Aquí no hay quien viva

Más allá del entretenido e instructivo sainete tuiteriano de este fin de semana que nos ha dejado a muchos sin sueño y a otros sin resuello, parece que al final el PP y el PSOE han llegado a un acuerdo para rehabilitar una ley Sinde que, si me apuran, vuelve a la carga endurecida.

Perdónenme si no hago un análisis de grano fino de la propuesta, pues leo la enmienda de la concordia a uña de caballo. Parece que la intervención judicial no se aparta gran cosa de lo ya conocido, y si se aumenta, es para mejorar el tiro de la Comisión e identificar bien al titular de la web des...

Más allá del entretenido e instructivo sainete tuiteriano de este fin de semana que nos ha dejado a muchos sin sueño y a otros sin resuello, parece que al final el PP y el PSOE han llegado a un acuerdo para rehabilitar una ley Sinde que, si me apuran, vuelve a la carga endurecida.

Perdónenme si no hago un análisis de grano fino de la propuesta, pues leo la enmienda de la concordia a uña de caballo. Parece que la intervención judicial no se aparta gran cosa de lo ya conocido, y si se aumenta, es para mejorar el tiro de la Comisión e identificar bien al titular de la web desde el principio del procedimiento, obligando a los proveedores de Internet a facilitar la información, no vaya a ser que se notifique a quien no es. Porque la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual sigue teniendo competencias para la adopción de medidas para el cierre de webs o la retirada de contenidos, concretada ahora en unos plazos reducidos: 48 horas se le dan a la web "expedientada" para que retiren voluntariamente los contenidos o cinco días para hacer alegaciones. Los plazos se siguen reduciendo con respecto a cualquier otro procedimiento administrativo limitando a dos días la práctica de la prueba y a cinco las conclusiones (normalmente la práctica no tiene plazo y las alegaciones se despachan en 15 días). Tras tres días que se dan a la Comisión para que redacte la resolución, queda la intervención judicial para ejecutar el cierre.

Más de lo mismo, en fin, pero con falso autobombo de doble control judicial. Todo a cambio de una promesa de modificación del canon por parte del Gobierno que, si no me salen mal las cuentas, y conociendo el secular retraso de los desarrollos reglamentarios, acabará colocando la cuestión en la agenda del próximo Gobierno, sea este del signo que sea. Seguiremos, para todo lo demás, con juzgados colapsados y anticuados y con una Ley de Propiedad Intelectual necesitada de urgente revisión. Mientras, se salva la cara de alguien o ante alguien, haciendo otra chapuza más de la que, mucho me temo, la realidad ya se encargará de hacer lo que le dé la gana. Y así seguimos, viviendo en 13 Rue del Percebe.

Paloma Llaneza es abogada y experta en nuevas tecnologías.