Dos pueblos de Valladolid ofrecen suelo de ediles para el silo nuclear
Castilla y León es la opción menos conflictiva para el Ejecutivo
Los dos Ayuntamientos de Valladolid que aspiran a albergar el almacén nuclear, Santervás de Campos y Melgar de Arriba, ofrecen terrenos de sus concejales, que cobrarían por ellos el triple del precio actual, según admiten los alcaldes de los dos pueblos. Además, Congosto de Valdavia (Palencia) ha propuesto unos terrenos incompatibles urbanísticamente con el almacén. Estos tres municipios son, paradójicamente, las opciones menos complicadas para el Ejecutivo -que debe decidir para el verano el emplazamiento del silo nuclear- ya que la Junta de Castilla y León no se opone a albergarlo en su terr...
Los dos Ayuntamientos de Valladolid que aspiran a albergar el almacén nuclear, Santervás de Campos y Melgar de Arriba, ofrecen terrenos de sus concejales, que cobrarían por ellos el triple del precio actual, según admiten los alcaldes de los dos pueblos. Además, Congosto de Valdavia (Palencia) ha propuesto unos terrenos incompatibles urbanísticamente con el almacén. Estos tres municipios son, paradójicamente, las opciones menos complicadas para el Ejecutivo -que debe decidir para el verano el emplazamiento del silo nuclear- ya que la Junta de Castilla y León no se opone a albergarlo en su territorio. La Generalitat catalana y la Junta de Castilla-La Mancha, por contra, sí han mostrado su oposición.
El candidato de Palencia incumple su normativa urbanística
Santervás de Campos ha ofrecido al Ministerio de Industria 74,48 hectáreas que en su mayor parte son propiedad de la empresa Rústica Los Tesos. Esta compañía pertenece a las hermanas Allúe García, una de las cuales, María del Carmen, es edil del PP y votó a favor de instalar el silo atómico en el municipio.
El Ayuntamiento, gobernado por el PP, ofrece 18.000 euros por hectárea a los propietarios si sale elegido, algo que triplica el precio de mercado. Rústica Los Tesos obtendría así 1,01 millones de euros si el Gobierno eligiera esa candidatura y la firma vendiera sus 56,1 hectáreas. Los otros terrenos son propiedad de un primo y un tío de otro concejal.
El alcalde, el popular Santiago Báez, explica que el Consistorio ofertó comprar los terrenos y que solo estos dueños acudieron. "Pagamos el triple del precio actual como rústico porque ahí se instalaría un polígono industrial. Si nadie más que ellos quiso será que el precio no era atractivo", explicó ayer por teléfono. Báez no ve problema en que los terrenos sean de una concejal y de la familia de otro: "Somos pocos y todos somos familia". El regidor explica que "en el pueblo en invierno viven 70 personas, de las cuales 50 son jubilados", y considera que el ATC es la única opción para no acabar como un pueblo fantasma. "Nos dicen que lo lógico es que el ATC vaya a un pueblo nuclear, aunque en mi opinión habría que nuclearizar nuevas zonas", concluye. Santervás aprobó la candidatura por unanimidad.
Un caso similar es el de Melgar de Arriba, también en Valladolid. Entre las 40 hectáreas que ha ofrecido hay 5,6 del concejal José Andrés García Moro y de su esposa. "Reunimos tres lotes de parcelas y el ministerio eligió la zona en la que está el terreno del concejal", afirmó el alcalde, el independiente Óscar Fernández. La cantidad que ofrece el Ayuntamiento es la misma que el de Santervás. "Se expropió para el AVE a ese precio y por eso lo hemos puesto", explica Fernández. Los dos alcaldes afirman que no existía terreno municipal fuera de la zona protegida, requisito indispensable.
La candidatura de Congosto de Valdavia también tiene pegas. Las normas urbanísticas del municipio, aprobadas en 2005, impiden "la instalación de residuos tóxicos o peligrosos, o depósitos de residuos radiactivos o nucleares".
Aunque la convocatoria para el almacén nuclear daba prioridad a los municipios nucleares (Ascó y Yebra), la oposición de la Generalitat de Cataluña y de la Junta de Castilla-La Mancha reduce sus opciones. Castilla y León es junto con Valencia (cuyo candidato es Zarra) la opción menos complicada para el Ejecutivo, ya que los Gobiernos autónomos no se oponen. El alcalde de Zarra fue expulsado del PSOE por una denuncia de corrupción y en la zona tiene intereses la familia del vicepresidente autonómico Juan Cotino.
Carlos Bravo, de Greenpeace, consideró "inmoral e inaceptable que los alcaldes que han postulado a sus municipios quieran especular con sus terrenos. Es un escándalo de especulación urbanística a costa de la salud pública y el medio ambiente de sus ciudadanos y los de la comarca".