en el ranking de países con mayores facilidades para hacer negocios del Banco Mundial. Por ejemplo, en Maharashtra, Estado que incluye Bombay —capital financiera del país—, hace cuatro años las empresas invertían 67 días y debían hacer siete gestiones administrativas para tener conexión eléctrica, lo que supuestamente se ha reducido a tres semanas y solo tres ventanillas. Pero el último informe Doing business muestra que aún se tardan 26 días y 13 trámites para iniciar un negocio, mucho más que la media de los países del sur de Asia. “India debe acelerar el desarrollo de sus cinco corredores industriales, nada estimulará más que eso”, explica la investigadora de la ORF Renita D’Souza sobre los proyectos que unirán puntos neurálgicos del país. “Hay dudas sobre el impacto real de la mejora en el índice [de hacer negocios], así como de los efectos de la campaña Make in India”, añade.

En 2014, Modi convertía el nuevo programa, Make in India, en la punta de lanza para la creación de empleo. La iniciativa busca aumentar al 25% del PIB el valor del sector industrial, donde se prometen 100 millones de trabajos para 2022. Aunque consiguió un repunte en el primer año, la participación del sector ha seguido cayendo hasta el actual 15%, según el Banco Mundial, un peso inferior al que tiene la industria en otros países asiáticos. El programa se acompaña de reformas para incentivar la necesaria inversión extranjera directa. La subida hasta el 49% del límite de la presencia de capital foráneo en el sector de Defensa ha supuesto la entrada de 511 millones en una industria —la del tercer ejército más grande del mundo— que todavía importa el 60% de su equipo. El fin de las restricciones para la entrada de capital exterior en el sector asegurador también ofrece potencial en una negocio aún por desarrollarse. En cambio, la liberalización total de la construcción, por ejemplo, originó una inversión extranjera directa de apenas el 6%; una contribución insignificante frente al crecimiento del sector.

Guerra comercial

La guerra comercial entre Estados Unidos y China ha sido una oportunidad perdida para el país. India es un aliado comercial de Pekín, que en los últimos meses ha elevado las importaciones procedentes de su vecino del sur en represalia al proteccionismo estadounidense. Por su parte, Delhi ha elevado las tarifas a productos americanos para contrarrestar la imposición aduanera de Washington, mientras que este aumentaba su inversión directa en vecinos del sureste asiático como Indonesia, Vietnam y Filipinas. “Las medidas proteccionistas no ayudan a que el sector doméstico sea competitivo. La inversión y el tamaño del sector industrial en India se pueden mejorar con reformas en los factores del mercado como el trabajo, la tierra y la eliminación del embotellamiento que hay en la red de infraestructuras”, analiza Bhandari.

Transformar India en un centro industrial requiere la compleja reforma de una legislación laboral estricta y contradictoria; en la que hasta hace poco se mantenía la última limitación para que solo pequeños negocios produjesen bienes como muebles de madera, velas o cerillas, entre otros, lo que evitaba su crecimiento y el acceso a financiación. Decenas de estas leyes hacen que pequeños negocios no progresen hacia la economía formal, lo que da como resultado que solo uno de cada 20 empleados trabajen en empresas de más de 25 personas

—en comparación con la ratio de uno de cada cuatro en China—. Por su parte, en el capítulo de infraestructuras, el levantamiento de casi todas las restricciones a la inversión en el sistema ferroviario debería impulsar el programa para trenes de alta velocidad y líneas de ferrocarril que unirán puertos con canteras y minas.

Sin embargo, tanto para el desarrollo de infraestructuras como para el crecimiento empresarial, hay que reformar la ley de adquisición de tierras. Intocable por su calado popular, la norma actual requiere la aprobación de, al menos, el 80% de los residentes de un terreno antes de comprarlo; lo que complica asignar parcelas para industrias e infraestructuras. Aunque el actual Ejecutivo aprobó su reforma en 2015, el borrador no pasó el filtro del Senado. Conociendo su impopularidad entre el campesinado, y ante la crisis del sector agrícola y de empleo, la medida dejó de ser una prioridad para Modi antes de las elecciones.

A comienzos de este año, India aprobó la propuesta de ley para garantizar un cupo del 10% en empleo y escuelas públicas para los más desfavorecidos. La medida acompaña los rumores acerca del bloqueo informativo del Gobierno sobre los datos del paro. A la espera de la última encuesta de población activa de la Oficina Nacional de Estadística (NSSO), el diario Bussines Standard ha filtrado, con fuentes de la NSSO, que el desempleo alcanza los niveles más elevados del último medio siglo, alrededor del 6,1%. “Las noticias que indican que el Gobierno no quiere publicar los datos de empleo tienen credibilidad. La razón es evitar: el daño electoral teniendo en cuenta su patética labor en cuanto a creación de empleo”, opina Renita D’Souza. Los datos del Centro para el Control de la Economía insinúan la pérdida de 11 millones de empleos en 2018. Las cifras contrastan con la promesa de Modi de crear de 10 millones de puestos de trabajo anualmente y ponen en entredicho la labor del Ministerio para el Desarrollo Empresarial, que D’Souza califica como “fracaso miserable” por la calidad del sistema educativo.

En 2015, el Gobierno de Modi ponía en marcha su plan insignia para facilitar la capacitación empresarial. Con un desembolso de 1.530 millones, el programa estaba destinado a formar a 500 millones de jóvenes para 2022, una ambiciosa cifra reducida posteriormente a 150 millones. Según la experta Bornali Bhandari, el plan de formación a corto plazo, aunque puede ayudar a encontrar empleo, “prepara de forma insuficiente a los trabajadores para los retos tecnológicos del futuro”, mientras que la formación a largo plazo está mal orientada y necesita una profunda revisión. En ambos casos, el reto supone encajar en este ecosistema a las pequeñas y medianas empresas, espina dorsal de la economía moderna india, con una contribución del 45% a la producción industrial; más del 40%, a las exportaciones, y un 8%, al PIB.

Según el estudio sobre habilidades del NCAER, la paradoja de una economía que suma al 25% de la mano de obra con enorme potencial para la producción y los servicios se debe a factores de oferta y demanda. La primera es inadecuada por la falta de profesionales capacitados, mientras que la segunda se ve lastrada por la poca flexibilidad laboral, el bajo coste del capital comparado con el trabajo y, sobre todo, la economía sumergida. La formalización de la economía iniciada por Modi mejorará la proporción de los impuestos en el PIB, estancada en el 15% desde hace décadas, lo que limita la inversión en educación y salud.

Precisamente, estos dos aspectos son esenciales para el fortalecimiento de la economía local. Amartya Sen, nobel de Economía, ha criticado al actual Gobierno por reducir los ya pobres presupuestos en educación y salud (ambos en el 3,8% del PIB) para centrarse en sectores como la defensa, con un gasto cinco veces mayor. Sin educación y salud, el futuro es incierto para los 1,25 millones de jóvenes que se unirán al mercado laboral del subcontinente cada mes en 2022. A pesar de crecer al 7,5%, una economía no es tan prometedora cuando el salario per cápita se mantiene en 1,45 euros y al mismo tiempo el club de los millonarios ha engordado con 304.000 nuevos miembros desde 2000.