Bruselas ofrece a Iberia entre 7 y 12 meses para adaptar su accionariado al Brexit duro
La compañía aérea deberá garantizar que el 51% del accionariado es europeo tras la salida de Reino Unido de la UE
La cuenta atrás del Brexit sigue avanzando y la falta de acuerdo sobre la salida del Reino Unido puede provocar una sacudida sin precedentes en el mercado aéreo español. La UE ofrecerá a Iberia y Vueling, propiedad del grupo británico IAG, un plazo de entre siete y 12 meses para reorganizar su estructura accionarial si el próximo 29 de marzo se consuma la salida del Reino Unido sin acuerdo con los socios comunitarios.
El proyecto de Reglamento para las medidas de contingencia en caso de Brexit duro ha entrado este viernes en la recta final de su tramitación. Los representantes permanent...
La cuenta atrás del Brexit sigue avanzando y la falta de acuerdo sobre la salida del Reino Unido puede provocar una sacudida sin precedentes en el mercado aéreo español. La UE ofrecerá a Iberia y Vueling, propiedad del grupo británico IAG, un plazo de entre siete y 12 meses para reorganizar su estructura accionarial si el próximo 29 de marzo se consuma la salida del Reino Unido sin acuerdo con los socios comunitarios.
El proyecto de Reglamento para las medidas de contingencia en caso de Brexit duro ha entrado este viernes en la recta final de su tramitación. Los representantes permanentes de los 28 socios europeos en Bruselas han respaldado el texto y han incluido un plazo de solo siete meses (hasta el 26 de octubre de este año) a las compañías que deben reestructurar su accionariado para poder mantener la licencia comunitaria.
Pero el Parlamento Europeo aprobó el miércoles una enmienda a ese mismo proyecto que establece un período improrrogable de un año (hasta el 30 de marzo de 2020) para llevar a cabo la reestructuración.
Las dos instituciones deberán iniciar ahora un proceso de conciliación para limar las divergencias surgidas durante la tramitación. La primera cita será el 19 de febrero y se espera un rápido acuerdo, que fijará el plazo definitivo en una horquilla de en entre siete y 12 meses.
Durante ese período, las aerolíneas deberán trabajar para garantizar que el 51% del accionariado es europeo. Es una condición que ahora sí cumplen (IAG ha decidido limitar al 47,5% el capital máximo en manos de accionistas extranjeros que no procedan de la Unión Europea), pero contando a los accionistas británicos, y con un Brexit duro perderían esa condición, ya que el capital británico se computará como extracomunitario.
Si las compañías aéreas no completaran la reestructuración en el tiempo concedido, las dos principales aerolíneas españolas se exponen a perder sus licencias de vuelo, lo cual abriría en el mercado español un tremendo hueco. Entre las dos suman casi 46 millones de viajeros al año (en 2018), más que la líder del mercado (Ryanair con 40,9 millones de pasajeros).
Dos posturas enfrentadas
La Comisión Europea y varios socios comunitarios son partidarios de ofrecer un plazo lo más corto posible, para dejar claro las diferencias entre un Brexit pactado o sin acuerdo. Bruselas quiere, además, que las aerolíneas afectadas presenten un plan de reestructuración accionarial dos semanas después del Brexit.
El Parlamento Europeo, en cambio, ha optado por una lectura más benevolente y aboga por un plazo más largo de reestructuración (hasta un año), sin calendario preciso para la presentación del plan. La enmienda parlamentaria solo señala que el plan deberá presentarse "en el plazo más breve posible".
La opción más favorable a Iberia, sin embargo, sería la firma del Acuerdo de salida del Reino Unido. Ese tratado contempla un período transitorio, hasta el 31 de diciembre de 2020, en el que las condiciones de la licencia se mantendrían intactas. El acuerdo contempla, además, la posibilidad de prorrogar la transición uno o dos años, lo que permitiría seguir operando con normalidad incluso hasta el 1 de enero de 2023.
Pero el acuerdo se encuentra bloqueado en el Parlamento británico, que lo rechazó por abrumadora mayoría el pasado mes de enero. La Cámara de los Comunes ha exigido a la primera ministra, Theresa May, que renegocie el texto para limitar la duración temporal de la llamada salvaguarda irlandesa, un compromiso que garantiza la libre circulación entre las dos partes de Irlanda pase lo que pase con el Brexit.
La amenaza del Brexit duro
Bruselas ha aceptado retomar los contactos con Londres a pesar de que dio por cerrado el acuerdo del Brexit el pasado 25 de noviembre. La UE, sin embargo, ha advertido que el texto no se puede modificar y solo ofrece cambios en la Declaración Política adjunta en la que se esboza la futura relación entre Bruselas y Londres.
Aun así, May confía en arrancar las concesiones suficientes para convencer a su Parlamento. Y planea someter el acuerdo a una nueva votación a finales de febrero. Fuentes comunitarias se temen un nuevo rechazo si la primera ministra no logra antes un acuerdo con la oposición laborista, un pacto que de momento no se vislumbra. El descarrilamiento definitivo del acuerdo abocaría a un Brexit duro que pondría en marcha una cuenta atrás muy peligrosa para Iberia.
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