Los chiringuitos piden 30 años de tregua

Los empresarios de chiringuitos de Andalucía han descubierto sus cartas ante la reunión que mantendrán próximamente con la Junta de Andalucía y el Gobierno central para tratar de regularizar su situación. Y quieren garantías. La Federación Andaluza de Empresarios de Playas informó ayer de que pedirá en este encuentro tripartito que el periodo de concesión de los chiringuitos para ocupar el dominio público marítimo-terrestre se amplíe a 30 años "para poder amortizar las inversiones que implican su construcción y la prestación de un servicio de calidad". En la actualidad, la Secretaría General d...

Los empresarios de chiringuitos de Andalucía han descubierto sus cartas ante la reunión que mantendrán próximamente con la Junta de Andalucía y el Gobierno central para tratar de regularizar su situación. Y quieren garantías. La Federación Andaluza de Empresarios de Playas informó ayer de que pedirá en este encuentro tripartito que el periodo de concesión de los chiringuitos para ocupar el dominio público marítimo-terrestre se amplíe a 30 años "para poder amortizar las inversiones que implican su construcción y la prestación de un servicio de calidad". En la actualidad, la Secretaría General del Mar, organismo del Ministerio de Medio Ambiente y que engloba a la antigua Dirección General de Costas, otorgaba las concesiones para estos negocios por un periodo de 15 años prorrogables por otros 15.

Además, su catálogo de reivindicaciones incluye que los sótanos y los aseos de los chiringuitos no se tengan en cuenta a la hora de computar la superficie del negocio. El reglamento que desarrolla la Ley de Costas de 1988 establece que los restaurantes de playa sólo podrán ocupar un máximo de 150 metros cuadrados, superficie ampliamente rebasada por muchos de estos negocios. La patronal de los chiringuitos, que dice estar de acuerdo con este límite de ocupación de la arena, argumenta que los sótanos son "la única estructura de anclaje y fijación de los chiringuitos contra los temporales". Respecto a los aseos públicos, servicio que los bares playeros tuvieron que instalar obligatoriamente con la ley de Costas, los empresarios no sólo pretenden que se resten del cómputo de superficie del negocio, sino que tampoco sean tenidos en cuenta a la hora de fijar el canon que los chiringuitos abonan anualmente al Estado.

En cualquier caso, la principal preocupación del sector, que, según sus datos, da empleo a unas 40.000 personas, sigue siendo poder permanecer dentro de la arena. O al menos contar con al menos un acceso, ya sea el delantero o el trasero, desde la playa. Los empresarios también pondrán sobre la mesa las autorizaciones administrativas para instalar parcelas de hamacas y sombrillas delante de los chiringuitos, de forma que éstas se distribuyan por criterios de demanda y no de estricta distancia entre negocios.