Abertis perseguirá un acuerdo de indemnización con el Gobierno de Bolivia

Abertis “respeta” la decisión del Gobierno de Bolivia, que hoy ha decidido nacionalizar los tres aeropuertos que el grupo de infraestructuras controla en el país a través de su filial TBI, en la que también participa Aena con un 10%. Pero aunque asume la decisión espera que el proceso "se lleve a cabo conforme a los principios internacionales de derecho" y que se cierre con un acuerdo que determine una "compensación adecuada". La empresa pública Aena ha afirmado que asume completamente la posición de su socio Abertis, que califica de "nulo" el impacto de la nacionalización sobre sus cuentas....

Abertis “respeta” la decisión del Gobierno de Bolivia, que hoy ha decidido nacionalizar los tres aeropuertos que el grupo de infraestructuras controla en el país a través de su filial TBI, en la que también participa Aena con un 10%. Pero aunque asume la decisión espera que el proceso "se lleve a cabo conforme a los principios internacionales de derecho" y que se cierre con un acuerdo que determine una "compensación adecuada". La empresa pública Aena ha afirmado que asume completamente la posición de su socio Abertis, que califica de "nulo" el impacto de la nacionalización sobre sus cuentas.

El grupo de concesiones no descartaba que el Gobierno boliviano tomara una decidión como la anunciada hoy. Sobre todo después de que a finales de año se rompieran las negociaciones respecto a las inversiones que se tenían que efectuar en Servicios de Aeropuertos de Bolivia Sociedad Anónima (Sabsa), la filial que controla las tres instalaciones aeroportuarias.

A través de un comunicado, Abertis ha comunicado que Sabsa ha realizado un "importante esfuerzo inversor" en los últimos años, de 12,6 millones de euros entre 2005 y 2012. A esa cantidad se habrían añadido otros 38,6 millones de euros pagados en forma de canon a la Administración del país.

La explotación de los aeropuertos, para los que el Estado reclamaba más inversiones, no era tampoco del agrado de la compañía española, que había denunciado los incumplimientos del contrato por parte de Bolivia. Es por ese motivo que Abertis inició un procedimiento de arbitraje en el que reclamaba una indemnización compensatoria de 90 millones de euros, basándose en que el Gobierno no aplicó el "régimen aplicable a las tarifas por servicios de embarque y aterrizaje", que estaban congeladas desde 2003 y rebajó en 2005 "de manera arbitraria".