La Xunta negocia con los Franco abrir el pazo de Meirás
Patrimonio garantiza a la familia del dictador medidas de seguridad
La Xunta confía en lograr al fin este año la apertura al público del emblemático pazo de Meirás. Sus propietarios, la familia de Francisco Franco encabezada por su única hija, Carmen, ha cambiado radicalmente de postura tras perder hasta ahora todos sus recursos judiciales. Y aunque siguen pendientes de que los tribunales atiendan su reclamación contra la declaración de monumento Bien de Interés Cultural (BIC), que da la máxima protección al singular castillo de tres torres pagado con fondos públicos y donado al dictador en plena Guerra Civil, los Franco han aceptado sentarse a negociar con la...
La Xunta confía en lograr al fin este año la apertura al público del emblemático pazo de Meirás. Sus propietarios, la familia de Francisco Franco encabezada por su única hija, Carmen, ha cambiado radicalmente de postura tras perder hasta ahora todos sus recursos judiciales. Y aunque siguen pendientes de que los tribunales atiendan su reclamación contra la declaración de monumento Bien de Interés Cultural (BIC), que da la máxima protección al singular castillo de tres torres pagado con fondos públicos y donado al dictador en plena Guerra Civil, los Franco han aceptado sentarse a negociar con la Administración para establecer un régimen de visitas, cuatro días al mes como marca la ley gallega de Patrimonio.
Hay un principio de acuerdo para mostrar las zonas públicas del palacio
Hay un principio de acuerdo con la Xunta para abrir las dependencias que no sean privadas de la propiedad enclavada en Sada (A Coruña). El Gobierno gallego se compromete "a garantizar la seguridad del pazo con los medios de los que disponga para evitar cualquier daño o alteración del patrimonio" durante los días de apertura al público.
"Ya no hay oposición, ni rechazo de la familia a abrir el pazo, sino diálogo y prudencia legítima", desveló ayer el director general del Patrimonio Cultural, José Manuel Rey Pichel, en una entrevista con Radio Coruña-Cadena Ser. Tuvo más suerte que sus antecesores nacionalistas de la Consellería de Cultura que se vieron obligados a litigar con los herederos de Franco durante dos años para inspeccionar y luego declarar BIC, en diciembre de 2008, la propiedad que fue el refugio literario de Emilia Pardo Bazán antes de convertirse durante casi 40 años en escenario estival de la dictadura.
A principios de noviembre, y tras la sentencia del Supremo que avaló la inspección que la Xunta realizó al pazo el 30 de agosto de 2007, se celebró al fin la primera reunión entre Patrimonio y el abogado de la familia Franco. Y en diciembre la dirección general le envió los planos con las partes de la propiedad que considera que, al margen de las dependencias privadas, pueden ser visitadas, como son el jardín, la biblioteca ideada por la autora de Los Pazos de Ulloa en la que se calculan que sigue unos 8.000 volúmenes que le pertenecieron.
Rey Pichel aseguró que las negociaciones avanzan "paso a paso, con prudencia y moderación" y que están dando resultados "positivos". No obstante, este mismo mes, los juristas de la Consellería de Cultura, que elaboraron un informe sobre la situación judicial del pazo ante el recurso contra su declaración BIC, se pusieron en contacto con el representante de los Franco para comunicarles que "pronto será el momento de abrir ya el pazo de Meirás al público cuatro días al mes con un procedimiento determinado", explicó el director general de Patrimonio Cultural. Confía en que ocurra este año. Pero si no es así, se aplicarán, advirtió, las sanciones que establece la ley.
Sobre la cuestión de la seguridad también hay acercamientos de posturas. Habrá que adoptar "medidas específicas", reconoció Rey Pichel, "por lo que significa la familia Franco y Meirás". Anunció que la intención de la Xunta es "dar apoyo" a los propietarios para que se garantice la seguridad de su dominio, cuestión ésta considerada "prioritaria" también por parte de la Administración.
Mientras negocian un régimen de visitas, los herederos del dictador mantienen sin embargo su recurso judicial contra la declaración de BIC que da máxima protección y obliga a abrir al público un pazo que siempre estuvo cerrado al público hasta que la Xunta, en agosto 2007 y con el aval de los tribunales, pudo cumplir su obligación de inspeccionar edificios catalogados del Patrimonio gallego. En aquella actuación, los técnicos de Cultura comprobaron el buen estado general de la propiedad, si bien alertaron de problemas y daños mal reparados tras el enigmático incendio que arrasó en 1978 parte del pazo.
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