Guipúzcoa abrirá un nuevo centro para los menores más conflictivos
La diputada Etxaniz defiende su gestión en Deba ante las críticas del Ararteko
La diputada guipuzcoana de Política Social, Maite Etxaniz, intentó ayer salir del paso ante el duro informe del Ararteko contra la gestión foral del centro para menores extranjeros de Deba y la exigencia de cambios sustanciales en el mismo que ha planetado la Fiscalía provincial. "Hacemos autocrítica todos los días" fue lo más parecido a una rectificación que se pudo escuchar en su comparecencia de ayer en la comisión correspondiente de las Juntas Generales.
Etxaniz replicó al informe del Defensor del Pueblo vasco alegando que muchos cambios en el funcionamiento del centro no quedan ref...
La diputada guipuzcoana de Política Social, Maite Etxaniz, intentó ayer salir del paso ante el duro informe del Ararteko contra la gestión foral del centro para menores extranjeros de Deba y la exigencia de cambios sustanciales en el mismo que ha planetado la Fiscalía provincial. "Hacemos autocrítica todos los días" fue lo más parecido a una rectificación que se pudo escuchar en su comparecencia de ayer en la comisión correspondiente de las Juntas Generales.
Etxaniz replicó al informe del Defensor del Pueblo vasco alegando que muchos cambios en el funcionamiento del centro no quedan reflejados en su texto. La diputada defendió la necesidad de crear un centro en el que decenas de jóvenes han denunciado después malos tratos. Luego, anunció que el centro entrará en una "nueva etapa" en la que acogerá a jóvenes con un perfil menos conflictivo. Antes cerrará unos meses por obras para acoger en condiciones adecuadas a sus nuevos inquilinos, tal y como exige la Fiscalía.
El nuevo centro para menores con conductas conflictivas -el ente foral no quiso revelar si será el habilitado en Elgeta- actuará de forma opuesta a lo ocurrido en Deba: los jóvenes podrán acceder a formación en castellano, talleres y formación social, lo que se negó en un principio a los alojados en el polémico centro. Varios menores aseguraron tras fugarse que el director del centro de Deba les había dicho que no se les iba a tramitar su documentación ni recibirían formación y que lo mejor era que les pagasen un billete para que se fueran de la provincia. Etxaniz acusó ayer a algunos de los jóvenes de intentar "manipular la realidad".
La diputada recalcó que el centro fue evolucionando sobre la marcha tras hacerse públicas las denuncias y rechazó que fuese un "centro de no retorno" para acabar con el efecto llamada que hacía de Guipúzcoa un destino predilecto para los menores inmigrantes. Entre 2005 y 2008 el número de jóvenes extranjeros tutelados por la Diputación se incrementó un 451%.
Etxaniz y su director de Infancia, José Ignacio Insausti, no aclararon en qué estado se encuentran las denuncias por malos tratos y abandono presentadas ante la Justicia. La diputada destacó en todo momento que la conflictividad se ha reducido desde que varios menores fugados de Deba dejaron la provincia. Insausti dejó sin precisar la cifra exacta de jóvenes tutelados por la Diputación a fecha de hoy -221 a principios de año y 180 en abril-.
Etxaniz quiso destacar que durante los últimos meses, siete menores han "modificado sus conductas" en Deba y han sido enviados a otros programas. "Se han conseguido éxitos", añadió.
El joven que pasó por seis ciudades
La diputada de Política Social volvió a recalcar ayer la necesidad de limitar la movilidad de los menores para poder otorgarles una atención adecuada. Un estudio realizado por la Universidad de Oviedo en 2008, encargado por la Diputación de Guipúzcoa, concluyó que cada menor había estado de media en 2,25 ciudades españolas antes de recalar en la provincia. Sólo un menor llegó directamente a Guipúzcoa tras cruzar el Estrecho y otro pasó hasta por seis ciudades hasta quedar bajo la tutela foral. "Esta forma de trasladarse está muy condicionada por la diferente aplicación en las comunidades autónomas de la normativa de protección infantil", destacó Etxaniz. El PNV ha intentado, sin éxito, que la reforma de la ley de Extranjería incluya cupos de acogida por comunidades autónomas.
La diputada sostuvo que las decenas de menores que ya no se hallan tutelados por el ente foral simplemente desaparecieron tras fugarse, por lo que la tutela cesó. Recalcó que si han seguido en la provincia viviendo en la marginalidad y cometiendo delitos para subsistir, las policías son las responsables de localizarles y llevarles ante el ente foral. La Diputación ha pedido a la Fiscalía una clarificación sobre qué hacer en estos supuestos.
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