Un proceso a paso lento

Tras la ruptura de la última tregua de ETA, en junio de 2007, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, decidió activar la política penitenciaria sobre los presos de la banda, paralizada desde la etapa de Antoni Asunción como director general de Instituciones Penitenciarias del tándem formado por José Luis Corcuera (Interior) y Enrique Múgica (Justicia) de principios de los años noventa.

Rubalcaba había observado que la ruptura de la tregua no solo fue traumática para la izquierda abertzale sino también para los presos de ETA, que no fueron tenidos en cuenta por la direc...

Tras la ruptura de la última tregua de ETA, en junio de 2007, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, decidió activar la política penitenciaria sobre los presos de la banda, paralizada desde la etapa de Antoni Asunción como director general de Instituciones Penitenciarias del tándem formado por José Luis Corcuera (Interior) y Enrique Múgica (Justicia) de principios de los años noventa.

Rubalcaba había observado que la ruptura de la tregua no solo fue traumática para la izquierda abertzale sino también para los presos de ETA, que no fueron tenidos en cuenta por la dirección de la banda durante el proceso ni sobre su decisión de ruptura. Al romperse la tregua, una mayoría de los alrededor de 850 presos de ETA -unos 700 en España y 150 en Francia- estaba distanciada de la dirección de la banda. Rubalcaba percibió que las cárceles eran un punto estratégico en la desactivación de ETA en su fase terminal, acorralada policialmente, internacionalmente y cuestionada por la izquierda abertzale.

No hay que olvidar que una mayoría de ETA, entre ellos sus líderes históricos, está en prisión, y algunos de ellos, como Múgica Garmendia, hacía tiempo que habían hecho pública por carta su disconformidad con la dirección de ETA. Hacia finales de 2008 Rubalcaba tomó la primera decisión al concentrar a varias decenas de presos de ETA, los que habían expresado públicamente su disconformidad con la dirección de la banda, en las cárceles de Zuera (Zaragoza) y Villabona (Asturias).

Entre ellos había, incluso, presos que habían expresado su desacuerdo en cartas públicas, como José Luis Urrusolo o Carmen Gisasola, habiendo sido expulsados de la banda.

Durante este año y medio, varias decenas de presos han renunciado públicamente al terrorismo e incluso, como es el caso de José Luis Urrusolo, han pedido perdón públicamente a las víctimas del terrorismo. Esta desafección pública ha sido premiada por Interior con beneficios penitenciarios, medidas que están teniendo algún calado en presos veteranos y casi nulo entre los jóvenes. En todo caso, marcan una división en el colectivo de presos que es beneficiosa para la lucha antiterrorista.

El principal problema que se ha presentado a esta vía, que avanza lentamente, ha sido la decisión de la izquierda abertzale de abrir un nuevo proceso pacífico y político. Numerosos presos disconformes con la política de ETA se han alineado con la propuesta de la izquierda abertzale a la espera de que un nuevo proceso les evite tener que afrontar un incómodo rechazo individual de ETA. No obstante, un indicador del cambio es que los presos que salen a la calle por beneficios penitenciarios y renuncian al terrorismo no sufren el rechazo de otros tiempos de la izquierda abertzale.