El líder del PSOE de Sevilla justifica las ayudas para despidos que concedió
Asegura ante cargos socialistas que no tiene nada que ver con las irregularidades
José Antonio Viera, secretario general del PSOE de Sevilla, se rodeó ayer de alcaldes, diputados y altos cargos del partido que respaldaron su gestión al frente de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía entre 2000 y 2004, cuando se concedieron más de 240 millones de euros en subvenciones públicas que investiga la policía judicial y que constituyen el grueso del escándalo de los expedientes de regulación de empleo (ERE), derivado del caso Mercasevilla. En diez años la Junta concedió 647 millones para las empresas en crisis.
El Ejecutivo andaluz ha descubierto ya que 39 p...
José Antonio Viera, secretario general del PSOE de Sevilla, se rodeó ayer de alcaldes, diputados y altos cargos del partido que respaldaron su gestión al frente de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía entre 2000 y 2004, cuando se concedieron más de 240 millones de euros en subvenciones públicas que investiga la policía judicial y que constituyen el grueso del escándalo de los expedientes de regulación de empleo (ERE), derivado del caso Mercasevilla. En diez años la Junta concedió 647 millones para las empresas en crisis.
El Ejecutivo andaluz ha descubierto ya que 39 personas que figuran en los expedientes nunca trabajaron en las empresas beneficiadas y la policía ha destapado una trama que se lucró a través de intermediarios y aseguradoras con estas falsas prejubilaciones. Mientras, el ex director general de Trabajo Javier Guerrero tildó ante la policía de "fondo de reptiles" [denominación que implica comisiones ilegales] los 647 millones destinados a prejubilaciones. Días después, Guerrero se retractó de sus declaraciones y aludió a que se refería a ayudas para "empresas en apuros".
El PP avanzó ayer la implicación de un parlamentario socialista en el caso
Ayer, Viera defendió que las ayudas fueron legales y alegó que el convenio que en 2001 firmó como consejero para dar vía libre a las subvenciones, solo buscaba agilizar los trámites, no escapar a la fiscalización: "De dinero opaco, nada de nada", afirmó. Sin embargo, la policía judicial discrepa: "Con la firma del convenio (...) se evitan los controles y la fiscalización", subraya la investigación, que sostiene en un informe que las ayudas a empresas debieron ser aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Junta y publicadas en el BOJA al superar los tres millones. Viera no aclaró ayer si el convenio contó con un informe del gabinete jurídico de la Junta.
Mientras, el PP andaluz pidió ayer la dimisión del exconsejero por conceder las ayudas y "beneficiar a un familiar" que se acogió a un ERE. Juan Pérez, cuñado de Viera, estuvo incluido en el ERE de la empresa Cuerotex tramitado en 2005, un año después de la salida de Viera. Pérez negoció el expediente como presidente del comité de empresa y se acogió a él después de 42 años como empleado de la compañía.
El PP denunció ayer que el expediente de Cuerotex contó con pólizas adicionales que dieron una "situación privilegiada" a los trabajadores. Los populares criticaron el convenio especial con la Seguridad Social incluido en el ERE para mantener las bases de cotización de los trabajadores afectados hasta el momento de su jubilación. De este modo, Pérez y otros nueve empleados percibieron un sueldo de 1.100 euros más 400 euros por este convenio especial. Diversas fuentes del sector aseguraron ayer que este tipo de expedientes "siempre" incluyen el convenio especial con la Seguridad Social, y que el caso de Cuerotex no supuso una excepción. El líder del PSOE sevillano lamentó que "nadie pagará a Juan Pérez el daño moral que le han causado".
Por otra parte, el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, avanzó que un parlamentario socialista andaluz resultará implicado en el caso: "Pasará a la historia como el diputado más breve de la historia del Parlamento", dijo, sin desvelar su identidad. Sanz se refería a Ramón Díaz, ex asesor laboral de Guerrero y que mañana jurará su cargo como parlamentario. Díaz, ex sindicalista de UGT, negoció relaciones laborales y elaboró informes para Guerrero y el exconsejero Antonio Fernández durante cuatro años en los que dispuso de un despacho si bien estaba contratado por una fundación de la consejería. "No tengo nada que ver con las pólizas. Me limité a las relaciones laborales y no negocié con las aseguradoras. No firmaba nada porque no tenía competencias", alegó Díaz.
El ex asesor laboral de Empleo alegó que se limitó a poner en contacto a los responsables de Saldauto, una de las empresas con intrusos en su ERE, con el ex director general Guerrero.