El porqué del paquete fiscal
La reducción de los desequilibrios avanza muy lentamente
Otra semana decisiva, esta última, en este tortuoso camino de la economía española por encontrar una vía de salida a la crisis. En ella, el Eurogrupo (los ministros de Economía de la zona euro) aprobó el MoU (Memorandum of Understanding o memorando de entendimiento), que recoge el acuerdo y las condiciones para la ayuda financiera destinada a recapitalizar el sistema bancario español; y el Ecofin (ministros de Economía y Finanzas de la UE-27) aprobó y publicó sus opiniones y recomendaciones sobre el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad presentados por el Gobierno...
Otra semana decisiva, esta última, en este tortuoso camino de la economía española por encontrar una vía de salida a la crisis. En ella, el Eurogrupo (los ministros de Economía de la zona euro) aprobó el MoU (Memorandum of Understanding o memorando de entendimiento), que recoge el acuerdo y las condiciones para la ayuda financiera destinada a recapitalizar el sistema bancario español; y el Ecofin (ministros de Economía y Finanzas de la UE-27) aprobó y publicó sus opiniones y recomendaciones sobre el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad presentados por el Gobierno en abril en cumplimiento de la normativa europea. Ambos procesos son formalmente independientes, aunque al coincidir en el tiempo todo parece que vaya en el mismo paquete derivado de las condiciones que se imponen a España al pedir la ayuda financiera. Ahora bien, aunque sean independientes, la realidad es que acaban formando un conjunto de condiciones y “recomendaciones” que se parecen mucho a las que se han impuesto a los países que han tenido que ser rescatados.
Y es que España ha llegado a una situación financiera de la que difícilmente puede salir por sí misma. Echemos un vistazo a los saldos de la balanza de pagos, excluidas las operaciones del Banco de España, en los dos últimos años y lo que conocemos de este. Aunque se ha reducido notablemente, aún seguimos teniendo un déficit importante por operaciones corrientes (comercio de bienes y servicios, rentas y transferencias). En condiciones normales este déficit se financia sin problemas por el saldo de operaciones financieras, sin que tenga que intervenir apenas el Banco de España para poner lo que falta. Así fue durante el segundo semestre de 2010 y durante el primero de 2011. Pero, desde que en julio del pasado año se recrudece la crisis de la deuda soberana europea y España pasa a estar situada en el centro del huracán, las operaciones financieras, lejos de aportar la financiación que se requiere, han registrado salidas netas de capitales por cantidades ingentes y cada vez mayores. Así, durante el segundo semestre del pasado año el déficit acumulado de toda la balanza ascendió a 106.000 millones de euros y entre enero y abril de este año, a 137.000 millones (casi el 40% del PIB de estos cuatro meses).
Hasta abril, el déficit por cuenta corriente alcanza los 137.000 millones de euros, casi el 40% del PIB
Estos “agujeros” los tuvo que financiar el BCE-Eurosistema a través del Banco de España. Es decir, los inversores están desprendiéndose de activos españoles en grandes cantidades y ya no aportan financiación nueva, originando una falta de liquidez cada vez mayor que, si no fuera por la financiación del BCE, ya nos habría obligado a pedir la ayuda financiera en toda regla. En la base de todo ello está la creciente desconfianza de los inversores en nuestra economía, provocada por el deterioro de los balances bancarios y las cuentas públicas y por la percepción de que las autoridades españolas no estaban actuando con la rapidez y contundencia requeridas.
Los inversores están desprendiéndose
La falta de progresos en el ajuste fiscal la podemos ver en uno de los gráficos adjuntos. Si hacemos una suma móvil de cuatro trimestres de las cuentas públicas, para soslayar la acusada estacionalidad que tienen los datos trimestrales y tener años completos, vemos que el déficit público siguió en el 8,5% del PIB en el primer trimestre de este año, igual que en los dos trimestres anteriores. Recordemos que el compromiso del Gobierno era situarlo en el 5,3% al final del año, objetivo tan difícil de cumplir que el Ecofin nos ha permitido elevarlo al 6,3%. Buena parte de la “culpa” del nulo avance la tiene la recesión, pero la otra parte se explica por la lentitud e insuficiencia de las decisiones de las autoridades fiscales.
Para intentar llegar al nuevo objetivo del 6,3%, el Gobierno ha adoptado el paquete de medidas fiscales conocido por todos. Esta vez parece que va en serio, aunque siguen echándose en falta medidas como una reforma en profundidad del aparato político-administrativo para aumentar su eficiencia y reducir su coste. Una cosa debemos tener todos clara: estas medidas provocarán a corto plazo una mayor recesión de la economía, pero son el camino más seguro y rápido para restablecer la confianza en nuestra economía y salir de una situación muy comprometida.
Ángel Laborda es director de coyuntura de la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS).
Inflación contenida a la espera del IVA
El indicador estrella de la semana última fue el IPC de junio. Como estaba previsto, la inflación se mantuvo en el 1,9%, aunque con movimientos al alza en algunos componentes que se compensaron con otros a la baja. El tabaco aumentó su tasa anual del 8% al 15,3%, y ello empujó al alza al IPC total en una décima porcentual. Otro tanto ocurrió con las frutas frescas. Pero estas dos décimas fueron compensadas por la disminución de la inflación anual de la energía, al caer el precio del petróleo. Como el tabaco se incluye en la inflación subyacente, esta también aumentó en algo más de una décima porcentual. Al margen de estos movimientos puntuales, se observa una reducción generalizada de las presiones inflacionistas, tanto de bienes como de servicios. Las previsiones para lo que resta del año apenas cambian, esperándose que la tasa se sitúe en el 1,7% en diciembre, si bien las mismas se verán significativamente alteradas cuando se introduzca la subida del IVA adoptada por el Gobierno.