¿Derechos o concesiones?
Todo parece indicar que estamos en una situación de emergencia social. Rozando cinco millones de parados, sin perspectiva de que la cosa vaya a cambiar, con decenas de miles de familias pendientes de la ejecución de sus hipotecas y con el constante goteo de personas que se quedan sin prestación alguna tras agotar su subsidio de desempleo. Los meses venideros van a ser peores, ya que no hay previsiones de aumento en los ingresos fiscales, no parecen existir fundamentos para que se recupere el consumo y desde la Unión Europea no se adopta medida alguna que implique cambio en las políticas de aju...
Todo parece indicar que estamos en una situación de emergencia social. Rozando cinco millones de parados, sin perspectiva de que la cosa vaya a cambiar, con decenas de miles de familias pendientes de la ejecución de sus hipotecas y con el constante goteo de personas que se quedan sin prestación alguna tras agotar su subsidio de desempleo. Los meses venideros van a ser peores, ya que no hay previsiones de aumento en los ingresos fiscales, no parecen existir fundamentos para que se recupere el consumo y desde la Unión Europea no se adopta medida alguna que implique cambio en las políticas de ajuste del gasto. Las elecciones del 20 de noviembre no van a cambiar nada en ese escenario. En todo caso, las consecuencias pueden ser aún peores, ya que dentro de pocas semanas nos podemos encontrar con que el experimento de erosión de los derechos que padecemos en Cataluña se extienda a toda España.
De seguir así, estaríamos asistiendo a una modificación silenciosa de las bases de convivencia social pactadas
El dirigente democristiano y candidato a diputado Duran Lleida manifestó el pasado día 17 de octubre en ESADE que "el Estado de bienestar en sus actuales términos es insostenible". Propuso realizar la transición hacia una indefinida "sociedad del bienestar", en la que, por ejemplo, sin privatizar la sanidad, los poderes públicos se ocuparan más de defender el interés general y cedieran la prestación concreta de servicios a la iniciativa empresarial. Según recogen las agencias de noticias, tras insistir los asistentes para que concretara un poco más esas propuestas, Duran afirmó con desparpajo: "Si explico mis ideas, perderé las elecciones".
De hecho, ello concuerda con las polémicas manifestaciones de Boi Ruiz, consejero de Sanidad de la Generalitat, quien, recordemos, considera la salud "un bien privado que depende de cada ciudadano y no del Estado". La campaña que está impulsando la Generalitat sobre la necesaria solidaridad de la sociedad con relación al crecimiento de la pobreza entre la población catalana apunta asimismo a evitar la concentración de responsabilidades en la Administración y los presupuestos públicos. Si por una parte se pide solidaridad, por otra se acusa de manera indeterminada, como hizo Artur Mas en la entrevista con Josep Cuní, a quienes "abusan" y ayudan a "colapsar el sistema".
Todo ello parece surgir de un diseño que mezcla consecuencias de la crisis económica con postulados liberales. Y los impactos pueden ser muy significativos en el abanico de derechos sociales conseguidos tras años y años de reivindicaciones y conflictos. La constitucionalización de los derechos sociales básicos (salud, educación, pensiones y desempleo) supuso la concreción de lo que la Constitución Española recoge en su artículo 9.2: "Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad (...) sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impiden o dificultan su plenitud". Ese enunciado, recogido casi idénticamente de otras constituciones de la posguerra europea, es el fundamento de las políticas de bienestar. Un fundamento que, podemos afirmar, está claramente poniéndose en cuestión. Una persona tiene un derecho subjetivo cuando reúne los requisitos fijados por la ley que crea y regula tal derecho y las prestaciones correspondientes. Ese derecho no puede estar limitado por la existencia o no de fondos presupuestarios, ya que en ese caso no estaríamos hablando de un derecho, sino de una prestación graciable, sometida a los vaivenes de las disponibilidades y prioridades de los presupuestos que cada año se aprobaran. De seguir la vía que se apunta en las declaraciones de dirigentes de CiU y del Gobierno de la Generalitat, estaríamos asistiendo a una modificación silenciosa, pero igualmente contundente, de las bases de convivencia social pactadas.
La actual erosión de los servicios públicos serviría para que la alianza interclasista en que se fundamentaron las políticas sociales universales se fuera yendo al garete y acabáramos teniendo unos servicios públicos únicamente para aquellos que no pudieran pagarse su salud, su educación, sus fondos de pensiones. De afianzarse esa deriva, implicará un retroceso histórico de consecuencias gravísimas.
Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política de la UAB.