Repsol baja en Bolsa por el temor a la nacionalización de su participada YPF
El Gobierno argentino acusa a la petrolera de abuso de posición dominante y falta de inversiones
El hecho de que a altos cargos del Gobierno argentino se les pase por la cabeza la posibilidad de reestatalizar YPF, la mayor empresa del país, cuyo control está en manos de Repsol YPF (57%), ha llevado a que la acción de la petrolera española cayera hoy en la Bolsa de Madrid. El pasado domingo el periódico ...
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El hecho de que a altos cargos del Gobierno argentino se les pase por la cabeza la posibilidad de reestatalizar YPF, la mayor empresa del país, cuyo control está en manos de Repsol YPF (57%), ha llevado a que la acción de la petrolera española cayera hoy en la Bolsa de Madrid. El pasado domingo el periódico Página/12, de línea editorial cercana al kirchnerismo, publicó que “legisladores, especialistas y también funcionarios de primera línea participan de un debate que ya incorpora, como alternativa explícita, la recuperación de una petrolera estatal y, más concretamente, la renacionalización de YPF”. A partir de esa información, la acción de la antigua petrolera estatal de Argentina, privatizada en 1993, se derrumbó ayer en la bolsa de Buenos Aires un 10,62%. El impacto ha acabado llegando hoy al papel de Repsol, que al cierre se ha dejado un 3,5% tras llegar a ceder hasta un 3,5%.
Hasta ahora ningún funcionario ha declarado con nombre y apellido que el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner evalúe la posibilidad de reestatalización, una alternativa que ha ganado adhesiones en el partido gobernante a partir de las recientes peleas con YPF y sobre todo con el accionista argentino de la petrolera, el Grupo Petersen (domina el 25% y la gestión), de la familia Eskenazi.
Se suponía que el ingreso en YPF de los Eskenazi, banqueros de confianza del fallecido expresidente Néstor Kirchner, iba a mejorar la relación del Gobierno argentino con Repsol. De hecho, desde que Petersen entró en YPF, en 2008, esta petrolera ha podido aumentar los precios de los combustibles sin las limitaciones que le imponía el Ejecutivo cuando el grupo español controlaba la gestión. Pero la luna de miel se quebró el año pasado. En 2011 Argentina tuvo que aumentar 110% las importaciones de energía para afrontar la caída en la producción de petróleo y gas. Esas compras externas deterioraron la balanza comercial del país y eso terminó repercutiendo en una pérdida de reservas del Banco Central, que las necesita tanto para evitar devaluaciones del peso como para pagar deuda pública. Así es que Fernández, después de lograr la relección en octubre pasado, ha puesto en marcha nuevos controles a la fuga de capitales, las importaciones y el giro de utilidades de multinacionales al exterior, con el objetivo de evitar la salida de divisas de Argentina.
En ese contexto, en noviembre pasado el Estado argentino, que tiene la acción de oro de YPF, pidió en el consejo de administración de esa petrolera que no repartiera sus ganancias sino que las reinvirtiera. Repsol y los Eskenazi se opusieron porque tienen un acuerdo escrito para distribuir el 90% de los dividendos, de modo que la familia argentina pueda pagar sus deudas con bancos y con la petrolera española por la compra de su parte en YPF. A Repsol tampoco le vienen mal los fondos frescos en tiempos de crisis española.
A partir de aquel desencuentro, el Gobierno inició dos investigaciones antimonopolio contra YPF por presunto abuso de posición dominante en el mercado de gasolina y en el de gasóleo para empresas de transporte subvencionadas. En este último caso, que también afecta a otras cuatro petroleras, el Ejecutivo las ha obligado ya a bajar un 30% sus precios, de modo que esas compañías subsidiadas paguen lo mismo que el resto del mercado. La semana pasada, Fernández criticó públicamente a las petroleras en Argentina, un mercado liderado por Repsol, por la baja inversión en exploración y producción. También se celebró una reunión entre funcionarios del Gobierno nacional y de las provincias, dueñas de las concesiones que se otorgan a las petroleras, para analizar este problema. Las provincias pueden rescindir los permisos para explotar yacimientos sin se incumplen los requisitos mínimos de inversión.
Pese a que el artículo del pasado domingo de Página/12 se refiere a que el enfado del Gobierno argentino puede derivar en una reestatalización, al día siguiente el ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio de Vido, publicó en el periódico Tiempo Argentino una columna de opinión en el que no menciona nada sobre esa opción. Por el contrario, identificó que “el gran desafío es poner en valor las reservas de hidrocarburos no convencionales, a precios competitivos, a partir de la reinversión de las ganancias que las compañías obtienen” en Argentina. Es decir, para De Vido, uno de los hombres fuertes del Gobierno, la intención consiste en presionar a YPF para que invierta más y ponga en marcha la producción de los últimos descubrimientos de petróleo y gas no convencionales antes de 2015, que era la fecha prevista en un principio. La prensa argentina también refiere que quizá no todos opinen como De Vido: por ejemplo, el supersecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, que es el encargado de controlar las importaciones y que en 2004 impulsó la creación de la pequeña petrolera estatal argentina Enarsa.